El hombre tiene requerimientos de la Justicia de Lomas de Zamora, que databan de 2017, el mismo año en el que había sido expulsado de Turquía, cuando intentaba cruzar a Siria, presumiblemente para unirse con grupos yihadistas, entre otros antecedentes.

El detenido, identificado como Manuel Antu Carrera, es oriundo de General Roca, Río Negro, pero también adoptó la nacionalidad brasileña y poseía residencias en Londrina o Foz de Iguazú, del país vecino.

El arresto, precisaron fuentes de la fuerza, se dio luego de tareas multidisciplinarias efectuadas por detectives del departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal.

La detención de Carrera se produjo en las últimas horas luego de que los federales allanaran dos viviendas en la ciudad de San Carlos de Bariloche, uno en el barrio Las Victorias, y el otro, en la localidad de Dina Haupi.

Durante los operativos se secuestraron un pasaporte y tres cédulas de identidad de la República Federativa de Brasil a nombre del ahora detenido quien ya fue trasladado a Buenos Aires por vía terrestre. 

En medios locales trascendió que Carrera cursó sus estudios secundarios en Dina Huapi, vivió unos años con su padre en Comallo, lo recuerdan como un buen deportista y que le gustaba tocar la guitarra, y que habría sido por eso que llegó a General Roca para estudiar Música en el Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA).  (NA) 

Desde la comisaría Cuarta indicaron que los procedimientos, solicitados por el fiscal Mauricio Del Cero y otorgado por la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, fueron llevados adelante en Indio al 200 y Rincón al 600.

En el primero de los domicilios los policías detuvieron a Carlos Ulises Cabello, de 32 años, quien se encuentra imputado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas.

En el inmueble restante aprehendieron a Jorge Konjovic (73) a partir del hallazgo de un arma de fuego y drogas.

Los voceros señalaron que en los operativos incautaron también dinero, teléfonos celulares, pendrives, una balanza de precisión y picadura de marihuana.

Manifestaron también que la investigación se puso en marcha en mayo del año pasado, cuando efectivos de la seccional de Villa Mitre interceptaron a Cabello en Rincón y Marcos Mora.

Mencionaron que el sujeto estaba realizando tareas de cadetería para una farmacia y al identificarlo hallaron en su poder dos trozos compactos de cocaína y una balanza digital.

El procedimiento se llevó adelante en el puesto ubicado en el kilómetro 714 de la ruta 3, donde los efectivos hallaron los animales en el interior del acoplado de un camión Mercedes Benz.

En el rodado incautaron 4 cacatúas ninfas, 3 diamantes tricolor, 1 cotorra de Kramer color celeste, 2 canarios amarillos, 3 gallinas negras, 2 gallos blancos, 4 diamantes de Gould y 2 erizos blancos por ser producto de la caza furtiva o la depredación, con intervención del Equipo de Delitos Rurales de la UFIJ Nº 7.

Los voceros indicaron que el conductor del rodado, identificado como Gonzalo Andrés Ferré fue aprehendido por resistirse al accionar de los efectivos y se labraron actuaciones por los delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones, situación tramitada en la UFIJ N.º 15.

Los animales fueron llevados de manera preventiva hasta el parque Reserva Natural “Laguna La Petrona”, ubicado en cercanías de la localidad de Pedro Luro, hasta coordinar su traslado al “Complejo Ecológico de América” en el partido de Rivadavia, en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de Santiago Bombara, de 45 años, quien cuenta con múltiples antecedentes y fue atrapado gracias a una gestión coordinada entre personal policial de la comisaría Segunda de nuestra ciudad y de la seccional Primera de aquella ciudad bonaerense.

En ese caso Bombara fue detenido junto a Claudio Monsalve (45) y ambos fueron imputados de hurtos reiterados en Mercedes, ya que utilizaban handies para inhibir las señales de alarma de vehículos estacionados. El procedimiento se dio en la calle 29, entre 22 y 24.

Bombara, según las pruebas reunidas, sería uno de los autores de la entradera que sufrió, el 27 de febrero pasado, una mujer de 88 años en su domicilio de Viamonte al 500.

