El blanqueo salvador

Vicente Massot

Al margen de todo lo que se ha escrito respecto de los errores cometidos por el gobierno en el tema de los aumentos de las tarifas, hay un dato que pasó desapercibido y que, por lo tanto, no fue materia de análisis en el curso de las últimas semanas. La reacción en cadena que generó, en parte de la sociedad argentina, las subas de todos conocidas, puso al descubierto que Mauricio Macri y sus principales ministros y secretarios de estado no se equivocaron cuando resolvieron implementar, para recomponer la economía, la estrategia gradualista  que rige a partir del 11 de diciembre pasado, dejando de lado cualquier receta de shock en la que hubieran podido pensar. Si un ajuste escalonado, hecho en etapas, que no se propuso sincerar la fenomenal distorsión de precios relativos en un solo acto, levantó tanta polvareda, resultan inimaginables  los efectos políticos que habría suscitado un plan económico mucho más duro que el vigente.

A las protestas de no pocos sectores sociales que, en distintos lugares del país, reclamaron airados en contra de los aumentos anunciados por el titular de la cartera de energía, le siguieron los planteos levantados a expensas de la administración de Cambiemos por la totalidad del arco partidocrático opositor. Con la particularidad de que también se hicieron oír las voces críticas de algunas capillas radicales, preocupadas por el sesgo que había tomado la cuestión. Y el gobierno tomó conciencia, además, que el descontento, como no podía ser diferente, también llegó a los votantes del macrismo. No significa lo expresado que una mayoría de la ciudadanía se haya sumado a la protesta. De hecho los cacerolazos de la semana pasada no pasaron a mayores. Les faltó el  volumen que tuvieron aquellos que, en su momento, debió sufrir en carne propia el kirchnerismo. Pero sí significa que hubo un toque de atención que ninguno de los actores decisivos de la política criolla echó en saco roto.

¿Cómo sigue la película de ahora en más? En teoría al menos, el año próximo debería haber otros incrementos en las tarifas del gas y de la electricidad si es que el gobierno no cambia de libreto y considera que es imprescindible ponerle fin a las distorsiones en materia energética que produjo la administración saliente, con base en la política pensada por Néstor Kirchner y puesta en ejecución por Julio De Vido y Daniel Cameron. Nada indica que Mauricio Macri haya modificado, siquiera en parte, su posición al respecto. ¿Nuevo tarifazo, entonces, en algún momento del 2017? En teoría estaba cantado, pero en la práctica las cosas no están tan claras.

Sucede que el próximo es un año marcado por las elecciones legislativas, y de gobernadores en las provincias de Santiago del Estero y Corrientes, en las cuales el gobierno se juega en buena medida la posibilidad de permanecer en Balcarce 50 hasta el 2023. Los textos canónicos prescriben que resulta necesario completar el ajuste. La política, en la vereda de enfrente, clama a gritos contra tamaña receta. Mientras los números del déficit no dejan lugar a dudas, las razones electorales también tienen sustento.

Si el presidente tuviese que seguir un camino u otro estaría frente a uno de esos dilemas estratégicos que hacen las veces de quebraderos de cabeza para los hombres de Estado. Si privilegiase los argumentos energéticos -por llamarles de alguna manera- podría perder los comicios; si, en cambio, se inclinase por postergar el ajuste con el propósito de salir airoso de las urnas, podría toparse con una crisis económica de magnitud.

Afortunadamente para Macri, si el blanqueo de capitales alcanza los topes de los que se habla en los mentideros de la City, en los pasillos del ministerio de Hacienda, en las oficinas de la Bolsa de Comercio, en las reuniones de las principales consultoras financieras y en los escritorios de los economistas más reputados del país, no tendrá que hacer frente a la disyuntiva comentada antes. Es que en todos esos ámbitos, prácticamente nadie supone que el blanqueo sea menor a 40.000 millones de dólares, y hasta hay quienes, incluidos dos ministros del Poder Ejecutivo Nacional, que en petit comité, claro, se juegan la cabeza a que la cifra podría estar cerca de los 60.000 millones.

Salvando las distancias y teniendo en claro que, estrictamente, no hay comparación posible entre la decisión que tomó Harry Truman y su secretario de Estado, el general George Marshall, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y lo que eventualmente sería un blanqueo exitoso entre nosotros a fines del año en curso, de todos modos al hablar de un Plan Marshall apuntamos al hecho de que la administración de Cambiemos podría ingresar a los tiempos electorales dueño de una masa de dólares que le permitiría moverse con entera comodidad, hacer frente a sus obligaciones financieras, postergar los aumentos de tarifas que, de otra manera, se vería precisado a poner en marcha y olvidarse del ajuste.

Las  probabilidades de que los argentinos decidan trasparentar sus tendencias dinerarias en negro son altas, menos por un súbito brote de conciencia cívica, patriotismo o deseo de respaldar al gobierno en un trance difícil, que por un sentimiento tan viejo como el mundo: el miedo a perder mucho más que un 10 por ciento de las  reservas no declaradas si acaso no se sumasen al blanqueo y finalmente resultasen descubiertos. La diferencia con otras experiencias anteriores -que resultaron un sonoro fracaso- poco o nada tiene que ver con una mayor eficiencia de la AFIP o facilidades más atractivas de la ley a punto de promulgarse, respecto de las muchas que conocimos en el curso del último medio siglo. Nada de eso. El temor que corre en estos días como reguero de pólvora se relaciona con los controles y los tratados de reciprocidad firmados o a punto de firmarse entre las principales agencias fiscales del mundo para intercambiar datos y trasparentar todas las cuentas bancarias existentes en esos países.

Es cierto que Estados Unidos aún no ha dicho cuál será su decisión al respecto y que, en tanto y en cuanto no rubrique los acuerdos, el refugio que ofrece para la plata negra es el mejor que pudiera imaginarse. Pero ¿y si firmase? El dilema de qué hacer en esta instancia, en rigor no lo tiene Macri sino los tenedores argentinos de dinero no declarado. Si entran en el blanqueo, el gobierno tendrá su Plan Marshall; si mayoritariamente confiasen en el "espléndido aislamiento" americano y le hiciesen Pito catalán a la AFIP, el fisco estaría en problemas. Hasta la próxima semana.