Cómo es el circuito ilegal de armas en Bahía Blanca
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Redacción de La Nueva. / info@lanueva.com
“Jonathan” había salido de la cárcel el 27 de julio del año pasado y 15 días después fue detenido por otro asalto. Al declarar en la Fiscalía N° 11 admitió su autoría y confesó que había ido a buscar drogas a una vivienda y que en ese lugar también compró un teléfono celular y el revólver que usó en el robo. La justicia allanó el domicilio mencionado y secuestró un arma.
De todas maneras, no pudo probar que el comercio era frecuente.
“No hay causas abiertas ni ninguna constancia judicial de que exista en Bahía venta o alquiler ilegal de armas de fuego ni de nadie que se dedique a acopiar”, afirman dos fuentes, una judicial y otra policial.
Sin embargo, el tema está instalado: el de la venta ilegal y el alquiler de armas, aunque sea de manera desorganizada o aislada. Algunos consideran que es un círculo vicioso: “Los mismos transas te dan los fierros para salir de caño y, con lo que se junta, les pagamos la droga”, cuenta un menor.
“Se da mucho el robo para cambiar su producido por droga”, ratifica un investigador.
De lo que no hay dudas es que crece de manera preocupante la cantidad de armas en poder de la delincuencia. Sucede en casi todos los barrios, aunque hoy el foco está puesto en el Noroeste, después de una sucesión de incidentes que tuvieron por víctimas/imputados a menores de edad y por el homicidio en ocasión de robo del comerciante Ramiro Barragán, a quien mataron con un arma robada de la casa de una mujer policía, una Bersa Mini Thunder 9mm.
Esa es una de las vías de acceso a las armas: el despojo a personal de las fuerzas de seguridad o militares. En Bahía y la zona hay muchos efectivos.
Otro caso que reveló “La Nueva.” la semana última fue el hallazgo, el pasado 3 de agosto (dos días después de la muerte de Barragán), durante un operativo de rutina en Spurr, de una Browning 9mm. robada en septiembre del año pasado a una integrante de la Policía de Establecimientos Navales en Punta Alta.
También los delincuentes obtienen armas en el saqueo a viviendas de civiles. "Hay muchos vecinos que las tienen registradas y otros que no, aunque no las tienen para delinquir sino por razones de seguridad", afirma otro policía.
Un camino, menos frecuente, es el de los saqueos a depósitos judiciales. En 2012 se habían sustraído más de 40 pistolas y revólveres secuestrados en una sede de la Policía Científica de Tres Arroyos y, un año después, otras 5 desaparecieron del archivo de la Fiscalía local, en la avenida Colón al 500.
De hecho, en algún momento se investigó en nuestra ciudad la hipótesis de que algunas armas usadas para delinquir en Bahía se "retiraban" hacia Tres Arroyos, para evitar su secuestro inmediato, y luego volvían al circuito informal.
Un tercer camino sería el puerto de Ingeniero White. Distintas fuentes señalan que existe un comercio, de pequeña escala, entre marineros foráneos y conexiones locales con acceso a los muelles.
“Cada tanto ves aparecer a alguien con 4 o 5 armas y en el barrio todos dicen que llegan del puerto”, asegura un hombre que vive en un sector próximo a la ruta 51 y que, cuando era adolescente, estaba involucrado en el delito.
Un arma en el circuito ilegal se puede conseguir a partir de los 5 mil pesos. El precio puede subir hasta los 10 mil, según de qué pistola o revólver se trate.
De todos modos, las variables que influyen en el precio son muchas. Por ejemplo, si el vendedor suele dedicarse a ese comercio o es una venta ocasional, el grado de conocimiento entre las personas que participan de la operación o una cuestión más básica de “mercado”: si se nota que hay muchas armas en la calle, cuestan un poco menos y viceversa.
En muchísimos casos -como le sucedió a “Jonathan”-, quienes venden armas también se dedican al comercio de drogas. Algunos “fierros” los obtienen por empeños de personas que van en busca de estupefacientes.
La inversión de quienes compran armas, a veces, se recupera en un solo asalto.
También hay más secuestros. Este año, en promedio, la policía de la ciudad incautó, en promedio, 30 armas por mes. Aseguran que es un 40% más que en 2015 y 2016.
“Armas y drogas van de la mano”
“Muchas veces cuando uno anda en los barrios y habla con la gente, sobre todo en las ciudades más grandes, las personas saben quiénes alquilan o venden armas. Nunca he visto que la justicia actúe de oficio en esos casos”.
La reflexión pertenece al necochense Adrián Marcenac, integrante del grupo denominado Red Argentina para el Desarme (RAD) y padre de Alfredo, el joven de 18 años asesinado el 6 de julio de 2006 en Once, cuando Martín Ríos disparó con su pistola Bersa Thunder calibre 3.80 y, además de balear al estudiante, hirió a otras 6 personas.
Según Marcenac, las armas ilegales son sustraídas de viviendas, depósitos judiciales y arsenales oficiales.
