En Bahía Blanca se triplicaron las denuncias por delitos informáticos
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Pablo Andrés Pascual/ppascual@lanueva.com
Un simple correo electrónico, un mensaje de WhatsApp o alguien que desde el anonimato o bajo una identidad falsa nos contacta, puede ser el primer paso para que ingresemos en la lista de personas que son víctimas de delitos informáticos.
Estos hechos son más comunes de lo que uno piensa, aunque la falta de legislación que marque pautas claras para combatirlo, la solución por vías alternativas o hasta el desconocimiento, provocan que el número de personas que acuden a la justicia sea bajo.
En nuestra ciudad la situación es similar, aunque las estadísticas indican que la cantidad de denuncias ha crecido en los últimos tiempos, fundamentalmente referidas a delitos contra la integridad sexual de menores de edad.
En 2015, según información proporcionada por la Fiscalía Departamental de Bahía Blanca, se iniciaron 34 investigaciones por delitos informáticos, 13 de ellas por la producción, facilitación o divulgación de pornografía infantil.
Ocho presentaciones, en tanto, estuvieron relacionadas con la captación por medios tecnológicos de menores con fines sexuales (grooming).
El año pasado, en cambio, el número de causas puestas en marcha ascendió a 93, de las cuales 38 estaban vinculadas al primero de los delitos y 27, al segundo.
Por este motivo, un abogado de la fiscalía bahiense está capacitándose y especializándose, para comenzar a intervenir y colaborar en las causas iniciadas por esta problemática.
Una definición y límites confusos
Gustavo Sain, especialista en cibercrimen, profesor de la Universidad de Quilmes, y asesor en el tema del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sostiene que no existe una definición universal para el término, aunque en líneas generales se describe de esa manera al hecho ilícito en el que se utiliza un dispositivo informático como medio para cometer un delito o como fin del mismo.
“Esta ambigüedad conceptual hace que no aparezcan claramente delimitados los alcances de lo que es un delito informático y esto se traduce en que, en algunas ocasiones, tanto fiscalías como unidades policiales especializadas superponen sus funciones”, opina.
Según Sain, “si a esto le sumamos la cuestión de que estos crímenes pueden ser transnacionales si se cometen por Internet, tenemos también el problema de la territorialidad y jurisdicción en materia de investigación criminal. Lo mismo sucede con los organismos públicos encargados de la protección de datos personales, las entidades registrantes de direcciones web y las entidades competentes en materia de telecomunicaciones”.
Primer muestreo de denuncias
El especialista consultado por La Nueva. presentó a fines del año pasado el primer muestreo de denuncias judiciales sobre delitos informáticos del país, que contiene datos estadísticos de 2013 y está publicado en la página web del ministerio.
“Es novedoso, ya que pocos países elaboran informes sobre el tema sin ayuda del sector privado, donde empresas de seguridad informática o laboratorios de investigación brindan sus reportes técnicos. Ahora está a punto de publicarse el informe con datos de 2014 a 2016, con el objetivo de establecer un insumo actualizado que sirva de punto de partida para el diseño de políticas públicas sobre el tema”, afirma.
Consultado sobre los hechos más denunciados, explica que en la Justicia Federal es la interrupción o entorpecimiento de comunicaciones, mientras que en el ámbito bonaerense y de la Capital, el ofrecimiento y distribución de pornografía infantil.
Casos que no salen a la luz
Respecto de la baja cantidad de denuncias, Sain asegura que es una situación que se replica a nivel mundial.
“Esto se debe a varios factores. Uno de ellos es el desconocimiento de un usuario de que está siendo víctima de un delito informático, cuando por ejemplo su computadora es parte de una botnet (red robot de computadoras que actúan en forma concertada para el envío masivo de correos o sistemas de mensajería para la obtención de claves), sin que lo perciba, o tiene alojado un archivo espía en la máquina o el celular. También se encuentra el derrotero de muchas personas que no los denuncian por considerar que resulta imposible llegar a los responsables a partir del anonimato que ofrece Internet y la posibilidad de crear identidades ficticias”, detalla.
Sostiene que en otras situaciones los programas de antivirus detectan el problema y lo eliminan, por lo que el perjudicado no nota la situación al no ver afectado el funcionamiento de su equipo.
“También existen resoluciones administrativas que ofrecen los proveedores de servicio de Internet frente a hechos ilegales, cuando por ejemplo a un usuario le hackean su mail o cuentas de Facebook o Twitter. Lo mismo ocurre cuando un hacker utiliza una tarjeta de crédito o ingresa en una cuenta para robar dinero. En esos casos, las empresas o la entidad bancaria reparan lo ocurrido y el caso no llega a la justicia”.