En esas circunstancias, la jubilada fue sorprendida por al menos un delincuente mientras dormía, quien la despojó de 10 mil dólares y 150 mil pesos en efectivo.

A partir de distintos medios probatorios, entre ellos documentales, se pudo establecer la participación de Bombara en el asalto, mientras que se determinó que Leonel Luna (32) habría sido partícipe secundario.

Antes de las detenciones de ayer, la Policía de nuestro medio había allanado las viviendas de ambos, en Mallea al 1300 y Fournier 1500, secuestrando documentación de interés, dos handies inhibidores y una carabina calibre 22.

Los estafadores inician la maniobra ilícita mediante una llamada o un mensaje que envían a sus posibles víctimas por medio de la aplicación mencionada.

El propio Azzolin, fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, advirtió a la población sobre esta operatoria que se ejecuta en su nombre y recomendó tomar precauciones para prevenir estos casos.

La UFECI, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aconseja desestimar estas llamadas o mensajes en caso de recibirlos y denunciar lo sucedido a través del correo electrónico denunciasufeci@mpf.gov.ar

El mensaje o llamado de WhatsApp fraudulento procede de un teléfono celular registrado en Argentina, y en la pantalla del móvil del receptor se ve una foto o el nombre y apellido del representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Según informó el organismo en un comunicado, los investigadores hasta ahora no pudieron identificar a los responsables de estas tentativas de fraude virtual.

La intención de los cibercriminales es que los potenciales damnificados "entren en pánico, respondan el mensaje, proporcionen datos personales" que los remitentes podrían utilizar para cometer otras estafas, y finalmente "entreguen el dinero solicitado".

El funcionario confirmó a La Nueva. que, al menos hasta ahora, no se reportaron víctimas de este tipo de estafa.

"Sí se comunicaron telefónicamente con la UFECI dos personas del Interior del país para avisarnos de que habían recibido llamadas de estas características", afirmó Azzolin.

Se trata del crimen de Sebastián Ivan Macheroni, de 31 años, quien fue baleado en la madrugada de ayer cuando descubrió que una persona le robaba dos plantas de marihuana del patio de su casa, en República Argentina y Doctor Eduardo Minsky, de aquella localidad.

Cuando el hombre descubrió el hecho salió a perseguir al ladrón y, en esas circunstancias, el sujeto le disparó con un arma de fuego -al menos dos veces- cuando ya estaba en la vereda, provocándole heridas que causaron su muerte, pese a haber sido trasladado al hospital Municipal de ese medio.

Juan Macheroni (24), hermano de Sebastián, y la pareja de la víctima, Iara Majnach (24), dieron su declaración testimonial y aportaron elementos de prueba que fueron útiles para identificar al presunto homicida.

"Se está trabajando sobre pistas firmes y no descartamos que haya otra persona involucrada. Puede ser que no haya actuado solo", dijo un investigador.

Mientras se sigue la pista del autor/es del hecho por distintas vías, también se analizan cámaras de seguridad para determinar la fuga. 

Macheroni sufrió heridas de bala en las zonas intercostales derecha e izquierda.

La causa tramita ante la UFIJ N° 5, a cargo del fiscal Jorge Viego. 

El hecho ocurrió minutos después de las 17, en Brasil al 1.300.

En ese lugar colisionaron una motocicleta Honda 110 cc al mando de una mujer de 57 años que, debido a los golpes, sufrió politraumatismos leves que obligaron a que fuera atendida en el lugar por una ambulancia del servicio Siempre.

El otro vehículo que participó de la colisión es una Ford Ecosport, que era conducida por una mujer de 62 años, acompañada por otra de 29. Ambas resultaron ilesas.

Sin embargo, al realizársele el correspondiente test de alcoholemia, el realizado a la conductora de la camioneta dio positivo: 0,25 gramos por litro de sangre para el primero y 0,16 g/l para la contraprueba. En tanto, para la motociclista arrojó resultado negativo.

Trabajó en el lugar personal de la guardia de Defensa Civil  Tránsito Urbano y Policía.

La captura se llevó a cabo luego de una denuncia de un vecino de Villa Soldati, y del análisis de cámaras de seguridad del sector.

Según se observó, el hombre iba vestido como si fuese parte del personal de ABSA y llevara a cabo tareas de lectura de medidores.

