Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

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Reforma judicial: críticas, dudas y cautela

La feria, el rango horario de atención al público y la extensión de la jornada laboral son algunos de los temas planteados.

Por Juan Pablo Gorbal/jgorbal@lanueva.com

   "Los trabajadores no somos el problema, somos la solución”. El eslogan de la movilización de los judiciales en la Capital, durante el paro del pasado miércoles que también afectó a nuestra ciudad, fijó una postura irrevocable. Los gremios no quieren saber nada con reformas en ese ámbito, al menos de las que pueden limitar o eliminar lo que consideran derechos adquiridos.

   El gobierno, del otro lado, busca alternativas para lograr una mayor dinámica de la rueda judicial. Cree que los 45 días anuales de feria (entre invierno y verano), el rango horario de atención al público y de la jornada laboral afectan el buen servicio de uno de los pilares fundamentales de la sociedad.

   Lo anunció a principio de año el ministro del área, Germán Garavano, y lo ratificó, de manera contundente, el presidente Mauricio Macri a fines de octubre, durante el lanzamiento del plan “Consensos básicos”.

   Luego de las fuertes críticas del primer mandatario en las narices del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al pedir que “la justicia dé el ejemplo”, el tema se reinstaló fuerte en la agenda pública.

   Algunos creen que es parte de una avanzada del poder político hacia el Judicial, al que no solo le disparan con munición gruesa por la falta de celeridad en el tratamiento de las causas sino por las decisiones que habilitan salidas anticipadas de presos.

   Los sindicalistas advierten que el problema no son los trabajadores porque aluden a fueros colapsados, falta de nombramientos e insumos y a que la cantidad de licencias otorgadas -también cuestionadas por el gobierno- en muchos casos se deben al estrés diario con el que conviven los empleados, varios apuntalando tareas que les corresponden a jueces.

   El oficialismo cree que las modificaciones son “una vieja deuda” con la sociedad y da la sensación de que avanzará.

Cautela local y falta de respuestas institucionales

   La polémica, que es cíclica y ya tiene décadas -“cada día que no se trabaja es un día perdido; tenemos que modificar esto”, decía en 1997 el entonces presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Horacio Lynch-, también está instalada en nuestra ciudad, aunque lógicamente se siente con mayor fuerza en el ámbito tribunalicio.

   Y hay de todo: quienes creen necesarias algunas reformas; aquellos intransigentes, que están en contra de los cambios y otros que le restan importancia a la temática. Sin embargo, pocos se atreven a fijar postura pública. Domina la cautela y se aguardan respuestas institucionales.

   El Colegio de Magistrados y Funcionarios no las emitió y sus autoridades tampoco respondieron a la requisitoria de “La Nueva.”

   El Colegio de Abogados evaluó el tema en la reunión de comisión de esta semana, pero no hubo consenso.

   "Cuesta afrontar cambios, como todo en la vida. Igualmente el problema de la feria no es básicamente del Poder Judicial, sino de los abogados. Te pueden fijar un divorcio para el 20 de enero, pero es un problemón para los estudios de abogados más chicos, que se quejan porque dicen que estas medidas van a terminar por favorecer a los estudios grandes”, opina un vocero del fuero federal, en estricto off.

1.150 es la cantidad de trabajadores, funcionarios y jueces en Bahía Blanca. Un total de 1.030 son del fuero provincial y 120 corresponden al ámbito Federal. 

   Para un juez provincial, que tampoco aceptó el grabador, se trata de “un tema muy menor” que no tiene “ninguna incidencia” en la práctica.

   “Muchos de nosotros trabajamos más horas de las que todo el mundo piensa, incluso en días inhábiles, en especial porque la mañana se va en audiencias, firmas de despacho y evacuación de consultas”, explica.

   Es cierto que hay jueces, secretarios y prosecretarios que continúan su labor más allá de las 14.

   Y también que existen fiscalías cuyos titulares han fijado una extensión horaria hasta las 17 (con un refrigerio intermedio), siempre para el caso de los funcionarios.

“No puede ser un debate exprés ni excluyente”

   La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se mantiene en estado de alerta. Desconfía de la reforma.

   “No somos inocentes, sabemos que forma parte del proyecto llamado 'Justicia 2020', un manual de 'buenas intenciones' promovido por el Banco Mundial, que intenta enaltecer el concepto estadístico por encima de la calidad”, asegura Flavio Meles, secretario gremial de la departamental Bahía Blanca.

   Creen que cualquier eventual alteración del régimen horario o de licencias “debe darse en un marco de participación activa de los trabajadores del sector”.

   “El debate acerca de un Poder Judicial que garantice transparencia en los procesos, legitimidad de sus magistrados y el sostén de los derechos de la totalidad de la ciudadanía no puede ser exprés ni excluyente, poniendo solo el acento en las modalidades de horario de atención y calendario, ni quedar atrapado en tecnicismos o en claustros que dependan de rencillas políticas”, amplía.