“En los depósitos judiciales hay muchas armas dando vueltas permanentemente que, en algunos sitios, no tienen buen resguardo y las roban. Lo que es más grave, algunas se alquilan y, por lo tanto, resulta más complicado seguir el rastro, porque es un arma que teóricamente no está en la calle y es imposible encontrarla, ya que está dentro del sistema judicial”.
También señaló que muchos robos no se denuncian debido a que no tienen licencias o son heredadas, por lo que tampoco hay forma de rastreo.
Comentó que “la ANMaC tiene registradas más de un millón, de las cuales 650 mil cuentan con licencia vigente. Entre 3 millones y 4 millones no están inscriptas” y se cree que de este total la mitad está en la provincia de Buenos Aires.
No descartó que en Bahía Blanca existan puntos de venta ilegal o alquiler de armas de fuego, desde que en Necochea (una ciudad más chica) ya se denunciaron públicamente “2 o 3 lugares".
“De hecho, dan datos precisos y nunca se ha actuado de oficio”, advierte.
“Si hubiera una decisión política de avanzar en serio en esta cuestión, se podría trabajar mucho mejor y con las mismas herramientas, ya que no se necesita mucho más. Se requiere una decisión de generar un cambio en el paradigma de las armas. La justicia en ese tema, para nuestro punto de vista, ha tenido una visión bastante light y naif. No tomó con la seriedad que requiere a una herramienta de altísima peligrosidad. Tiene una deuda pendiente importante en este aspecto”.
Finalmente, Marcenac considera que “los caminos de las drogas y las armas van juntos, de la mano. Siguiendo la ruta de la droga, se puede terminar en la de armas, o al revés”.
Un programa sin lugar en Bahía
Al menos hasta fines de 2017 se prorrogó el programa nacional Desarme (iniciado en 2007), que permite la entrega de armas, registradas o no y de cualquier calibre (escopetas, revólveres, pistolas, carabinas, fusiles, pistolones y sus municiones), para aquellas personas que lo deseen, sean legítimos usuarios o no.
La entrega es anónima, voluntaria y sin consecuencias legales. El dador recibe un incentivo económico, con un rango de entre 1.200 y 3.000 pesos, según el modelo del arma, que se cobra mediante un cupón con un código de barras.
En Bahía Blanca funciona un centro de cobro (Sarmiento 2153, entre las 10 y las 20.30), pero no existe ningún punto oficial de recepción de armas. A nivel provincial, solo funcionan las sedes de La Plata y Mar del Plata. Y el más próximo a Bahía está en Santa Rosa, La Pampa.
Una vez que se acumula el material de descarte, la destrucción masiva (el año pasado fueron 46.352) se realiza en la planta siderúrgica Tenaris Siderca, en Campana.
El procedimiento consta de dos etapas: trituración y fundición, mediante la cual se convierten los metales en hierro fundido, a través de un horno de alta temperatura.
La chatarra ferrosa se transforma en materia prima para la fabricación de acero. Cada tonelada de acero reciclada ahorra, en promedio, 1,4 toneladas de mineral de hierro, que es un insumo importado.
“Ahora cualquiera consigue una”
“Antes las cuidábamos como si fueran la última. Ahora los pibes salen a hacer cualquier cag... y, si tienen algún quilombo, las descartan por ahí. Nosotros las defendíamos hasta el final, sino era muy difícil volver a tener una”.
Como todo adolescente, Sergio quería parecer más grande. Lo que veía más a mano para lograrlo, para impresionar a sus amigos, era unirse a una de las bandas de las esquinas del barrio.
Sergio es gracioso, carismático, juega bastante bien al fútbol. Lo integraron rápido. Demasiado. A los 12 años tomaba cerveza, fumaba lo que le pasaran y, también, salía de caño.
La última vez tenía 14. No se olvida del llanto desencajado de su madre en la puerta de la comisaría, insultando a un mayor de edad que había liderado el asalto a un templo donde asistía toda la familia.
Entraron a robar de noche. Su “amigo” de 27 años y él. No sabían que había una cámara. O sabían y no les importó. Los atraparon dos días después, los llevaron al Hospital Penna para las revisaciones de rutina y los devolvieron a la comisaría.
De regreso del hospital, el mayor de edad bajó del patrullero esposado. Sergio no, pero igual llevaba las manos atrás y la cabeza gacha, como si lo estuviera. Se estaba convirtiendo en un delincuente hasta en lo gestual.
Su madre, sus hermanos, todos sufrieron mucho. Con ayuda de la religión y la fuerza de voluntad de todo el grupo familiar salieron adelante. Hoy, a sus 18 años, Sergio cuenta que nunca más se acercó al delito.
Pero no se olvida de cómo era. En su barrio, cerca de la terminal de ómnibus, conoce a todos y ve de todo.
“Antes cuidábamos las armas como si fueran la última”, repite. “Ahora cualquiera consigue una”.
Por códigos barriales, por tener a su familia ahí donde pasan algunas cosas, no cuenta dónde ni cómo se consiguen.
“Pero no es difícil, entran de muchas maneras. Pistolas y balas. Hace poco le descubrí una a mi hermano más chico. Fui a hablar con la persona que se la dio, le dije que no se meta con él, que es muy guacho todavía. Tiene 13. No es fácil tener todo tan a mano”.