Por medio de las imágenes, se estableció que Sergio Uboldi, de 37 años, era el autor del hecho. Por esta razón se llevó a cabo un allanamiento en Santa Fe al 2.400, donde se secuestraron las ropas que utilizara para cometer el ilícito, así como la tapa metálica de la empresa ABSA.

Interviene en la causa, caratulada como Hurto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7.

El conmocionante hecho, conocido públicamente en los últimos minutos, se produjo antes de las 5, horario en que ingresó la víctima en el hospital de la localidad, pero ya sin signos vitales.

El fallecido fue identificado como Sebastián Ivan Macheroni, de 31 años, a quien le detectaron una herida en la zona intercostal izquierda y otra en el flanco derecho.

Por los primeros datos aportados por familiares de Macheroni, el hecho se produjo en Doctor Minski y República Argentina, cuando un joven ingresó en el patio ajeno para llevarse las plantas de cannabis y fue observado por la víctima.

En esas circunstancias se inició una persecución que terminó cuando el intruso extrajo un arma de fuego y le disparó a la víctima. 

La Policía de Villarino dio conocimiento de la novedad a la fiscalía -interviene el doctor Jorge Viego, de la UFIJ N° 5- y busca intensamente al autor del homicidio.

Fuentes oficiales indicaron que el hecho fue descubierto esta mañana, alrededor de las 7:30, cuando el personal arribó al establecimiento educativo ubicado en Roca al 2.100.

Los voceros señalaron que los delincuentes violentaron una ventana para acceder a las instalaciones y se apoderaron de dos pavas eléctricas y una computadora de escritorio.

El caso fue denunciado por los directivos de la institución en la seccional Quinta.

El pasado 26 de marzo la escuela había sufrido un importante robo, cuando desconocidos forzaron aberturas y sustrajeron artículos electrónicos, entre otras cosas.

"Hallaron todo revuelto y había puertas rotas. Cuando arribamos nos encontramos con que faltaban muchas cosas electrónicas. Robaron todas las computadoras que había en la escuela, productos de librería, un horno a microondas, dos parlantes, un televisor, herramientas que utilizábamos con los chicos en el turno tarde y objetos personales que usaban las docentes en su actividad", describió por entonces una fuente del establecimiento educativo.

El acusado había sido declarado culpable por un jurado popular por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido contra una menor de 18 años, mediando una situación de convivencia preexistente, y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa agravado por ser cometido contra una menor de 18 años mediando una situación de convivencia preexistente.

La jueza técnica del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Castaño, le había impuesto la pena de 8 años y medio de prisión.

Sin embargo, la fiscalía apeló ese fallo ante el Tribunal de Casación Penal Provincial, quien ordenó que se reenvíe a primera instancia la sentencia para que se determine nuevamente el monto de la pena.

El 10 de mayo del año pasado, el juez Eduardo d´Empaire, del mismo tribunal, lo condenó a 12 años de prisión, por lo cual el fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó su inmediata detención, medida que se hizo efectiva en las últimas horas.

Los hechos abusivos ocurrieron entre 2007 y 2012 en el interior del domicilio que compartían y otros que frecuentaban, cuando la niña -hija de la pareja del acusado- tenía entre 9 y 14 años de edad.

El acusado no fue identificado para preservar la identidad de la víctima.

El conjunto de herramientas normativas incluye una nueva Ley Antimafias, la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de “reiterancia” y modificaciones a la unificación de condenas, concurso de delitos, legítima defensa y cumplimiento del deber.

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, había graficado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando presentó en marzo el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves, según informaron desde el Gobierno en un comunicado:

• Se delimita la procedencia del delito para la aplicación de la ley a la comisión de hechos que involucren tipos penales específicos como: tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas o explosivos y que estén relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.
   
• En segundo lugar crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.
   
• La pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización.
   
• Para menguar los recursos de las organizaciones criminales, se contempla la extinción de dominio de cualquier bien que sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.
   
• El proyecto incorpora el concepto de reiterancia. Hoy la ley vigente, considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.
   

Nuevo Registro de Datos Genéticos

En este punto, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del ministerio de Seguridad. De esta manera, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia.

