Una desgracia que corre el eje

26/11/2017 | 19:57 | Las negras presunciones en torno al ARA San Juan mandaron a segundo o tercer plano temas con los que, en el Gobierno, se entusiasmaban.

Por
Eugenio Paillet

Dicen en el Gobierno que el presidente Mauricio Macri está enojado. Que, incluso, en algunos momentos de los últimos días ese enojo trastocó en raptos de furia. El malestar no tiene sólo que ver con la desaparición del submarino ARA San Juan, que lo obsesiona, y la presunción cada vez mayor -basada en datos científicos, como la explosión que detectaron los sensores internacionales- de que podría no haber sobrevivientes. O con los pronósticos de expertos locales y extranjeros respecto de que hasta es probable que nunca se logre rescatar a la nave de las profundidades del Océano Atlántico sur.

El malestar vendría por ése y por otro lado. Macri está todavía procesando esta desgracia que le cae en medio de un clima político favorable, como era el acuerdo con los gobernadores para la firma del Pacto Fiscal y el tratamiento, en apariencias sin querellas, a partir de las públicas expresiones de apoyo recogidas en buena parte de la oposición -empezando por el peronismo tradicional que comanda el senador rionegrino Miguel Pichetto- del paquete de reformas que envió al Congreso en los campos laboral, tributario y previsional.

El jefe de Estado festejaba además el vendaval judicial, del que se dice inocente, sobre los hechos de corrupción que involucran a jueces y funcionarios durante el reinado de los Kirchner.

Un dato puntual que rescataban en despachos oficiales y que apuntalarían con razones aquel malhumor presidencial habría que buscarlo en los diarios y portales de aquellas horas. Esos temas, en general, desaparecieron de las primeras planas desde el pasado fin de semana.

La falta de novedades y las negras presunciones en torno al destino corrido por el ARA San Juan coparon toda la información y mandaron a segundo o tercer plano temas con los que, en el Gobierno, se entusiasmaban que marcarían la agenda de las próximas semanas, de aquí hasta fin de año.

El entusiasmo por ese escenario, decían sus voceros, le caía al Gobierno justo en medio de los recurrentes forcejeos internos en un peronismo que no termina de encontrar el camino para reorganizarse, o renovarse, mientras la Justicia le extendió el aval a los expresidentes Cristina Fernández, y Carlos Menem -ambos con procesos abiertos y una condena que todavía no está firme, respectivamente- para que juren como nuevos senadores nacionales en la ceremonia prevista para el próximo 6 de diciembre. Como anillo al dedo.

En un puñado de horas, a la par que crecía la zozobra local y mundial por el destino del submarino, el escenario político mutó casi en consonancia. El sindicalista Pablo Moyano metió la cola y habló de una "nueva Banelco" -en referencia al recordado escándalo de coimas en el Senado, durante el gobierno de Fernando de la Rúa- asociada al reciente acuerdo entre la CGT y el Gobierno para aprobar la reforma laboral que impulsa el oficialismo.

La consecuencia, que se caía de madura tras la frase para nada inocente del hijo de Hugo, fue el frenazo en la Cámara Alta del peronismo que estaba dispuesto a darle su respaldo al proyecto. Pichetto anunció que la iniciativa no se tratará en el recinto hasta después de la renovación de bancas del próximo 10 de diciembre. Un verdadero baldazo de agua fría.

En el Ministerio del Interior fruncen los ceños ante el inesperado nuevo clima. Temen un cambio de escenario que provoque que el ritmo de tratamiento y aprobación de las reformas propuestas para, según el Gobierno, mejorar la economía y la vida social de muchos argentinos, y hasta el mismo acuerdo federal forjado con los gobernadores, entren también en aquel proceso de aletargamiento.

La preocupación de las últimas horas en el macrismo no era tanto en torno a si el presidente o el Gobierno terminarían pagando algún costo político por lo ocurrido con el submarino, en especial después de la fuerte presión y protesta por parte de los familiares de los tripulantes desaparecidos, en medio de un profundo malestar de todos ellos basados en que el Gobierno y la Armada les mintieron, o no les dijeron toda la verdad.

Todo eso, razonan con desazón, le corrió la agenda al Gobierno, le cambio el eje de la discusión. Y dicen algunos que en ese estado de perplejidad habría que encontrar los tropiezos informativos en que incurrieron las autoridades, las internas solapadas entre el comando de la Armada y el ministerio de Defensa y alguna refriega personal entre el ministro Oscar Aguad y el almirante Marcelo Srur.

Inclusive trascendió la versión de una filosa advertencia del presidente a su subordinado naval en aquella primera reunión en el edificio Libertad que, hasta el momento, nadie oficialmente ha desmentido. "Le pido que no me mienta, que me diga la verdad", lo habría cruzado el jefe de Estado durante el encuentro.

Esa misma improvisación aportó el propio Gobierno cuando, en las últimas horas del jueves y a través de sus habituales voceros, transmitió generosamente a algunos medios la noticia de que el presidente ya había resuelto descabezar la cadena de mandos de la Armada.

Un supuesto que, en la mañana del viernes pasado, el jefe de Gabinete debió salir a morigerar. Marcos Peña remarcó que la fuerza naval se manejo en toda la saga del ARA San Juan con un "elevado profesionalismo". Incluso, Macri decidió para a Srur a su lado en la fotografía de ese día.

Triunfó por esas horas la opinión del ala blanda del gabinete, que planteaba la necesidad de no dar pasos precipitados y de aguardar la correspondiente investigación para sancionar las responsabilidades.

Una opinión completamente opuesta a la de los halcones, quienes suponían que, echando al almirante y a su comando, se evitarían las criticas de las familias de los submarinistas y de la sociedad en general, que expresó sus cuestionamientos a través de las redes sociales. O las previsibles andanadas de la oposición.

Los políticos tienen que tomar lección de esta desgracia del submarino ARA San Juan y comenzar a darse un debate que le deben a toda la sociedad desde hace 34 años: qué es lo que debe hacer el Estado argentino con unas fuerzas armadas que, actualmente, gastan el 85 por ciento de su presupuesto en salarios, y destinan sólo el 4 por ciento en reequipamiento.

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