Purga policial: en Bahía no hay desafectados por enriquecimiento ilícito
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Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com
La decisión política estaba tomada desde antes del 10 de diciembre de 2015. Uno de los pilares de campaña de María Eugenia Vidal era la lucha contra las mafias. Y avanza. Aún a riesgo de haber sido amenazada y verse obligada a mudarse con sus hijos a una base militar de Morón.
Decidió purgar la policía, con evidentes conexiones con el delito organizado -en especial el narcotráfico y el juego clandestino- e intervino el Servicio Penitenciario Bonaerense, otro nicho de corrupción.
La causa de los sobres descubiertos en la Departamental de La Plata, que vinculó a no menos de 9 altos jefes policiales con el cobro de coimas, fue más que un gran escándalo. Fue un mensaje. “El” mensaje.
La Auditoría General de Asuntos Internos acaba de difundir estadísticas contundentes: de casi 100 mil efectivos en todo el territorio provincial, 13.771 fueron sumariados por diversas faltas y delitos, 6.676 fueron apartados de sus funciones o directamente suspendidos y 436 quedaron detenidos.
Unos 300 legajos, que involucran a 900 policías, se iniciaron por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ninguno alcanza al personal que reviste funciones en nuestra ciudad y la región.
Sí hay 16 uniformados de la Departamental Bahía Blanca que fueron desafectados durante la administración del ministro de Seguridad Cristian Ritondo. Y 4 de ellos están detenidos por delitos graves.
Los números pueden no ser relevantes en todo el universo bonaerense -más si se tiene en cuenta que no se iniciaron sumarios por corrupción grave-, aunque un dato marca que el crecimiento de policías apartados es progresivo, si se dividen en tres semestres los 18 meses de gestión de Cambiemos. En los primeros 6 fueron 2; entre junio y diciembre de 2016, 5 y suman 9 los que desplazaron en lo que va de 2017.
De todas maneras, son dos los casos concretos en los que supuestamente abusaron de su autoridad para consumar un delito.
Uno de ellos fue cometido por el teniente Daniel Gutiérrez y el oficial Raúl Gorordo, a quienes acusan de extorsionar a carniceros de Villarino, a cambio de no secuestrarle mercadería.
El otro involucra al teniente Gerardo Filoni, presunto “datero” de una banda dedicada a hechos de cuatrerismo.
“Desde fines de 2015 a la fecha, no tenemos iniciada ninguna causa por enriquecimiento ilícito de funcionarios policiales en esta jurisdicción”, confirmó el fiscal Gustavo Zorzano, encargado de Delitos Complejos.
Zorzano prefirió no usar el término “corrupción”, porque se usa de manera genérica y también puede incluir delitos como el cohecho o exacciones ilegales, que sí se instruyen en nuestra ciudad.
“El resultado está supeditado a la cuestión penal”
“En todas las actuaciones penales donde se impute a personal policial, automáticamente se le da intervención a la Auditoría de Asuntos Internos. En general, cuando hay probanzas de autoría, se dispone la desafectación, que es una medida que se dispone prontamente cuando el efectivo es aprehendido en flagrancia”, explicó el comisario mayor Gustavo Maldonado, superintendente de la zona Interior Sur.
“En el caso puntual de la Departamental de Bahía Blanca, desde diciembre de 2015 a la fecha hubo varios detenidos. Los más notorios son el teniente (Gerardo) Filoni, que detuvo la Policía Federal; los dos que fueron detenidos en Seguridad Rural de Villarino (por el pedido de coimas) y el efectivo de Infantería, que estaba franco de servicio, por un homicidio en Carmen de Patagones”, agregó.
¿Qué significa concretamente la desafectación del servicio?, se le preguntó a Maldonado.
“Quiere decir que el efectivo queda sin prestar servicio. Se le retira arma, el uniforme y cobra la mitad de los haberes hasta tanto se resuelva el sumario. Si hay imputación penal, el resultado está supeditado a la resolución del sumario penal”, sostuvo.