Orden público y legítima defensa

Considerando que en muchas oportunidades los efectivos de las fuerzas de seguridad se vieron inhibidos de actuar ante la posibilidad de resultar imputados, señalan desde el Gobierno, el proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos: pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques y en el resguardo legal dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera.

“Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, indican los fundamentos del proyecto.

Además, se amplía el marco legal vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su casa, situación que exigía que esto se hubiera producido solo durante la noche, ahora se extendería a cualquier hora del día y no solo en el domicilio, sino también en el trabajo, como podría ser una oficina, comercio o establecimiento. (con información de TN)

El encuentro se desarrollará en la delegación Sauce Grande, en Santa Clara del Mar 1.600, este miércoles a partir de las 19.

Será encabezado por el intendente montehermoseño Hernán Arranz, junto con el titular del Concejo Deliberante, Diego Ramil. También estarán presentes el secretario de Seguridad, Fernando Vera; la comisaria Carla Martin, y el presidente del Foro de Seguridad, Carlos Diez.

Al encuentro están convocados vecinos permanentes y semipermanentes del balneario Sauce Grande.

Como ya había sucedido hace un par de años, el barrio Sauce Grande viene siendo blanco de una ola de robos en viviendas y sus residentes denuncian una "zona liberada" a los delincuentes.

En las últimas semanas al menos tres casas fueron desvalijadas. Por ellos, los vecinos reclaman el esclarecimiento de estos casos y presencia policial.

De hecho hace años que el destacamento de Policía del lugar no está en funcionamiento y la Guardia Urbana municipal tampoco realiza controles allí, según los testimonios de damnificados.

Los vecinos estaban organizando una manifestación para este sábado, en reclamo de una solución a las autoridades.

Los robos, aclaran los vecinos, se han dado en todos los sectores de la villa.

"Los residentes permanentes de Sauce Grande nos dicen que estos robos son muy comunes cuando termina la temporada de verano, y a algunos de ellos también les robaron", indicó uno de los damnificados.

El Tribunal en lo Criminal Nº 1, compuesto por los jueces Ricardo Gutiérrez, Hugo De Rosa y Christian Yesari, sentenció a Maximiliano Diego Gómez Schaffer.

Los magistrados calificaron al hecho como "homicidio en ocasión de robo, agravado por el empleo de un arma de fuego, en concurso ideal con robo agravado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en poblado y en banda".

Al momento de los alegatos el fiscal Jorge Viego había solicitado la pena de prisión perpetua, considerando que se trataba de un "homicidio criminis causa".

Los hechos

Según la causa, el día 30 de abril de 2022, el acusado junto a dos menores de edad abordaron el vehículo de alquiler guiado por la víctima en Brickman y Esmeralda.

En esas circunstancias uno de los imputados se abalanzó sobre la víctima, lo tomó del cuello y comenzó a golpearlo para apoderarse de un teléfono celular y una billetera.

Durante la elevación a juicio la fiscalía sostuvo que los acusados le causaron la muerte a la víctima con un disparo de arma de fuego con la finalidad de facilitar, consumar o asegurar el resultado del robo que habían perpetrado.

Varela sufrió una lesión en la región cervical que más tarde desencadenó una infección generalizada, lo que le produjo la muerte el 27 de agosto de ese año.

Los dos menores de edad fueron condenados por el hecho en de mayo de 2023.

Según detallaron, la huella fue cotejada con la base de datos del Ministerio Público Fiscal, lo que permitió dar con el sospechoso.

Con esta información, el Juzgado Garantías N° 2 ordenó un allanamiento en una casa de José Ingenieros al 1.500, del barrio puntaltense de Villa Mora, donde reside Gonzalo Emiliano Báez, de 21 años.

En ese domicilio, policías del Destacamento Pehuen Co, del Gabinete Técnico Operativo (GTO) y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) secuestraron elementos denunciados como sustraídos en febrero de 2023, en la localidad de Pehuen Co.

A Báez ya lo habían detenido en agosto pasado por circular en una moto denunciada como robada. Y durante otro allanamiento en su casa, se secuestraron partes de esa y otras motos.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 12, del Departamento Judicial bahiense.