   La Suprema Corte bonaerense, en su proyecto de presupuesto enviado al Ejecutivo a fines de octubre, advirtió sobre las 2.800 vacantes que presenta la administración de justicia, aunque en su mayoría los cargos están asignados.

   También remarcó falencias edilicias y alertó sobre el desfasaje salarial entre la Provincia y la Nación.

“El horario está extendido de hecho”

   Meles asegura que se quiere poner el acento en el horario y la feria, pero en muchos fueros de alta litigiosidad -Familia, Civil, Laboral y algunos Juzgados de Paz- “el horario se encuentra extendido de hecho”.

   “Los compañeros se quedan trabajando como mínimo hasta 2 horas más (la mayoría sin habilitación de la Corte ni cobertura de ART), a veces por imposición de los titulares de las dependencias, pero en general por la propia imposición de la realidad”, afirma.

   En el caso de los juzgados de paz, la apertura de la competencia a cuestiones familiares y de violencia de género “no se correspondió con la ampliación de la planta funcional administrativa ni con la adecuación edilicia”, aclara. Como emblemáticos cita los casos de Monte Hermoso y Villarino.

   “Mención especial para quienes realizan tareas fuera de sede: notificadores, oficiales de justicia y peritos, que ponen la mayor parte de las veces sus vehículos particulares, se exponen a situaciones de tensión y no son lo suficientemente reconocidos con el adicional en concepto de movilidad”, advierte.

Le piden a la Corte que llame a una reunión

   El gremio que nuclea a los judiciales federales y nacionales -que también tiene representación en nuestro medio- busca, directamente, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convoque a distintos sectores para tratar esta problemática.

   Lo hizo formalmente Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), al presentar una carta ante el máximo tribunal.

   Quiere que reúna no solo al gremio, sino a las representaciones de abogados y magistrados, a fin de “analizar las medidas realmente necesarias para mejorar el servicio de justicia”.

   “Son muchas las falencias. El Ejecutivo puede empezar por cubrir las vacantes de magistrados que rondan el 30%; se debe actualizar las plantas de personal (que en algunos casos no se tocan desde hace 30 años), en tanto las estadísticas demuestran el gran incremento de la litigiosidad y de sentencias, que se llevan adelante diariamente con el mismo personal”, agrega la carta.

   Para Piumato, detrás de esta movida están “ONG's de abogados que nuclean a grandes estudios que asesoran a las corporaciones económicas y que pretenden adaptar el funcionamiento de la justicia a sus intereses y no al de todos los ciudadanos”.

   En el mismo marco, voceros de la gremial local demostraron preocupación por la falta de nombramientos de fiscales. En el fuero federal de Bahía son 4, aunque solo 2 cargos están ocupados.

“Mente abierta” aconseja el jefe de los fiscales

   Discusiones como la actual no admiten posicionamientos corporativos. El rechazo sin debate sería “poco inteligente”, según el fiscal general provincial, Juan Pablo Fernández.

   El jefe de los fiscales admite que no conoce el proyecto en particular, pero insiste con que “hay que analizar las propuestas de reforma con mente abierta”.

   “En el Ministerio Público Fiscal se presta servicios de modo continuo en función de los turnos y labores programadas, por lo que el tema de la supresión de la feria no cambiaría demasiado las cosas, ya que incluso gran parte de los funcionarios y empleados prefieren gozar de la licencia anual fuera de los meses de feria”, explica.

   El tema, según Fernández, está en poner en la balanza ventajas y desventajas de modificar la feria, porque los operadores judiciales, de todos modos, van a gozar de su licencia anual.

   “El hecho de que se paralice casi toda la actividad judicial durante las ferias trae un problema al justiciable, que debe esperar por la resolución que busca y esto no resulta discutible”, sostiene el fiscal.

   También pide distinguir, en cuanto a la jornada laboral, entre funcionarios letrados y demás agentes. Los primeros gozan de una retribución por bloqueo de título, por la que deben impulsar toda su energía al desempeño de la función, que no depende de horarios.

   “Si bien es cierto que en muchos casos estos funcionarios continúan su labor por más tiempo que el de la jornada de oficina, para abastecer las necesidades del servicio, también es cierto que no son todos y que en algunas dependencias del Poder judicial se ha extendido el horario hasta las 17”, señala.

¿También se viene la ley en la Provincia?

   Un diputado bonaerense de Cambiemos intenta que se le dé tratamiento legislativo a un proyecto que busca eliminar la feria judicial provincial, por considerar que ese receso “conspira con la administración de justicia”.