Existen casos, como el de 2 efectivos de la Policía Local o el capitán Tanasijevich que, vencidos los plazos legales, y sin ninguna resolución, fueron reincorporados, aunque no con tareas operativas, según se dijo.
El decreto 1.050/09, que reglamenta la llamada Ley de Policía (13.982), establece distintas sanciones para las faltas que cometen sus subordinados.
El artículo 169 marca las siguientes sanciones disciplinarias, más allá de eventuales responsabilidades civiles y/o penales: apercibimiento, suspensión sin goce de haberes, cesantía y exoneración.
El apercibimiento es un llamado de atención que se documenta por escrito y se registra en el legajo del infractor.
La suspensión sin goce de haberes consiste en la privación temporal de los derechos, la pérdida del sueldo o parte de él y la retención de la placa y el arma reglamentaria. Esa sanción no podrá exceder los 60 días.
La cesantía y la exoneración importan la separación definitiva del personal de las policías de la provincia, con la pérdida del empleo y los derechos inherentes al mismo.
Todos cumplieron con la declaración jurada patrimonial
El gobierno provincial también avanza -con sanciones que llegarían a la cesantía- contra 25 jefes policiales que aún no presentaron la declaración jurada de bienes, tal como lo prevé el decreto 116/16.
Las principales autoridades de Bahía Blanca y la zona sí cumplieron con esta medida, según pudo averiguar “La Nueva.” en la Escribanía General de Gobierno.
En la nómina están incorporados el comisario mayor Gustavo Maldonado, superintendente de la zona Interior Sur de la fuerza; el comisario inspector Martín Luna, jefe Departamental; el jefe Distrital, comisario Claudio Petrizán; el titular del Comando de Patrullas, comisario Gonzalo Bezos y los encargados de la Policía Local, comisario Luis Marillán, y de la DDI, Liliana Pineda.
Los jefes de las 6 comisarías bahienses también figuran. Se trata del comisario Orlando Sain Germain (Primera), comisario Claudio Albarrán (Segunda), subcomisario Nicolás Juárez (Tercera), comisario Andrés Emir Mansilla (Cuarta), subcomisario Sergio Aveldaño (Quinta) y el subcomisario José Luis Obechaka (Sexta).
Moral y Caruso están de vuelta en libertad
Si de corrupción policial se refiere, la causa conocida como “Moral-Caruso”, que se instruyó en Bahía Blanca y terminó con la condena de ambos comisarios, es, seguramente, la más emblemática de esta región.
El proceso judicial se inició en 2003, la sentencia de primera instancia llegó cinco años después y recién el 11 de abril de 2015 (con última intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) ambos exuniformados fueron detenidos y trasladados a una prisión, para cumplir la pena.
La justicia les impuso 4 años de prisión, al considerar que Gustavo Aníbal Moral y Juan Manuel Caruso se enriquecieron ilegalmente a partir de su función. Estableció que, entre 1991 y 2003 incrementaron notoriamente su patrimonio.
En medio de una serie de allanamientos, se requisó una caja de seguridad del banco Macro-Bansud, abierta a nombre de la suegra de Caruso, donde se secuestraron 900 mil dólares, que eran producto del delito.
Ese dinero, una vez confirmado el fallo por la Corte, fue depositado en una cuenta judicial de la cual se lo trasladó a la administración del Patronato de Liberados, por disposición legal.
Se trata del organismo que se encarga, entre otras misiones, de llevar adelante distintos programas de la Ley de Ejecución Penal Bonaerense, especialmente destinados al control de los procesados o condenados que están en libertad.
Hace menos de un mes, tras cumplir 2 años de prisión efectiva en la Unidad N° 19 de Saavedra, Moral y Caruso salieron con libertad asistida, en los términos de la libertad condicional (artículo 104 de la ley 12.256).
Ambos fijaron domicilio en Bahía Blanca y, hasta que se agote la pena, tendrán que respetar determinadas reglas de conducta.
