El rol del Estado en la promoción de las buenas prácticas

Redacción de La Nueva.

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En los países democráticos, el Estado está llamado a jugar un importante rol en la promoción de la Responsablidad Social Empresaria.

La RSE es algo voluntario y, en consecuencia, no hay aún marcos legales regulatorios.

¿Por qué el Estado debe promover el desarrollo de la RSE? Primer argumento., existe un amplio consenso en las sociedades democráticas modernas sobre la misión del Estado como “garante del Bien Común”.

Por lo tanto, en la medida que el accionar de las empresas privadas impacta sobre ese Bien Común (nivel y calidad del empleo, seguridad de los bienes y servicios, estado del medio-ambiente, etc.), el Estado está llamado a apoyar y promover las prácticas empresariales que agregan valor para la sociedad y que reducen los impactos negativos de la actividad empresarial sobre ella y el medioambiente.

Así como el cumplimiento de la ley es el piso sobre el cual agrega valor al RSE, de igual modo, la promoción de la RSE es el plus que aporta el Estado por sobre sus funciones básicas de legislar, hacer cumplir las leyes e implementar políticas sociales y económicas, operar servicios públicos estratégicos, etc.

En los hechos, el Estado es un actor institucional que “hace cosas” que impactan sobre los ciudadanos, las organizaciones sociales, las empresas, la sociedad en su conjunto y el medioambiente.

En particular, en muchos de los países latinoamericanos, el Estado gestiona empresas (esto es particularmente importante en Uruguay), brinda servicios públicos a los ciudadanos y a las organizaciones y es el comprador más grande en cualquier economía de la región.

De esta situación se deriva que, al igual que las empresas y otras organizaciones, el Estado deba responder por las consecuencias de sus acciones y decisiones; es decir, debe plantearse cuál es su propia Responsabilidad Social.

Actor y entorno

Importa detenerse a pensar que el Estado se relaciona con el mundo de la empresa desde dos perspectivas: como agente económico y como parte del contexto.

En efecto, tal como se mencionó más arriba, el Estado compra y vende, siendo el agente de mayor peso en cualquier economía moderna.

Este peso le otorga un gran potencial para operar como promotor de la RSE a través de sus propios comportamientos como agente económico.

Pero, además, el marco legal de los países, las políticas y la gestión del Estado son parte del contexto y operan como impulsores (positivos o negativos) de la RSE a través de múltiples aspectos, como por ejemplo: las reglas de juego y las garantías que se ofrecen para el cumplimiento de los contratos, la existencia de mecanismos para la selección de proveedores, la aplicación de exoneraciones fiscales como contrapartida a la introducción de prácticas ambientalmente responsables y proyectos empresariales de impacto social y, en general, a través del ambiente de negocios que genera el accionar del Estado.

Cuatro aspectos básicos que puede impulsar el estado para la instalación definitiva de la RSE: 1) creación de un ambiente de negocios propicio para la RSE; 2) políticas específicas para estimular la introducción de prácticas social y ambientalmente responsables; 3) articulación con las empresas privadas para la implementación de algunos proyectos sociales y 4) la RSE de las empresas y organismos del Estado.