Caso Herro: vía libre para el juicio por una posible herencia fraudulenta
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La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal dejó allanado el camino para el juicio en el denominado caso Herro, un supuesto fraude en la herencia del contador que fuera asesinado en 2005 en la localidad de Cariló.
La Sala I del cuerpo -con los votos de los doctores Pablo Soumoulou y Guillermo Giambelluca-, revocó un fallo de primera instancia, a cargo del juez de Tres Arroyos Alberto Daniel Gallardo, que había decretado la nulidad de las declaraciones indagatorias de los acusados y de la requisitoria de elevación a juicio, y ordenó que se dicte una nueva resolución.
Por la causa están procesados los hermanos de la víctima, Eugenio Valentín y Gustavo Adolfo Herro, y también Hugo Osvaldo Adobatti, Juan Alberto Marini, Enrique Mario Pérez Ronda y María Josefa Rodríguez.
El caso tomó mayor notoriedad pública en 2014, cuando la justicia allanó la casa de la diputada provincial bahiense María Marta Corrado (no está acusada), la exmujer de Eugenio Herro.
El fiscal Gabriel Lopazzo, de Tres Arroyos, investiga si la herencia de Adolfo Herro fue repartida de manera fraudulenta entre sus hermanos. Cree que se apuraron los trámites antes de que un hijo del contador muerto, Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía, sea reconocido a través de una prueba de ADN, lo cual finalmente se confirmó.
La resolución
El juez Gallardo, titular del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de Tres Arroyos, había dispuesto declarar la nulidad de las declaraciones de los acusados Eugenio Herro, Marini y Pérez Ronda, así como de la requisitoria de elevación a juicio de la causa.
Contra esa decisión apelaron la fiscalía, el particular damnificado y el abogado de Eugenio Herro y la Cámara Penal aceptó el planteo.
El juez de primera instancia creía que se había vulnerado la garantía de defensa en juicio, porque -en su opinión- no se le había hecho conocer a los imputados todo el cuadro fáctico, aunque los camaristas resolvieron en sentido contrario.
Dijeron que durante los actos de indagatoria les hicieron conocer, en detalle, la fecha del delito (posterior al 25 de julio de 2005) y la conducta que se les endilga.
“La descripción de la hipótesis fáctica (por la que el Ministerio Público Fiscal acusa a los encausados) resulta circunstanciada, clara, precisa y específica, y permite comprender con facilidad cuál es el hecho por el que se lo acusa; se encuentra espacio temporalmente determinado, y está correctamente individualizada la conducta imputada”, ratificaron Soumoulou y Giambelluca.
Por otro lado, ninguna de las partes involucradas denunció previamente un estado de indefensión, sino todo lo contrario.
El Tribunal de Casación bonaerense tiene dicho que resulta “inatendible” este tipo de nulidades cuando el acusado y su defensor conocieron y pudieron rebatir todos los elementos que constan en la causa.
En consecuencia, la Cámara revocó el fallo que anulaba la requisitoria de elevación a juicio, con lo cual existe vía libre para llegar a esa instancia.