Niegan que exista una grieta entre la fiscalía y la policía
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El fiscal general Juan Pablo Fernández y el superintendente de la Región Sur, comisario mayor Gustavo Maldonado, negaron que haya un enfrentamiento entre las instituciones, al referirse a la investigación que se lleva adelante por supuestas demoras en otorgar allanamientos.
En una conferencia de prensa, Fernández sostuvo que la investigación se inició a partir de una orden de la Procuración provincial tras una denuncia de un programa de televisión.
Dijo que por tal motivo le solicito a dos jefes policiales bahienses que elaboraran una lista de procedimientos que se encontraban demorados para investigar lo ocurrido, tarea que recayó en los fiscales Marcelo Romero Jardín, Eduardo Zaratiegui y Olga Herro, quienes deben evaluar lo resuelto en esos operativos solicitados.
En este sentido, indicó que entre 30 o 40 pedidos conforman esa lista, "algunos de los cuales fueron resueltos".
Explicó que muchas veces esa demora en la solicitud de procedimientos "obedece a decisiones estratégicas del fiscal que lleva adelante la investigación".
"Queremos llevar tranquilidad y afirmar que no existe grieta entre la fiscalía y la policía. Es más, estamos trabajando muy bien en muchas causas", indicó y recordó la serie de allanamientos realizados recientemente en una causa por venta de drogas y otra por el robo de vehículos.
Aclaró que esto "no quita que puedan existir cuestionamientos a ciertas actividades, los que se van a investigar y determinar responsabilidades si existen".
Fernández agregó que las decisiones que tomen los tres fiscales serán revisadas por él y posteriormente por la Procuración.
Al mismo tiempo, sostuvo que las causas que tramita la fiscalía "son públicas y se pueden consultar, salvo que haya una reserva por alguna circunstancia".
Maldonado se expresó en el mismo sentido y afirmó que "no hay confrontación. Nuestros enemigos son el delito y los delincuentes".
El inicio
Todo comenzó con la denuncia, en conferencia de prensa, de la titular de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), comisario Liliana Pineda, luego del asalto al comerciante Ramiro Barragán en el barrio Noroeste el 31 de julio, el cual derivó en su fallecimiento un día después.
Pineda dijo que 21 días antes del ataque, el 10 de julio, la DDI había solicitado a la fiscal Olga Herro que pida el allanamiento del domicilio donde se encontraba el arma que, más tarde, sería utilizada en el asalto. A la pistola reglamentaria Bersa Mini Thunder la habían robado a fines de junio de la casa de la agente de la Policía Bonaerense, Stella Maris Rocha.
La doctora Herro no concedió el allanamiento por considerar que la prueba, un llamado anónimo al teléfono de Rocha señalando dónde estaba el arma, no era suficiente para otorgar la medida en el inmueble de Juan Molina 1940. Y pidió más elementos probatorios que, según sostuvo, nunca llegaron.