Los ambientalistas resisten

Redacción de La Nueva.

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por Ivan Couronne

Donald Trump busca acabar con  las reglamentaciones medioambientales que heredó del gobierno de  Barack Obama. Pero aún así los partidarios del acuerdo de París,  del que Estados Unidos ha sido el único en retirarse, creen que el  país cumplirá sus objetivos de reducción de gases de efecto  invernadero.
La última ofensiva apunta a las estrictas reglamentaciones  decretadas en 2012 por la administración Obama sobre el consumo de  combustibles y la contaminación que producen los vehículos  vendidos en Estados Unidos. Según el New York Times, la Agencia de  Protección Ambiental (EPA), dirigida por quien es considerado  amigo de las energías fósiles, Scott Pruitt, va a proponer  formalmente revertir esas normas.
Esa acción se suma a otra lanzada por la misma EPA para anular  la dura reglamentación sobre las centrales eléctricas, el Plan de  Energía Limpia. Ya impugnado, el plan, pilar de la política  climática de Obama, debía aplicarse en 2022 y habría llevado al  cierre de numerosas centrales de carbón muy contaminantes. El  gobierno de Trump quiere enterrarlo.
Esas reglamentaciones son partes clave del compromiso asumido  por Obama en 2015 para reducir las emisiones de gas de efecto  invernadero estadounidenses. El objetivo que se había fijado,  comparado con el de la Unión Europea, era bastante modesto. Pero  sin estas herramientas está claramente en peligro.
Sin embargo, Estados Unidos es un país descentralizado y  políticamente dividido. Y estados como California y Nueva York son  gobernados por demócratas aterrados por la visión climática del  presidente republicano. Es por eso que incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su “esperanza” de que Estados Unidos cumpla  con sus compromisos, a pesar de la hostilidad del gobierno  federal.
Veinte de sus 50 estados, un centenar de ciudades y un millar  de empresas ya han cumplido con sus objetivos de reducción de  gases de efecto invernadero, según Americas Pledge, una iniciativa  lanzada por el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg y el  gobernador de California, Jerry Brown.
Solo California emite una cantidad similar de gases de efecto  invernadero a Francia, y se ha fijado unos objetivos de reducción  tan ambiciosos como los de la Unión Europea hasta 2030 (-40%  respecto a 1990).
Pero la gran pregunta es si esas jurisdicciones, por más  voluntad que tengan, podrán sustituir por completo al Estado  federal.
“No es imposible, pero es improbable que Estados Unidos pueda  alcanzar sus objetivos sin una acción federal”, dice a la AFP Marc Hafstead, economista del instituto Resources for the Future.
Según Americas Pledge, los estados y ciudades que apoyan el  acuerdo de París representan 35% de las emisiones del país. El más  contaminador, Texas, no forma parte del grupo.
Las jurisdicciones no federales solo podrían alcanzar la mitad  del objetivo original, estimó en un informe en septiembre pasado  el NewClimate Institute.
Una cifra más precisa será publicada por Americas Pledge en  septiembre durante la Cumbre Mundial sobre Acción Climática en San Francisco. Por ahora, advierte Michelle Manion, una de las economistas  principales de ese informe, “si se mira solo el compromiso de  estados y ciudades, no se logrará el objetivo”.
“Vamos en la dirección correcta, pero no puedo decir cuál será  el número en 2025”, agrega a la AFP la experta del World Resources  Institute, previendo que las innovaciones tecnológicas podrían  cambiar completamente los datos.
Nadie imaginaba, hace unos 10 años, que las fuentes de gas  natural caerían tanto como lo han hecho, recuerda. O que el costo  de los paneles solares bajaría 70% en siete años.
Lo que cuenta, según Manion, es que los estados continúen  motivando el paso a una economía de bajo carbono, sea mediante la  instalación de estaciones de recarga eléctrica o por nuevas normas  de construcción.
Un buen ejemplo, dice la experta, es el caso de las normas  ambientalistas para los vehículos que el gobierno de Trump quiere  suavizar. Si California y los diez estados del noreste del país,  que representan un 40% de la circulación de vehículos ligeros,  continúan fijando sus propias reglamentaciones más estrictas, es  probable que los fabricantes de automóviles se resignen a seguir  las normas más severas, en vez de diseñar dos tipos de vehículos  para el mercado estadounidense.

Ivan Couronne es periodista de AFP-NA.