María del Carmen Corvalán, colaboradora de la entidad, dijo que ayer a la tarde descubrieron lo sucedido en las instalaciones ubicadas en la primera cuadra de calle Araucanos.

"A eso de las 18:30 nos avisó el albañil lo que había pasado. Rompieron los candados y se llevaron una hormigonera y herramientas. La verdad es que ya no sabemos qué hacer. Esto provoca gran impotencia", comentó.

"En el sector hay una oscuridad terrible, entonces aprovechan. Estuve dialogando con la gente de Deportes de la Municipalidad y van a ver qué se puede gestionar para volver a tener luz ahí. Nosotros teníamos todo iluminado, pero en noviembre pasado robaron los cables y quedamos sin nada. No sabemos cómo detener a estas personas", agregó.

A fines del año pasado, tal como mencionó Corvalán, la institución sufrió tres robos en pocos días.

A mediados de febrero aparentemente dos menores ingresaron al lugar y provocaron daños para apoderarse de algunas pelotas, alargues y una pala.

En las últimas semanas al menos tres casas fueron desvalijadas en ese sector de la localidad balnearia, donde los vecinos reclaman el esclarecimiento de estos casos y presencia policial.

De hecho hace años que el destacamento de Policía del lugar no está en funcionamiento y la Guardia Urbana municipal tampoco realiza controles allí, según los testimonios de damnificados.

Una de las víctimas es Martín Valera, quien afirmó que días atrás ladrones saquearon su domicilio y se llevaron hasta el "inodoro".

"Tengo bronca. Radiqué la denuncia y cuando intenté averiguar algo de lo que pasó por medio del grupo de vecinos en WhatsApp, di con otro grupo de gente de Sauce Grande en Facebook, con casi 11 mil miembros", indicó Valera.

Así el denunciante tomó conocimiento de que hay muchas más personas perjudicadas por estos hechos de inseguridad.

De acuerdo con el informante, las sustracciones se consumaron en inmuebles ubicados en la totalidad de los distintos puntos del barrio.

"Robaron de una punta a la otra del Sauce y no roban una manguera que te olvidaste afuera, sino que te desvalijan la casa por completo. Lo que nos está pasando es terrible", enfatizó el entrevistado.

"Los residentes permanentes de Sauce Grande nos dicen que estos robos son muy comunes cuando termina la temporada de verano, y a algunos de ellos también les robaron", agregó.

La mayoría de los damnificados ocupa sus casas casi únicamente en época estival, por lo tanto el resto del año quedan deshabitadas y a merced de los delincuentes.

Según Valera, muchas otras víctimas se comunicaron con él y le manifestaron que la situación en Sauce Grande es "cada vez peor y no hay soluciones" por parte de las autoridades.

"Se comunicó gente de Buenos Aires, Mendoza, Rosario y otras ciudades del país a la que le robaron todo. Otros están construyendo y les robaron los materiales", dijo el hombre.

"Estamos sufriendo una ola de robos peor que durante la pandemia, cuando por casi un año no pudimos ir a nuestras casas en Sauce. Parece que es tierra de nadie; ninguno sabe nada y la Policía nunca encuentra lo robado", aseguró.

Con el fin de exigirles a las autoridades montehermoseñas una solución a la problemática, el grupo organiza una manifestación que se llevará a cabo el próximo sábado, a las 15, en la plaza principal de Sauce Grande.

"Esperamos la presencia de funcionarios municipales; me gustaría que también se presenten autoridades policiales y la Guardia Urbana. Ya se comunicó conmigo algún concejal para participar", señaló Valera.

Otra víctima de los robos, quien prefirió no identificarse, remarcó que "directamente desvalijan casas y no pasa nada".

"Por eso estamos tratando de darle difusión al problema. La respuesta de las autoridades es que hagamos la denuncia, pero es en vano que denunciemos si después estos hechos de inseguridad no se investigan", finalizó el vocero.

Sauce Grande se ubica a aproximadamente tres kilómetros al este del ejido urbano de Monte Hermoso.

La Sala V del cuerpo, con el voto de los jueces María Florencia Budiño y Carlos Ángel Natiello, rechazó las apelaciones y ratificaron las sentencias de 24 años de cárcel para Pablo "Paisa" Martínez y de 23 y medio para Omar Alejandro Bacci.

