Según el fiscal, la cúpula de la UOCRA venía pidiendo plata desde 2006

Redacción de La Nueva.

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   Una aparente inspección, la exigencia de documentación y medidas de seguridad para los trabajadores, y finalmente el pedido de dinero y la imposición de convenios a cambio de no paralizar o entorpecer el ritmo de la obra.

   Esa era la forma, según el fiscal Gustavo Zorzano, en la que actuaban los dirigentes gremiales de la UOCRA para amedrentar y coaccionar a empresarios.

   “Es una asociación ilícita que actuaba tras el velo de una actividad gremial”, dijo el titular de la UFIJ Nº 10, quien agregó que, según algunas declaraciones, esta práctica se habría extendido durante una década.

   “Hay manifestaciones que del año 2006 o 2007 ya venían poniendo plata”.

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   Zorzano sostuvo que las 11 personas detenidas más los tres prófugos formaban parte de una organización delictiva, en la que “tenían roles y jerarquías diferentes”.

   El fiscal ubicó a Humberto Monteros y José Burgos en los planos principales.

   “Se dedicaban a pedir dinero espurio, exigir la contratación de empresas de su grupo familiar y suscribir convenios laborales que no son los establecidos para el sector, es decir, un manejo contrario a las leyes que constituyen supuestos de extorsión y otros delitos como coacciones, amenazas y daño”.

   El funcionario agregó: “Iban a la obra  y realizaban una supuesta inspección, exigiendo información respecto de los trabajadores, del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y demás. Le requerían al empresario que presentara la documentación en la sede de la UOCRA, donde en esa reunión todo ese requerimiento de información pasaba a ser secundario y a partir de ahí lo trascendente era el pedido de dinero”.

   Explicó que a algunas empresas les “pedían plata todos los meses y si hacían alguna obra les solicitaban también en relación a ese trabajo”.

   Zorzano calificó a la causa como “particular”, ya que se inició de oficio por disposición del fiscal general Juan Pablo Fernández, a partir de manifestaciones públicas de funcionarios y empresarios del sector.

   “En un principio era un dossier de información periodística, por lo que no teníamos elementos de prueba y se comenzó a trabajar para identificar a los damnificados. Los primeros testigos pertenecieron a la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Industrial. De esa forma se citó a las víctimas y se consiguieron más de 60 declaraciones testimoniales”.

   “En poco más de tres meses se hizo un trabajo muy fuerte y debo destacar la tarea de las secretarias de la fiscalía, Cecilia Valera y María Rosa Giacomich”, finalizó.