   “La tutela judicial debe ser continua, efectiva y de acceso irrestricto y la feria judicial importa una ruptura en la continuidad aludida, afecta sensiblemente la efectividad y constituye una restricción al acceso a la justicia, el que se encuentra vedado a la comunidad durante la octava parte del año y es por ello que la feria judicial debe suprimirse”, explica en sus fundamentos el legislador Guillermo Ricardo Castello.

   El legislador de la Coalición Cívica presentó el proyecto en marzo último, y ahora pidió que se agilice su tratamiento legislativo, luego de que el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, criticara días atrás el régimen de licencias del Poder Judicial al afirmar que “no puede ser que el servicio de justicia vaya hasta las 15 y se tomen 45 días sin trabajar. Qué bueno sería que la Justicia dé el ejemplo” y haga cambios.

   El proyecto de Castello va de lleno contra la feria judicial. En su artículo 1 señala: "Suprímase la feria judicial en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires".

   Si bien deja abierta la posibilidad de "disponer de asuetos judiciales cuando un acontecimiento extraordinario así lo exija", de aprobarse el proyecto, la justicia bonaerense ya no tendría feria judicial de invierno ni de verano.

   “La necesidad de eliminar la feria judicial resulta clara e impostergable, porque no se puede seguir negando a la población un adecuado Servicio de Justicia de manera institucional y deliberada”, precisa en sus fundamentos.

"Se debe revisar; suprimirla no es un remedio acertado"

   Ninguno de los colegios que agrupan a profesionales del Derecho en la ciudad emitió opinión sobre la idea de la reforma judicial. Desde la entidad que nuclea a los magistrados hubo silencio, mientras que los abogados no se pusieron de acuerdo para fijar una postura institucional.

   Sin embargo, el doctor Rafael Gentili, presidente de esta última entidad, brindó su opinión.

   “Coincidimos que la justicia está en deuda, pero que la supresión de la feria no es la solución del problema. Me parece que se puede revisar, que se debe revisar, pero suprimirla es una remedio que no es el acertado, si no viene de la mano de otros. No estoy de acuerdo en suprimirla completamente porque además todos en algún momento tienen que tomar la licencia por vacaciones”, asegura.

   La feria, según Gentili, persigue un doble propósito: por un lado, le da la posibilidad a los juzgados de avanzar con el trabajo que excede la rutina y, por otro, le otorga tranquilidad al abogado particular, porque existe un periodo del año en el cual los plazos procesales no corren.

   “De todo lo que escuché, una buena posibilidad es adelantar la de verano (a partir del 15 de diciembre) porque a fin de año, de por sí, la actividad en general decrece”, señala.

   También plantea aumentar las materias que justifican la habilitación de la feria y revisar la actuación de las alzadas, porque actúan Cámaras de otros departamentos judiciales.

   “Creo que se podría flexibilizar. No es razonable que un empleado espere 30 días a la justicia Laboral para cobrar una indemnización, lo mismo que la actualización de una cuota alimentaria o por una cuestión de salud”, detalla.

   Gentili reconoce que la posible reforma, las críticas por las salidas anticipadas de presos y la posibilidad de baja de la edad de imputabilidad forman parte de una especie de “avanzada” del poder político contra el judicial “que no es del todo acertada”.

   “La gente está demandando otra respuesta de la Justicia, como está demandando otra respuesta de las fuerzas de seguridad y del poder político. La justicia anda como la educación y el resto de las cosas en la Argentina”, sentencia.

Qué pasa en otros lugares del mundo

* Estados Unidos: los tribunales sólo cierran durante los feriados nacionales, es decir, no existe la feria y las vacaciones de los funcionarios deben estipularse por períodos. Los magistrados deben programar sus descansos en forma escalonada.

* Uruguay: régimen igual al de la Argentina.

* Paraguay: solo suspende la actividad en enero.

* Chile: suprimió la feria en 2014.

* Colombia: El receso se extiende 20 días, entre el 20 de diciembre y el 10 de enero.

* Brasil: existen 3 tipos de feria judicial. En julio solo paran los tribunales de segunda instancia. Entre el 1 y el 21 de enero, los juzgados de primera instancia y de vuelta los de segunda. Entre el 1 y el 31 de enero solo algunos tipos de proceso no pueden realizarse.

* España: se extiende durante de agosto, cuando todos los agentes de tribunales se toman las vacaciones anuales. Los sábados, domingos, 24 y 31 de diciembre y los días festivos hay juzgados de guardia para asuntos urgentes.

* Italia: la feria va desde la última semana de julio a la primera de septiembre. Los magistrados están obligados a tomar las vacaciones en ese período.

* Portugal: Se define en la semana de Pascuas, 45 días en el verano y una semana entre Navidad y Año Nuevo. Los jueces sólo tienen 23 días hábiles de vacaciones, que tienen que tomar en esos recesos. Siempre hay un servicio para asuntos urgentes.