Absuelto por un homicidio y condenado por un atraco
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Pablo Daniel Leiva (24) fue absuelto ayer del homicidio culposo de José Feliciano Gon (17), hecho registrado en el barrio Pampa Central, aunque tendrá que purgar una condena de cinco años y medio de cárcel, al considerarse probada su intervención en un asalto a mano armada.
El fallo fue dictado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2, integrado por los jueces Alejandro Salvador Cantaro, Claudia Cecilia Fortunatti y María Eloísa Errea de Watkins, quienes entendieron que no había elementos incriminatorios contundentes para relacionar a Leiva con el delito principal.
En ese sentido, sostuvieron que la duda debe beneficiar al imputado y por ese motivo lo absolvieron libremente de culpa y cargo.
La fiscal interviniente, Claudia Lorenzo, había solicitado 7 años de cárcel para el sujeto, por ambos hechos, mientras que el abogado defensor, Leonardo Gómez Talamoni, planteó la absolución de su pupilo.
Los magistrados, en tanto, sólo lo responsabilizaron por el atraco, que fue perpetrado en Carmen de Patagones.
Este último hecho fue cometido el 10 de abril de 2004, en una verdulería de la cual el sujeto, mediante el uso de armas, habría sustraído una escasa cantidad de dinero.
La impune muerte de Gon, en tanto, se consumó el 4 de agosto de 2007, en la vivienda de Pacífico 1329.
Si bien Leiva no declaró durante el debate, la defensa planteó que otra persona fue autora del disparo que terminó con la vida del adolescente.
En la primera jornada del juicio, un niño de 11 años, sobrino de la víctima, afirmó que, instantes después del desenlace, escuchó decir a Leiva que había matado a Gon, aunque ese dato no fue considerado suficiente por los jueces, para culparlo.
El caso había adquirido cierta relevancia luego de que, a principios del mes pasado, en un supuesto acto de venganza, Adrián Gon, hermano de José, apuñaló y mató a Delfina Curuil, madre de Leiva, en el mismo lugar del incidente anterior.
Los Gon consideraban que la primera muerte no fue accidental, sino intencional y que el individuo ahora absuelto por ese delito, fue su autor.
No trascendieron otros detalles de los fundamentos de la resolución judicial.
Tercer debate
Entretanto, con declaraciones testimoniales y los alegatos de las partes, se inició y concluyó ayer, en el Palacio de Tribunales, otro juicio por un homicidio registrado hace nueve años en Bahía Blanca.
El Tribunal en lo Criminal Nº 1 tiene a su cargo el análisis de los hechos que derivaron en la muerte de Daniela Sebastiana Cid (21) --quien estaba embarazada--, hecho cometido el 10 de abril de 2000, en Villa Rosario.
La particularidad del caso es que la causa ya había ido a debate en otras dos oportunidades, aunque nunca se llegó al esclarecimiento del episodio.
En un principio, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 analizó la conducta de Marcelo Fabián Hernández, por el hecho registrado en Berutti al 2500, aunque se llegó a su absolución porque, durante la audiencia, de manera sorpresiva y en carácter de testigo, Horacio Noel Castillo Sánchez, se autoincriminó.
Este último fue a juicio más adelante, pero el Tribunal en lo Criminal Nº 3 lo absolvió, favorecido por la duda existente, ya que el sujeto primero admitió su intervención y luego se desdijo, sin existir otros elementos probatorios en su contra, en el marco de testimonios contradictorios.
La investigación continuó y apuntó luego a un hermano de Castillo Sánchez: John Luis Castillo, quien desde la víspera está siendo juzgado por el trágico incidente.
En el caso, además de los jueces Mario Lindor Burgos, Enrique José Montironi y Hugo Adrián De Rosa, intervienen la fiscal Claudia Lorenzo y el defensor oficial Pablo Radivoy.
La doctora Lorenzo solicitó diez años de cárcel para el actual acusado, mientras que el asistente legal de Castillo entendió que debe ser absuelto.
El fallo se conocerá el próximo martes a las 11.15, según se informó.
Se conoce el fallo por un brutal crimen
A las 11.30 de hoy, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 dará a conocer el fallo por el crimen de Alicia Carmen Flores (65), cometido a principios del año pasado en Villa Moresino y por el cual figura como único imputado su hijo, Sergio Daniel Pérez.
El fiscal de juicio, doctor Christian Fernando Long, solicitó que se le imponga la pena de prisión perpetua, por el delito de homicidio calificado por el vínculo.
La defensa, a cargo de la defensora oficial María Graciela Cortázar, argumentó que el procesado actuó en estado de ebriedad, sin tomar conocimiento pleno de lo que hacía y realizó planteos alternativos.
El trágico suceso tuvo lugar la noche del 25 de enero de 2008, en la finca de Brickman 2980.
Pérez, quien en principio iba a prestar declaración durante el debate, prefirió mantenerse en silencio y, según su asistente legal, "se niega a colaborar" para esclarecer el caso.
"Alego el derecho de negarme a declarar", manifestó Pérez en la audiencia desarrollada la semana anterior.
Sin existir cuestionamientos a la materialidad delictiva y a la autoría del sujeto, Long basó su alegato en la prueba testimonial que, según su criterio, concluyó que Pérez no estaba totalmente alcoholizado al momento de atacar a su progenitora.
Citó, en ese sentido, a Claudio Brendel, cuñado del acusado y testigo presencial del hecho, quien compartía la cena con la víctima y el procesado y dijo que "ninguno de ellos" estaba ebrio.
También hizo referencia a los dichos de Luciano Pérez, otro hijo de Flores, quien, poco después de la salvaje agresión --la mujer fue atacada con un cuchillo que terminó clavado en su rostro-- arribó al lugar y escuchó cuando su hermano le dijo "llamá a la cana que me mandé una c...", mientras que el policía Raúl Fernández, a cargo del sumario, aseguró que el homicida no tenía signos de ebriedad.
Dijo Long, además, que Pérez "se negó" a la extracciones de orina y de sangre, una vez cometido el crimen, y que quedó "palmariamente demostrado que no se encontraba en estado de ebriedad".
El fiscal, a su vez, aludió a los informes psiquiátricos, que no recomendaban la internación ni la medicación de Pérez por eventuales problemas mentales.
La doctora Cortázar, al fundamentar su planteo, consideró que éste era un "caso atípico" de los que habitualmente debe asumir, porque, a su criterio, "no está acreditada la total imputabilidad" del detenido.
Admitió que, tanto ella como otros defensores que la precedieron en la causa, se cruzaron con "severas dificultades" para entrevistarse con el acusado, al punto que la llevaron a pedir la revisión del examen mental del mismo.
Dijo que tiene una sensación clara de que Pérez no alcanzó a comprender lo sucedido y graficó ese sentimiento en la "pasividad" que el hombre demostró en la sala de audiencias.
La resolución estará a cargo de los jueces Mario Lindor Burgos, Enrique José Montironi y Hugo Adrián De Rosa.