El 1 de julio de 2022, en el marco de un juicio por jurados, ambos fueron declarados culpables del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el resultado muerte. Posteriormente, tras la audiencia de cesura, el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Eduardo d`Empaire, determinó las sanciones para los procesados.

El abogado Mariano Jara, quien representa a Bacci, pidió la nulidad del fallo sosteniendo que resultó "arbitrario e inmotivado". También cuestionó la pena impuesta.

Consideró que hubo falta de imparcialidad en el jurado y deficiencias al momento de brindar las instrucciones para resolver.

En tanto, la defensora oficial Fabiana Vannini, quien asesora a Martínez, señaló que el veredicto resultaba nulo y, entre otras consideraciones, indicó que el jurado fue "contaminado por prueba que no era pertinente ni directa del hecho". 

Subsidiariamente también reclamó acerca del monto de la sanción.

Los magistrados rechazaron los planteos de las defensas y consideraron que "no resulta irrazonable" los años de prisión impuestos a los procesados.

El caso

  Según la causa, entre la tarde del 3 de junio de 2019 y la madrugada del día siguiente, Martínez y Bacci —junto a Simón Alexis Ferreira y Sofía Ivanna Molina, quienes fueron condenados mediante la modalidad de juicio abreviado—, concertaron una cita con Dermit en el domicilio ubicado en Brasil 1501, donde lo habrían privado de la libertad de manera violenta para luego golpearlo y exigirle la entrega de dinero y otros elementos de valor.

   En estas circunstancias, y como consecuencia del accionar de los imputados, se produjo la muerte de Dermit y, tras ello, los acusados buscaron combustible en la estación de servicio de Don Bosco y la avenida La Plata, colocaron el cuerpo de la víctima en el Fiat Uno de su propiedad y lo llevaron hasta Belisario Roldán al 2900, para luego incendiarlo de manera intencional para ocultar el rastro del crimen.

Según el reporte, los efectivos entrevistaron a una mujer de 20 años quien explicó que su cuñado pasó en moto esgrimiendo un arma por la puerta de su casa, ubicada en calle Crámer al 1900, luego de un enfrentamiento con su hermana.

La Policía logró interceptar al hombre -identificado como Erik Insabraldis, de 26 años- en la esquina de Cramer y D'Orbigny, aunque intentó darse a la fuga.

El personal finalmente logró detenerlo en la esquina de Fournier y D'Orbigny, en Villa Amaducci.

Insabraldis fue arrestado por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, entre sus pertenencias hallaron una bocha de cocaína. 

Cabe destacar que el rodado quedó secuestrado por carecer de documentación. También le incautaron el celular por averiguación de procedencia. 
 

Durante los alegatos de las partes en el juicio oral, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 pidió para Di Lauro y Bergese la primera de las condenas en suspenso, además de 3 años de cumplimiento de reglas de conducta.

 El acusador también requirió a la jueza en lo Correccional Nº 3, Susana González La Riva, que sancione a estos dos imputados con 10 años de inhabilitación especial para "ejecutar tareas de construcción, mantenimiento o cualquier otro tipo de actividad en obras".

Respecto de Astrada, Aguilar pidió la pena de 2 años y 5 meses de prisión condicional, el acatamiento de reglas de conducta por el mismo plazo y 6 años de inhabilitación especial para cumplir funciones profesionales.

Al menos al momento del suceso los causantes representaban a la firma Del Sur Construcciones y Servicios S.R.L., responsable de la obra en cuestión.

La defensa, en tanto, solicitó la absolución de los imputados y el viernes a mediodía se dará a conocer el fallo.

El incidente fatal se desencadenó el 6 de noviembre de 2019, cuando un "puntal de madera de más de 2 metros de largo" se desprendió del octavo piso de un edificio en obra en Gorriti al 100, cayó e impactó contra Haring mientras caminaba por el frente de la obra.

El hecho se produjo mientras los constructores llenaban losas y vigas con encofrado.

La mujer de 58 años sufrió "traumatismo de cráneo grave" que motivó su internación en el Hospital Municipal, donde 20 días después falleció como consecuencia de "hemorragia encefálica".