La baja del déficit, el objetivo final

Pablo Wende

   Si finalmente la reforma previsional se aprueba tal como salió en el Senado, el Gobierno se ahorraría 72.000 millones de pesos en el pago de haberes a jubilados, en comparación con el planteo del Presupuesto 2018. Este ajuste permitiría a su vez hacer frente a los recursos extra prometidos a los gobernadores y especialmente a la provincia de Buenos Aires. Pero además se trata de dar una señal de austeridad hacia los inversores, que tendrán en la mira la promesa del Gobierno de ajustar el déficit fiscal de 4,2% a 3,2%. Ésa será la gran prueba de fuego que tendrá que enfrentar la Casa Rosada a lo largo del año próximo para mantener abierta la ventana del financiamiento.

   Si se mantuviera el actual esquema de ajuste tanto para jubilaciones como para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la mejora del poder adquisitivo a fin de 2019 sería de 14%. Se trata de un esfuerzo que un Estado quebrado como es el argentino no está en condiciones de afrontar. Con los cambios propuestos, según el IARAF que dirige Nadin Argañaraz, al final del camino los jubilados apenas le ganarán a la inflación, recuperando el poder de compra que tenían a mediados de 2015, cuando la jubilación tocó su piso máximo desde el poder de vista del ingreso real.

   El mayor esfuerzo para reducir el déficit recaerá en las familias de la zona metropolitana, que ya en diciembre recibieron fuertes aumentos en las tarifas de luz y de gas. El aumento resultó más fuerte que el esperado por la decisión del propio Poder Ejecutivo de concentrar el salto inflacionario este mes en vez de trasladar parte al 2018 y arrancar el año con una presión adicional en el índice de precios. La baja de subsidios relacionada con el ajuste tarifario rondará los 80.000 millones de pesos el año que viene y es claramente el principal componente de la reducción del déficit. 

  El segundo vendría por el recorte de aumento a jubilados. Además, tanto el gobierno nacional como a nivel provincial están trabajando en reducir gastos políticos, es decir empezar a achicar el tamaño del Estado pero sin meterse con el empleo público. Si bien los ahorros que pueden conseguirse pueden resultar impactantes desde el punto de vista del impacto público, representan cifras menores desde el punto del vista presupuestario.

   La reforma previsional, de hecho, no se agota en el cambio de fórmula de la movilidad jubialtoria. También incluye la posibilidad de estirar la edad de jubilación hasta los 70 años, siempre que el empleado lo proponga y que la compañía esté de acuerdo. La gobernadora María Eugenia Vidal, por su parte avanza con la derogación de las jubilaciones de privilegio que generan una carga millonaria para las arcas provinciales.   

   “Los gobernadores se tienen que comprometer a apoyar la reforma jubilatoria porque es lo que firmaron, junto al pacto fiscal. Una cosa va atada con la otra. Si no sale la modificación de la movilidad tampoco puede haber recursos adicionales para ellos”, señaló ayer en forma contundente uno de los principales negociadores del gobierno en diálogo con un legislador oficialista.

   Pero si bien se habló de avanzar con la reforma previsional sin modificaciones respecto del proyecto del Senado, sí habrá concesiones. En particular parece un hecho que se avance con el “bonus” a jubilados para compensar parte de la pérdida que genera el “empalme”, es decir el cambio de un sistema de cálculo jubilatorio a otro.

   Para el Gobierno, el paquete de reformas debe ser abordado en su conjunto. “No sirve de nada avanzar con la reforma tributaria, pero no aprobar el Pacto fiscal o que no salga la movilidad jubilatoria”, señalan desde la Jefatura de Gabinete.

   Desde ese punto de vista, todo está dentro de un gran paraguas que tiene básicamente dos objetivos fundamentales: reducir el déficit fiscal (una señal clave para los inversores) y disminuir el peso de los impuestos para las empresas. En forma gradual se avanza tanto en la disminución de Ganancias para las empresas, como de impuestos distorsivos como Cheque, Ingresos Brutos y Sellos.

   El compromiso de avanzar con este set de reformas es para el Gobierno tanto o más importante que los pasos que se dieron al inicio de la gestión, como levantar el cepo cambiario o la salida del default. Claro que se trata de temas que son percibidos como menos urgentes.

   Sin embargo, se trata de temas centrales para poder sostener el incipiente crecimiento, que llegó al 4,2% en el tercer trimestre y que vino acompañado por la generación de más de 215.000 puestos de trabajo en un año.

   La llegada de nuevas inversiones en sectores como energías renovables, agro o infraestructura está supeditada a que el Gobierno pueda seguir manteniendo el acceso a los mercados para financiar el gradualismo. Además, la victoria electoral no sólo llevó confianza sobre la posible de continuidad de Mauricio Macri en el poder hasta 2023, sino también sobre la capacidad de llevar adelante los cambios que vuelvan al país más competitivo.