UOCRA: “No tuvieron beneficio por esos pagos”

Redacción de La Nueva.

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   “El cohecho es un pacto venal mediante el cual ambas partes obtienen un beneficio de esa situación, pero en este caso fueron víctimas de extorsión y no tuvieron beneficio por esos pagos”.
   De esa forma se refirió el fiscal Gustavo Zorzano a la situación de los empresarios en el marco de la causa en la que investiga a la cúpula de la UOCRA bahiense por asociación ilícita y extorsión, entre otros delitos.
   En este sentido, días atrás el intendente municipal Héctor Gay señaló que se debía investigar si algún empresario podría estar vinculado. 
   Inclusive, el interventor de la seccional local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Ricardo Rodríguez, manifestó que “si alguien recibe es porque otro da”, en referencia a la entrega de dinero por parte de responsables de firmas del sector a dirigentes del gremio para garantizar el desarrollo normal de obras.
   El titular de la UFIJ Nº 10 aclaró que la causa no tiene vinculación con el delito de cohecho (coima), “porque esa figura exige que haya un particular que paga y un funcionario público que cobra”.
   “Ellos (por los empresarios) decían que solamente querían que los dejaran trabajar porque (si se negaban a pagar) los dirigentes de la UOCRA les hacían asambleas y les paralizaban las obras, entonces no podían cumplir los plazos y eso les generaba gastos extras por multas y dificultades para lograr contrataciones en el futuro”, continuó diciendo.
   El representante del Ministerio Público consideró que accedían a pagar por un “temor reverencial” que “limitaba sus posibilidades de decisión”.

Más de 20 damnificados

   En la causa por “asociación ilícita, extorsión, amenazas, daños, coacción y resistencia a la autoridad”, Zorzano investiga 44 hechos en perjuicio de más de 20 empresarios de Bahía Blanca y la zona.

   "La característica común en esta causa es que nadie tuvo soltura para declarar por temor", aseguró el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10.
   El fiscal acusó a los detenidos Humberto Arnaldo Monteros y José Bernardo Burgos, líderes de la delegación bahiense de la UOCRA, como coautores de 28 y 30 casos de "asociación ilícita en calidad de jefes y extorsión reiterada", respectivamente. En tanto, a Burgos se le imputó un hecho más como autor.
   Por otra parte, la fiscalía les atribuye los mismos delitos, aunque en calidad de integrantes, a Pablo David Gutiérrez, Nelson Damián Cabrera, Carlos Ariel Carrillo, Mario Matías González, Raúl Ernesto Erbín, Sergio Daniel Vázquez, Aníbal Alejandro Aranda, David Ezequiel Muñoz, Sebastián Octavio Canales, Guillermo Esteban Molina y Walter Rafael Paiz.
   Fuentes allegadas a las investigación indicaron que para los próximos días está prevista la toma de más declaraciones testimoniales y el pedido de nuevas diligencias procesales, aunque prefirieron no brindar detalles al respecto.
   Por otro lado, el fiscal Zorzano se encuentra elaborando los pedidos de prisión preventiva para los detenidos, quienes, en caso de pedir una prórroga, deberán ser elevados a la justicia de Garantías los primeros días del mes de febrero.
   “El delito de asociación ilícita prevé penas de 3 a 10 años de prisión. En el caso de los jefes (por Monteros y Burgos), las sanciones van de 5 a 10 años. La extorsión, de 5 a 10 años de cárcel”, señaló.
   De la misma forma, admitió que podría haber más imputados en la causa.
   “Algunos empresarios sufrieron más de un apriete para que pagaran por mes, independientemente de las sumas que debían entregar por determinadas obras. También son víctimas aquellos que conformaban una UTE (Unión Transitoria de Empresas)”, detalló.
   “Hubo un caso muy particular en el que (los sindicalistas) no sólo pidieron dinero sino que también exigieron la pavimentación y la construcción de badenes y cordones en el predio de la UOCRA. Esas obras las hicieron cuatro empresas viales locales que sufrieron aprietes, y costaron entre 1,5 y 2 millones de pesos”, añadió.
   “Una de las víctimas contó que lo llamó Burgos o Monteros y lo increpó porque esos trabajos no se habían iniciado”, finalizó.

Hallazgo de documentación

   Los instructores de la UFIJ Nº 10 analizarán la documentación perteneciente a la UOCRA que efectivos de la comisaría Segunda secuestraron anteayer en las aguas del arroyo Napostá, debajo del denominado puente Canesa.
   Los policías llegaron hasta ese sector del camino La Carrindanga tras llamados alertando sobre la presencia de cajas y folios con papeles en el curso de agua, que tenían el logo correspondiente al gremio.
   De inmediato los uniformados se comunicaron con autoridades de la fiscalía que investiga la causa por asociación ilícita y extorsión, que ordenaron el secuestro, la toma de declaraciones testimoniales y el envío de los elementos incautados.