Causa emblemática: Irán a juicio por los “sobres” en La Plata
La Justicia de Garantías platense elevó a juicio oral la causa de los sobres con dinero de presuntas coimas hallados dentro de la Jefatura Departamental de La Plata.
Por el caso -el juicio se haría en 2018-, hay 9 comisarios y una oficial de la policía bonaerense imputados.
Serán enjuiciados el exjefe de la Departamental La Plata, Darío Camerini; su exsecretario, Walter Skramowskyj; el exjefe de Operaciones, Ariel Huck y el exsegundo jefe de la Departamental, Rodolfo Carballo.
También Raúl Frare, Sebastián Velázquez, Julio Sáenz y Sebastián Cuenca, todos extitulares de las comisarías 12, 2, 6 y 3 de Los Hornos. Todos están detenidos.
Además irán a juicio, aunque en libertad, el extitular de la comisaría 4 de La Plata, Miguel Retamozo y la oficial María Ramírez.
Cómo era la maniobra
El caso salió a la luz en abril de 2016, tras una llamada anónima al 911, de un supuesto policía que denunció que en la Departamental platense recibían por mes sobres con $ 200.000 de coimas.
Durante una requisa se encontraron, en un cajón de la oficina del secretario del titular de la Departamental, 35 sobres cerrados y uno abierto, identificados con números y letras, que corresponderían a las comisarías y que contenían $ 153.700.
Se cree que los uniformados imputados integraron “en forma organizada una asociación” que recaudaba dinero "en forma ilegítima" con la participación del personal de las diferentes comisarías.
Les exigían dinero a diferentes personas -algunos comerciantes- a cambio de seguridad o permitir funcionar sin habilitación o vender estupefacientes.
Los montos variaban entre 300 pesos y 1.000 pesos semanales. Los jefes lo recibían en sobres numerados, el primer día de cada mes.
No hay marcha atrás con los sumarios en Sanidad del Servicio Penitenciario
En La Plata creció el rumor y un medio periodístico de esa ciudad (Agencia Nova) se hizo eco la semana pasada: decía que la intervención del área de Sanidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) habría decidido dar marcha atrás con la gran mayoría de los sumarios iniciados, entre ellos casi 30 en nuestra ciudad, aunque una autoridad del SPB negó rotundamente esa posibilidad.
De hecho, los profesionales alcanzados que cumplen funciones en las cárceles de Bahía Blanca y Saavedra todavía no recibieron ninguna notificación oficial en ese sentido. Así lo confirmó uno de ellos: “es solo una versión. Según nuestro abogado, el doctor Gabriel Nardi, todo sigue como hasta entonces”, sostuvo el vocero, que prefirió mantener en reserva su identidad.
De los 28 sumarios iniciados en esta jurisdicción, 22 están alcanzados por el artículo 93 del Régimen del Personal del Servicio Penitenciario (decreto ley 9.578), vigente desde 1980, que, en caso de llegar a una sanción, prevé la destitución.
“Es una medida desmedida. Se nos imputa incumplimiento horario, se basaron en planillas que hicieron llegar a La Plata entre gallos y medianoche, pero hace 20 años que trabajamos de esta manera acá. Con horarios activos y pasivos”, explicó el informante.
“Ni hablar de las veces que trajimos medicamentos de nuestros consultorios para afrontar lo que no nos enviaban desde La Plata”, agregó.
La información de la Agencia Nova da cuenta que Javier Zouleiman, Santiago Leo y Renzo Farabetto, el tridente interventor de Sanidad del SPB, retrocedió sobre sus pasos y dejó sin efecto 900 de los 1.300 sumarios, mientras que los 400 restantes quedaron bajo revisión.
Sin embargo, “La Nueva.” consultó al doctor Juan José Baric, interventor general del SPB, quien desmintió esa alternativa.
“Solamente algunos casos, contados con los dedos de una mano, se revió la decisión. No hubo marcha atrás en nada. Sin tener los sumarios a mano, me atrevería a asegurar que ninguno de esos es de Bahía Blanca”, sostuvo Baric.