La OA seguirá en manos del oficialismo

Eugenio Paillet

   El dato merodeó el acto que se realizó esta mañana en el Salón de los Escudos del ministerio del Interior: la Oficina Anticorrupción (OA) seguirá en manos del oficialismo, en este caso de la macrista Laura Alonso. La información, que surgió de fuentes directas de ese organismo de control, no es menor, Y supone por anticipado un freno a una intención que había comenzado a alumbrar en algunos despachos de la Unión Cívica Radical, uno de los socios de Cambiemos junto a la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Esto es, que la OA sea comandada por un dirigente de la oposición y no del oficialismo, tal como por ejemplo ocurre con la Auditoría General de la Nación.

   "Ese no fue nunca un planteo orgánico del radicalismo, sino la expresión de deseo de algunos de sus dirigentes, pero no está previsto ningún cambio, la Oficina Anticorrupción seguirá en manos del oficialismo", dijo una alta fuente que conoce esos enjuagues. Fue en el marco del seminario que encabezó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, denominado "Financiamiento Político en Argentina: Diagnóstico y Desafíos", del que participaron representes de la OCDE, CIPPEC, Transparencia Internacional, legisladores nacionales y provinciales.

   Alonso estuvo entre los funcionarios invitados a ese encuentro, y a su lado dijeron que cuenta con "el más absoluto respaldo" para llevar adelante su labor en la OA tanto del presidente Mauricio Macri como del Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

   Alonso quedó en la mira de la oposición, en especial del Frente para la Victoria, ante el crecimiento en los medios de los casos de Valentín Díaz Gilligan, subsecretario General de la Presidencia que fue separado del cargo por no haber declarado una cuenta en Andorra, y del ministro de Finanzas, Luis Caputo, por presuntas incompatibilidades a raíz de su participación accionaria en cuentas offshore.

   El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, en su denuncia penal contra Díaz Gilligan ante el juez Claudio Bonadío, calificó a Alonso como "ultramacrista" y dijo que era "una verguenza" que el presidente la mantenga al frente de un organismo que debe controlar la transparencia en los actos del gobierno de turno y de sus funcionarios.

   En medio de esos forcejeos, el radicalismo se ocupó del tema y tomó posición durante el encuentro que la cúpula del partido mantuvo la semana pasada en el Hotel Savoy. Allí surgió la idea de generar una señal de absoluta transparencia a la sociedad en medio de los cuestionamientos a Alonso, y ofrecerle el cargo a un dirigente de la primera mayoría parlamentaria en el Congreso. Algunas voces le adjudicaron al jefe del interbloque de Diputados, Mario Negri, parte de la autoría de esa propuesta.

   En el seno del macrismo de paladar negro descartaron de plano la estrategia, dato que corroboraron esta mañana durante aquel acto en el ministerio del Interior allegados a la titular de la Oficina Anticorrupción.

   Negri, según todos los indicios, no se quedó en aquella propuesta fallida. Ahora acaba de presentar un proyecto de ley que propicia modificar la Ley de Ética Pública, para que la Oficina Anticorrupción emita dictámenes previos a la asunción de los funcionarios designados, y no como ocurre actualmente que ese organismo actúa detrás de los acontecimientos, es decir una vez que se hizo pública alguna irregularidad en los papeles de quienes ingresan a la administración pública.

   Se trataría, dicen al lado de Negri, una suerte de "scanner" previo al ingreso de los funcionarios postulados para evitar pagar costos políticos como el radicalismo cree que se termina pagando por casos como los de Díaz Gilligan y también de Caputo. Ambos, es cierto, siguen bajo la mirada de la OA.