Agrega que “hay un amplio porcentaje de incidentes de seguridad que suceden en el interior de organizaciones, que afectan a empleados o clientes, y tratan de resolver técnicamente el problema para que no salgan a la luz y le dé mala prensa o evitar que una firma tenga que pagar multa”.
Una lucha “profunda”
El profesional señala que en los casos de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de niños y adolescentes existe consenso y voluntad entre los gobiernos y el sector privado para investigar.
“El Estado, por definición, vela por el resguardo de los derechos y libertades de los ciudadanos, prioritariamente por su integridad física, y las empresas de Internet por el mantenimiento de los usuarios en sus plataformas, donde los jóvenes representan los grandes 'clientes' de su negocio. Así, los casos de grooming o de distribución e intercambio de material audiovisual de menores desnudos o semidesnudos poseen un porcentaje mayor de resolución y enjuiciamiento a los involucrados”.
En contrapartida, refiere que la situación resulta más complicada cuando se enfrentan a casos de distribución de virus, troyanos, mails fraudulentos para intentar robar la identidad de usuarios o los casos de ransoware, donde un hacker toma posesión de un dispositivo encriptando los datos para luego pedir un “rescate” al usuario.
Lo mismo sucede con la denominada “Internet Profunda” o Deep Web, que son redes privadas virtuales encriptadas, con acceso restringido a usuarios específicos.
“Es el underground de la red. Si bien no todas las redes de este tipo funcionan para cometer delitos, en las que se producen hechos ilícitos, al no existir un proveedor de servicio que intermedie entre la víctima y el victimario, la justicia de un país no puede solicitar datos relevantes para obtención de evidencia digital en el marco de una investigación criminal”.
Describe que estas redes constan de una serie de sitios web no accesibles para usuarios comunes, ya que no pueden ser localizadas a través de buscadores como Yahoo, Google o Bing.
Para utilizarlas emplean un programa especial y un navegador que mantiene la privacidad y el anonimato de las personas dentro de la red, lo que dificulta su rastreo y control de la actividad en el interior de las mismas.
En cuanto a los inconvenientes para cursar solicitudes por parte de la justicia a las empresas proveedoras de servicios durante la investigación de un delito, Sain considera importante contar con una legislación nacional “que regule el funcionamiento de Internet y obligue a los proveedores de servicios extranjeros a adecuar los términos y condiciones de uso a la normativa local”.
También destaca la necesidad de que esas firmas almacenen los datos de conexiones de sus clientes y los registros de acceso a aplicaciones ante un eventual requerimiento judicial.
Las redes sociales y el caso Micaela
Consultado sobre el caso en el que resultó asesinada la adolescente bahiense Micaela Ortega y los peligros de las redes sociales, Sain sostiene que “las políticas de prevención que llevan adelante los gobiernos no pueden estar basadas únicamente en informar a los usuarios de los posibles riesgos en línea. Algunos entornos virtuales, al igual que en el mundo físico, deben ser regulados”.
Dice que en la actualidad Internet no se encuentra gobernada por ninguna autoridad y "es administrada por un conjunto de organizaciones sin fines de lucro de alcance global y con fuerte incidencia de empresas del sector de telecomunicaciones e informática".
El modelo por el que bregan -agrega- es de una Internet abierta, descentralizada y libre de regulaciones gubernamentales, rigiéndose por normas y reglas consensuadas entre los usuarios y actores, con una mínima intervención de las administraciones de los países.
“Si bien es cierto que ha habido intervenciones abusivas y espionaje ilegal de parte de algunos gobiernos por sobre la red, esto mina el debate legítimo acerca de la posibilidad del establecimiento de políticas públicas en el sector, como sucede en el mundo físico con espacios infantiles de recreación, como juegos mecánicos o peloteros, donde el Estado exige ciertas normas de seguridad e higiene para su habilitación”.
“Llevado al plano virtual, cada país podría exigir a las empresas que determinados entornos virtuales establezcan mecanismos de supervisión, moderadores, reglas y controles sobre los participantes sin violar la privacidad de los mismos”, asegura.
En materia de grooming, menciona que “los padres deben hablar mucho con sus hijos sobre los riesgos y la posibilidad de ser víctima de un abuso si habla con extraños en las redes sociales y le proponen un encuentro cara a cara”.
El grooming tuvo bautismo en Bahía
En noviembre de 2013, el Senado de la Nación dio sanción definitiva al proyecto de ley para penalizar el delito de grooming y lo incorporó al Código Penal a través del artículo 131.
Esa normativa prevé penas de 6 meses a 4 años de prisión para quien “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, conectare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.
Así tipificado, el grooming tuvo su bautismo en nuestra ciudad.
