El pavimento y los recursos
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Bahía Blanca tiene un déficit enorme en materia de infraestructura vial: seis mil de sus diez mil calles son de tierra. Y algo más: el 50% de sus calles pavimentadas han cumplido su vía útil y no tienen una respuesta adecuada a su intenso uso.
El costo de pavimentar es tan elevado que el municipio no puede aspirar a hacer, con recursos propios, más de 50 cuadras nuevas cada año. Es decir que intervenir en las 6 mil cuadras de tierra le exigiría 120 años de obra. Un absurdo.
En los últimos años el promedio de cuadras intervenidas ha sido de 300 -todo un logro- a partir de sumar recursos provinciales y nacionales, los cuales son bienvenidos pero de ninguna manera constantes ni seguros: este año están, el próximo no se sabe.
La conclusión es que el municipio no logrará destrabar o superar esta situación sin recurrir a la instrumentación de mecanismos adicionales que permitan intervenir en más cuadras a partir de recursos genuinos.
No puede ignorarse que miles de vecinos están en condiciones de pagar el pavimento, se han manifestado interesados y dispuestos a hacerse cargo de la obra e incluso han hecho, en muchos casos, el pedido formal para acceder a esa intervención.
Por eso el intendente municipal, Héctor Gay, ha adelantado que en 2018 buscará impulsar algunas variantes, para mejorar la cantidad de cuadras a intervenir.
Una propuesta es la figura del empréstito, cuya instrumentación depende de contar con una economía ordenada, con una inflación de índices bajos.
La segunda es gestionar créditos para los frentistas, de modo que el dinero lo aporten entidades bancarias con tasas favorables y que cada adjudicatario pague las cuotas a esas instituciones.
Por último queda la instrumentación de acuerdos empresa-vecino, es decir, dar intervención directa a empresas que contraten la obra con los habitantes de una cuadra, como hacen cualquier otro tipo de trabajo.
En este caso, el municipio puede establecer algunas pautas de contratación y tomar a cargo la supervisión de los trabajos.
Es interesante asumir que los recursos estatales son insuficientes para enfrentar la situación, que es necesario poner en marcha otros mecanismos que permitan enfrentar una situación preocupante y prioritaria.