Cicatriz para siempre
César tenía 16 años cuando una noche de 2015, en la puerta de su casa, le pegaron un tiro. Estuvo al borde de la muerte, la bala le rompió una costilla. Permaneció internado más de un mes.
Hoy guarda la cicatriz como un trofeo. No admite que todavía, de vez en cuando, sale a robar armado. Tampoco lo niega.
El tiro se lo pegó un mayor de edad, Ariel, de 31 años, por una venganza. Fue hasta su casa, aplaudió en la puerta y, ni bien salió, le disparó. Luego huyó y todavía no lo encuentran.
César habla poco, no admite casi nada. Tampoco niega. Hay una versión en su barrio, cerca de la ruta 3 sur, que se trató de un ajuste de cuentas por no haber rendido como correspondía el dinero de un robo.
Ariel le consiguió el arma. Estaba en pareja con una mujer policía y, cada tanto, le “tomaba prestada” la 9mm. Algunas veces la usó él, otras la prestaba a gente de su confianza. Supuestamente su novia no sabía nada.
Uno de los préstamos fue a César, que salió, robó y repartió una parte del botín. Pero Ariel después se enteró que había más plata.
Enfurecido, fue a la casa del chico. Aplaudió y gritó para que se asomara. Cuando lo hizo, abrió fuego.
El arma tampoco aparece desde entonces.
¿Se puede replicar una iniciativa de La Plata?
“Armate de coraje. Vas a terminar preso, muerto o lastimando a alguien. Entreganos tu arma. Te la cambiamos por alimento y ropa para tu familia. Podemos ayudarte. La entrega será absolutamente confidencial. Nosotros llevaremos el arma al Registro Nacional. La vida está buena y podés salir adelante honradamente”.
Esos son los panfletos que, desde fines de julio, distribuyó en distintos barrios de La Plata una asociación civil de Tolosa, un sector conflictivo.
Pablo Pérez, integrante de la ONG Iniciativa Ciudadana, explica que la medida surgió a partir de las “caravanas barriales” que se hacen y los reclamos de madres desesperadas por el temor de perder a sus hijos.
“En un momento estaban angustiadas por los vendedores de drogas. Tenían miedo, y con razón, porque ya estaba dando vueltas la causa de los sobres (con coimas para los comisarios). Decidimos poner urnas para que se hagan denuncias anónimas y eso dio buenos resultados, tuvimos como 30 casos. Ahora los chicos tienen mucha facilidad para llegar a las armas de fuego. Con este programa, consensuado con la ANMaC en el marco del programa de desarme voluntario, llevamos recuperadas 9 o 10, pero recién empezamos”, afirma Pérez.
Su “movida” tiene una dolorosa razón personal: en el año 2000, en medio de un asalto, un joven mató a tiros a su padre. Eso lo impulsó.
De la misma manera se tomó como ejemplo la acción de Lidia Ortiz de Burry, una docente jubilada (hoy con más de 90 años), esposa de un reconocido neurocirujano, quien en las últimas dos décadas logró acopiar -a cambio de dinero o alimentos- 900 armas de fuego, que luego fueron recicladas para una escultura. Esa loable acción le valió el mote de "la abuela de las armas”.
“Acá en La Plata se alquilan a 300 o 400 pesos por noche y las devuelven al otro día. Generalmente las usan para robar, pero también para mostrarse por las redes, fotografiarse, por el solo hecho de ostentar. Hay una 'nebulosa' de pibes que están al límite, que toman el sábado a la tarde, después un porro o una pastilla y surge casi de la nada 'meter caño' (cometer un asalto)”, dice.
Por cada arma entregada, la ONG recibe un dinero del Estado que se canjea por distintos productos. “Puede ser leche o tenemos un convenio con una casa de deportes y les entregamos a los chicos camperones o zapatillas”.
El reclamo para frenar la proliferación de armas en La Plata también movilizó a la ANMaC, que anunció la instalación de un puesto de desarme. "No sé si vamos a juntar más armas, pero pudimos poner el tema en el tapete", sostiene.
Quiénes son tenedores y portadores
La tenencia de armas de fuego significa la habilitación como legítimo usuario de mantener el arma en su poder, usarla con fines lícitos, transportarla (descargada y dentro de la mayor reserva), adiestrarse y practicar en polígonos autorizados.
El "tenedor" no debe transportar su arma adosada al cuerpo (pistoleras o sobaqueras) y tiene que llevar la documentación respectiva.
La portación consiste en disponer, en un lugar público o de acceso público, de un arma de fuego cargada y en condiciones de uso.
La portación es de carácter restrictivo, solo justificada frente a un riesgo cierto, grave, actual e inminente o por la función o cargo desempeñado, por caso policías.
El 54% de las 46.352 armas destruidas en 2016 provenían del delito o de bajas en fuerzas de seguridad. El ex Renar tiene legalmente anotadas más de un millón y medio de armas. Se cree que las ilegales duplican esa cifra.