OTRAS VOCES

La hora de los fracasados

23/9/2017 | 08:12 | Escribe Carlos R. Baeza

“Lo mismo un burro, / que un gran profesor, / no hay aplazaos ni escalafón: / los ignorantes nos han igualao.” (Cambalache, de Enrique Santos Discépolo)

Frente al anuncio del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de implementar un nuevo plan de estudio para el nivel secundario, la respuesta por parte de los alumnos ha sido la toma de numerosos colegios, impidiendo de ese modo el normal dictado de las clases.

No es la primera vez que esto sucede, pero en este caso hay algunas aristas particulares que es conveniente señalar.

Básicamente el nuevo esquema prevé que los 2 primeros años sean de ciclo básico; los 2 siguientes orientados al interés que presente el alumno y el último destinado a prácticas laborales en los ámbitos públicos o privados bajo supervisión de un tutor.

Este último aspecto es el que ha motivado la toma de los colegios, pues se sostiene que con ello se pretende proveer de mano de obra gratis al sistema capitalista.

Cabe señalar que estas modificaciones regirían a partir de 2018 y que aún deben ser debatidas por los órganos pertinentes y ser aprobadas por el Consejo Federal Educativo.

En lo que hace al eje del cuestionamiento, debe recordarse que estas prácticas ya se encuentran vigentes con carácter voluntario para los dos últimos años del nivel secundario y que igualmente se han implementado con éxito en escuelas técnicas como las Raggio, así como en escuelas y universidades privadas tanto nacionales como pertenecientes a los países más desarrollados del mundo.

Pero cualquiera sea la opinión en torno a la eficiencia del sistema, ello no justifica la toma de colegios que se está llevando a cabo y en la cual son varios los actores involucrados.

En primer lugar, los mismos alumnos que han ocupado los colegios, quienes, por estar formándose desde el punto de vista educativo, no se encuentran en condiciones de debatir los planes elaborados por especialistas en pedagogía y cuyos destinatarios son precisamente quienes los cuestionan, dado que la posición que ocupan en la relación de enseñanza-aprendizaje les impide valorar adecuadamente el alcance de las nuevas normas.

Es como se pretendió hacer en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur mediante una encuesta anónima a los estudiantes en la que la primera pregunta era cómo evaluaban los conocimientos de sus profesores…

Tanto las recientes pruebas PISA como la “Aprender” han revelado que la mitad de los alumnos de quinto y sexto año de la escuela secundaria no comprenden textos básicos, en tanto que el 70 por ciento no puede resolver problemas matemáticos sencillos; siendo que más del 50 por ciento de quienes cursan la secundaria no completan el ciclo, en tanto solamente se gradúan en las universidades estatales el 23 por ciento de los inscriptos.

Es evidente que, si los alumnos son incapaces de comprender textos sencillos, menos aún pueden estar en condiciones de debatir sobre programas de enseñanza en los que no tienen arte ni parte, pues la elaboración, evaluación y aplicación le compete exclusivamente al Estado.

En la Argentina de la anomia y al socaire de la premisa progresista de “no judicializar la protesta”, todos miran para otro lado -máxime en esta época electoral- cuando se violan palmariamente normas penales.

Aunque los “okupas” de cabotaje lo desconozcan o nieguen, la toma de colegios es un accionar delictivo el que cabe ser encuadrado en el artículo 241 del Código Penal, que sanciona a quien impidiere o estorbare a una autoridad que intenta ejercer sus funciones; como también es delito el impedir, estorbar o entorpecer el funcionamiento de los servicios públicos (artículo 194 del mismo Código).

En síntesis: ni con asamblea ni sin ella, ni con mayorías o minorías, pueden los alumnos tomar un colegio porque no les guste un plan de estudios y si lo hacen cometen un delito que debiera haber sido sancionado; máxime que así se priva del derecho a la educación a la mayoría silenciosa de estudiantes que no pueden expresarse.

Pero de todos los actores de esta rebelión, los más patéticos resultan ser los padres, que deberían bregar porque sus hijos tuvieran una educación de calidad que les abra un futuro, pero que parecen preferir el “alpargatas sí, libros no” de pasadas décadas, sin advertir claramente que ninguna sociedad puede progresar sin educación y que están echando las bases de un futuro de mediocridad y fracaso para sus propios hijos, quienes no estarán en condiciones de afrontar las nuevas exigencias de un mundo laboral cada vez más tecnológico.

Y no menor responsabilidad tienen algunos docentes que abiertamente apoyan las tomas, pero que se oponen a ser evaluados en aras de mejorar la educación, y que durante los últimos gobiernos apoyaron las políticas educativas que, luego de fracasar en otros países, tuvieron idéntico resultado en el nuestro, en tanto se cuidaban de no realizar protestas que pudieran incomodar al poder de turno.

A ellos se han agregado referentes de la oposición junto a los idiotas útiles de siempre, a quienes cualquier colectivo los deja bien pero que en las elecciones no llegan al 1 por ciento de adhesiones.

Unos y otros vienen “fogoneando” a los alumnos en clara campaña electoral, en tanto el Estado guarda un inexplicable silencio y se abstiene de accionar.

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