EDITORIAL

¿Fuego amigo?

7/10/2017 | 21:45 |

Los procedimientos judiciales realizados por orden de la Fiscalía General Federal a empresas del polo petroquímico, en el marco de una antigua denuncia penal por daños ambientales, no deben desdibujar la realidad de que el destino de crecimiento de Bahía Blanca está innegablemente atado al desarrollo industrial y portuario.

La advertencia no es menor y tiene sentido. Es que si bien, en un plano ideal, sería razonable decir que se trató de procedimientos necesarios para analizar la viabilidad de la denuncia, la realidad parece más compleja y algunas cuestiones no dejan de sorprender y alarmar.

Por ejemplo, el gran despliegue de efectivos de fuerzas federales, como si se buscara un impacto más allá del objeto de los procedimientos; o las declaraciones periodísticas del fiscal a cargo, atacando a alguna de las empresas en una investigación en la que ni siquiera hay imputados.

Pero lo más sorprendente de todo es el momento elegido por el ministerio público para lanzar los allanamientos. Exactamente el día posterior a que el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal estuvieron en la firma Dow, en el marco de lo que podría ser una de las inversiones más influyentes en la historia de la ciudad.

¿Sería de muy mal pensado imaginar que, tratándose de un fiscal con activa participación en la agrupación Justicia Legítima, la procuradora Alejandra Gils Carbó metió la cola por razones político-partidarias y que desde aquí se le siguió el juego?

¿Sería también de mal pensado imaginar que otra vez hay lobos bahienses disfrazados de corderos conspirando contra el desarrollo sostenible de Bahía?

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