Dos meses después de aquella sanción, detuvieron en Coronel Suárez a José María Faraoni, domiciliado en nuestro medio.
El hombre, según la investigación, contactó a dos adolescentes de 14 y 15 años en un recital de rock y al otro día se comunicó con ellos a través de Facebook y direccionó el diálogo hacia la sexualidad, hasta que convino un encuentro en un hotel de Suárez.
La madre de uno de los jóvenes descubrió el diálogo informático y alertó a tiempo a la policía, que atrapó a Faraoni.
En septiembre del año pasado, le impusieron 2 años de prisión en suspenso, es decir que no fue a prisión.
Otros dos casos similares terminaron en condena en Bahía Blanca.
En noviembre de 2015, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó a 9 años de prisión a un hombre acusado de abusar de una nena de 12 años tras captarla por la red social Facebook. Se trata de Emiliano Prado, y el hecho ocurrió en Punta Alta, en septiembre de 2013. "Es un caso típico de grooming", dijo el fiscal de Delitos Sexuales, Mauricio del Cero.
En agosto de 2016, Ramiro José Alberto Tumoletti recibió 6 años de prisión por acosar a una joven de Tandil. Se probó que el 24 de octubre de 2013, desde un departamento de la primera cuadra de la calle Francia, en nuestra ciudad, y mediante la videollamada de omegle.com, se le exhibió a la chica un video con contenido pornográfico infantil, en el cual se observaba a una nena de 3 años que estaba siendo abusada, y a la vez el condenado le exigía a la joven que se exhibiera desnuda, bajo amenaza de continuar con el supuesto abuso a la pequeña.
El procesado permanece en libertad hasta que la condena quede firme.
Bahía, por otro lado, también forma parte de una investigación de alcance internacional, que persigue a un hombre de otro país de latinoamérica -no se lo identifica para no entorpecer el avance de la causa- que, a través de 18 perfiles falsos de Facebook, chateaba con jóvenes y luego las obligaba a enviarle fotos y videos desnudas o en actividades sexuales.
Una joven bahiense y otra de Médanos fueron dos de sus más de 100 víctimas. La operación se denomina Ángel Guardián.
Tarjetas de crédito: dos estafas para abrir los ojos
Delincuentes que lograron obtener los datos de sus tarjetas de crédito y realizar compras online de artículos electrónicos y electrodomésticos por varios miles de pesos, estafaron a dos mujeres de nuestra ciudad, en hechos independientes que se registraron entre el año pasado y principios de 2017.
En ambos casos las víctimas pidieron auxilio en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y, mediante la gestión de la entidad, lograron solucionar el conflicto y evitaron afrontar el pago de las compras que no habían realizado.
Una de las damnificadas, Graciela, al consultar el resumen de su tarjeta advirtió la aparición de compras en una firma por unos 20 mil pesos.
Con la ayuda de familiares, y tras realizar algunas consultas, descubrió que los elementos adquiridos por el desconocido que usó sus datos fueron entregados en una vivienda de Buenos Aires.
Además de la presentación en la OMIC, la mujer realizó la denuncia penal en la fiscalía.
Una situación similar atravesó Leticia, quien descubrió el perjuicio cuando fue al banco para dar de baja a la tarjeta y le informaron que no podía hacerlo debido a que registraba una deuda de casi 29 mil pesos. Era por compras que no había hecho.
En este caso se detectó que los artículos habían sido recepcionados por una persona en Córdoba.
Desde la OMIC aconsejan revisar periódicamente los consumos de las tarjetas de crédito a través de Internet o de manera telefónica.
También sugieren no perder de vista el plástico durante una compra, para evitar que otra persona pueda tomar nota de los datos.
En caso de que el titular advierta movimientos que no realizó, debe comunicarse con la empresa emisora de la tarjeta o en el sitio web para efectuar el trámite de “desconocimiento de compra”.
Consejos para darles un enter
Con medidas de seguridad apropiadas y un uso responsable de la tecnología, las posibilidades de ser víctima de un delito informático "se reducen considerablemente", dijo Gustavo Sain.
Es necesario contar en nuestros dispositivos con antivirus y antispyware actualizados. También instalar un programa de borrado de archivos basura y permitir las actualizaciones de nuestros sistemas operativos para evitar los agujeros de seguridad.
Descargar con cuidado archivos adjuntos de mails, chats o sistemas de mensajería. Evitar volcar datos sensibles, como direcciones, teléfonos u otras cuestiones personales en conversaciones con desconocidos.
No ingresar en Home Banking ni realizar operaciones donde se indique el número de tarjeta de crédito o cuenta bancaria en ciber, locutorios o redes de wifi de bares o restaurantes.