Trata: definen la situación procesal de un detenido
En un campo arrendado por el imputado Manuel Sánchez Reyes, los investigadores rescataron a menores y adultos que trabajaban precariamente. Interviene el juez Walter López da Silva.
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El juez federal Walter Ezequiel López da Silva deberá resolver en los próximos días la situación procesal de un sujeto de nacionalidad boliviana detenido hace dos semanas, en el marco de una causa por trata de personas con fines de explotación laboral agravada en un campo de esta zona, donde funcionarios policiales y judiciales rescataron a cinco menores de edad con heridas en sus manos y cuatro adultos.
El imputado es Manuel Sánchez Reyes (52), quien brindó una ampliación de su declaración indagatoria ante el doctor López da Silva, en la que afirmó que los chicos de entre 10 y 15 años hallados en un establecimiento rural ubicado en inmediaciones de General Daniel Cerri, “tienen las manos lastimadas y gastadas de jugar y trepar arboles, y no por trabajar” ilegalmente allí, tal como se denunció.
Según agregó el acusado durante la diligencia judicial, los niños “de hecho asisten a un colegio de la zona”, a modo de desacreditar la denuncia en su contra.
Sánchez Reyes declaró también que algunos de los trabajadores rescatados son familiares suyos procedentes de Bolivia.
“El detenido ofreció como testigos a unos chacareros de la región de quienes suministró sus identidades y aportó los números de teléfonos de una maestra rural para que declare”, informó el titular del juzgado federal Nº 1 de esta ciudad.
“De modo que aportó bastante prueba y ahora estamos evacuando sus citas para determinar si hay cuestiones que son ciertas o no antes de resolver si lo proceso o no. Hizo un descargo extenso; relató la relación con su hija y dijo que está separado”, acotó.
Además de trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de las nueve personas halladas en el predio, a Sánchez Reyes se le atribuye el delito de tenencia de tres armas de fuego aptas para el disparo sin la debida autorización legal.
También se lo imputó de “promocionar y facilitar la permanencia ilegal de extranjeros” en nuestro país, ilícito tipificado en la ley de Migraciones (25.871).
“Él está radicado en la Argentina regularmente, pero no las personas que estaban trabajando en ese campo. Ellas ingresaron en el país como turistas con algún permiso por 72 horas, y se quedaron acá”, manifestó López da Silva.
De acuerdo con lo informado por el magistrado, el causante asesorado por el defensor particular Leandro Aparicio se había negado a declarar en una primera instancia.
“Sánchez Reyes alquila los campos donde se realizaron los allanamientos y es el responsable de su explotación. Tenía a su cargo a las personas rescatadas”, finalizó el entrevistado.
Denuncia anónima en AFIP
El hecho se descubrió tras una denuncia anónima al área de Seguridad Social de la AFIP, informando que en una quinta situada en la zona de Colonia La Merced había personas trabajando en condiciones precarias y de hacinamiento y sin servicios básicos.
La justicia inició una investigación y por pedido del fiscal federal Antonio Castaño a principio de mes se allanó un campo emplazado en el kilómetro 708 de la ruta 3 sur.
El doctor Castaño explicó que el juez interviniente cuenta con 10 días a partir de la indagatoria para resolver la situación procesal de Sánchez Reyes, que está alojado en la delegación local de la Policía Federal.
Ley de Migraciones
Artículo 117. “Será reprimido con prisión o reclusión de uno a seis años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio”.
Patagones. El doctor Castaño pidió elevar a juicio otra causa por explotación laboral contra tres mayores y un menor de edad en un comercio de Carmen de Patagones. Por el hecho la justicia procesó a una pareja de bolivianos conformada por Edu Santiago Amaru Condori (40), y Carmen Lurdes Alanoca Canaviri (33). Al hombre se le dictó la prisión preventiva y la mujer está en libertad.
Problemática. La doctora María Alejandra Mángano, fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, indicó que la justicia federal bahiense instruye más de 30 causas de trata sexual y laboral.