Un país generoso

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

por Carlos R. Baeza

Argentina se viene caracterizando desde hace algunos años como un país en estado de anomia, en el cual la falta de acatamiento a las instituciones se ha convertido en una constante y una de cuyas aristas más salientes es la falta de credibilidad en el funcionamiento del Poder Judicial y la consecuente actuación de gran número de sus integrantes. En este escenario resultó llamativo el retorno de Gustavo Béliz, hoy reciclado como director del  Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del BID y participando en una cumbre vinculada al G20, sin que quienes lo escuchaban parecieran recordar su pasado en estas latitudes
Béliz comenzó su recorrido en la política vernácula en calidad de Ministro del Interior de Carlos S. Menem entre 1992 y 1993, actuando a la par como ghost-writer del discurso del citado presidente. El año 2000 lo encontró formando una alianza con Domingo Cavallo, en tanto en 2003 integró el Frente para la Victoria, siendo designado por Néstor Kirchner como Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y teniendo a su cargo la embestida contra la Corte Suprema de Justicia que lograra algunas renuncias y el inconstitucional desplazamiento del Dr. Moliné O’Connor; adquiriendo notoriedad en 2004 cuando hizo pública en TV la foto de Antonio Stiuso, entonces jefe de la SIDE,  -y originando una causa penal en su contra- por lo cual se le pidiera su renuncia, radicándose en el exterior
Pero la faceta casi desconocida de Béliz  -a quien sus detractores internos llamaban “zapatitos blancos”-  fue su desacertada y reprochable actuación como Ministro en 2003 y que significó un palmario atropello del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. El hecho se originó cuando el juez Raúl Irigoyen pusiera en libertad a una persona detenida por un delito excarcelable; y como aparentemente el mismo individuo aparecería como sospechoso en un homicidio, Beliz encomendó al ex fiscal Norberto Quantín, para que se comunicara con el juez a fin que, reviendo su decisión, ordenara la recaptura, a lo que el nombrado accediera. El hecho fue de una gravedad institucional sin precedentes: un Ministro, que como tal es un mero colaborador del Ejecutivo, a quien este pone y remueve a voluntad,  decide entrometerse en una causa judicial, cabe suponer que con su asentimiento; y pretende justificar ese proceder -violatorio del art. 109 de la Constitución Nacional-  al decir que “respetando la tarea de los jueces y la investidura (¿)nosotros vamos a agotar de muy buena manera y con los requisitos legales todas las instancias para que la justicia actúe de un modo como corresponde” Sería interesante conocer cuáles habrán sido los requisitos legales que de allí en más se utilizaron para lograr ese objetivo. ¿Quizá la “democratización de la justicia”;  el manejo discrecional del Consejo de la Magistratura o la persecución y remoción de magistrados y fiscales independientes?
Luego Béliz transmite la orden a su subordinado quien luego de una larga trayectoria en la justicia no podía ignorar lo ilegal del procedimiento. Sin embargo, en lugar de rehusarse a cumplirla y, llegado el caso, renunciar y dar a conocer públicamente la presión que se pretendía ejercer, la acata mansamente. Cuesta imaginar la actitud que habría adoptado el doctor Quantín si siendo fiscal hubiera recibido una sugerencia de ese tenor. Finalmente, el juez admite que a través de la llamada de un funcionario político sea posible dejar sin efecto un fallo por él mismo dictado y fuera de los procedimientos previstos para tales casos y mansamente también acata la impropia presión. Y ello es igualmente justificado por el ex compañero de Cavallo quien, como si fuera un hecho normal, dijo que “el juez tuvo una muy buena actitud; además lo conoce desde hace muchos años al doctor Quantín, que ha trabajado 40 años en la Justicia”. Quizá el doctor Beliz y seguramente el propio juez, olvidaran la enseñanza de Quevedo cuando sostenía que “Mal puede juzgar un juez que tiene a la vista del juicio la autoridad o voluntad de su príncipe como idea de lo que ha de dictar”. 
Y para rematar tan feliz injerencia el mismo Béliz dejó entrever que esa sería la política de su cartera en adelante, cuando afirmó que “Si ello lleva a que muchos magistrados reflexionen sobre fallos que han dado y vuelvan atrás en los casos que ellos entiendan que el pedido es justificado, enhorabuena”. A buen entendedor pocas palabras: de allí en más ya no se debería perder el tiempo interponiendo recursos engorrosos y agotando tiempos procesales, cuando un pronunciamiento judicial no satisficiera al gobierno. Simplemente bastaría un llamado de algún funcionario político diciéndole al juez que dejara sin efecto su decisión y adoptara la que se le transmitiera.
Este mismo Béliz, eyectado ya del gobierno y no obstante el maltrato del que fuera objeto por parte del kirchnerismo, llegó a sostener que “Viví junto a Néstor Kirchner los 15 meses más felices de mi vida. Cuando el 25 de mayo de 2003 me designó ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos sentí que todos los sueños por los que había luchado desde mucho tiempo antes, podían hacerse realidad. Cada noche, después de trabajar 15 o 16 horas, llegaba exhausto a mi casa, casi sin ganas de comer, pero con fuerzas para decirle a mi esposa: ‘Todavía no lo puedo creer... Es posible’”.
Lo que no se puede creer es que lo reseñado no ocurrió en Macondo sino en la Argentina de la anomia, solo que la mayoría no lo quiso ver o miró para otro lado cuando oportunamente lo denunciáramos. Hoy, en un país sin memoria, personajes de esta laya vienen a darnos cátedra arropados por organismos internacionales de dudosa moralidad y creyendo que desde ese sitial pueden borrar su lamentable paso por nuestra política.

Carlos R. Baeza es abogado constitucionalista.