Bahía Blanca | Viernes, 19 de abril

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Ordenan alojar en el pabellón de mujeres de Villa Floresta a una transexual

Ordenaron a una jueza que arbitre los medios para que una transexual sea alojada en un pabellón de mujeres de la U4.
Fotos: Archivo LN.

  La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal le ordenó a una jueza que arbitre los medios necesarios y le haga saber al Servicio Penitenciario Bonaerense que deberá otorgarle un cupo en el pabellón de mujeres de la cárcel de Villa Floresta a una transexual detenida hace más de un año en una causa por drogas, quien permaneció todo ese tiempo alojada en el calabozo de una comisaría debido a que desde el penal se negaban a darle un lugar argumentando que en el documento aún figuraba su identidad como hombre.

   Los jueces de la Sala II, hicieron lugar a la apelación presentada por el fiscal Jorge Viego, por lo que revocaron la resolución por la cual la magistrada de Garantías Nº 1, Gilda Stemphelet, había otorgado la libertad a la procesada y le indicaron realizar las gestiones necesarias para lograr su alojamiento en la Unidad Nº 4.

   La magistrada señaló en su momento que durante catorce meses la detenida permaneció en una celda de escasas dimensiones, sin ventilación, luz natural ni instalaciones sanitarias.

   Al momento de decidir otorgarle la libertad, la jueza planteó la lejanía de unidades con pabellones destinados a personas transexuales y entendió que no había peligro procesal de fuga.

   Precisamente, a fines de abril, al resolver sobre un pedido de arresto domiciliario, los mismos jueces habían sostenido la posibilidad, a los fines de preservar la identidad de género e integridad física, de alojarla en los penales de Sierra Chica o Florencio Varela.

   De todas maneras, en ese momento, Stemphelet determinó que permanezca en la seccional.

   La magistrada indicó que desde la U4 le indicaron que no recibirían a la detenida por no haber adecuado su condición de género a través del cambio de DNI.

   La Sala II había considerado anteriormente que “la imputada merece ser tratada conforme al género con el cual se ha identificado, sin supeditar tal reconocimiento al cambio de su nombre de pila o de su sexo en el documento”.

   Los jueces describieron que la ley 26.743 tiene como objetivo tutelar que ninguna persona sea tratada de manera distinta a la vivencia individual de género “tal como cada uno lo siente”.

   Agregaron que demorar su traslado a la unidad penal por la sola circunstancia de no haber realizado el trámite de documentación “implicaría no reconocer el derecho de identidad de género que toda persona tiene”.

   Del mismo modo, indicaron fallos en el mismo sentido resueltos en Mar del Plata y Córdoba.

   “La normativa interna del Servicio Penitenciario que se opone a brindar alojamiento a las personas trans en el pabellón de mujeres debe ceder frente a lo dispuesto en la ley 26.743”, finalizaron diciendo.

 La causa

   La imputada fue detenida junto a otras 28 personas el 20 de agosto del año pasado, cuando en el marco de una causa por comercialización de drogas, se desarrollaron unos 40 allanamientos en nuestra ciudad, la zona y Mar del Plata.

   La investigación comenzó un año y medio antes, luego que una mujer denunciara el consumo de sustancias por parte de su hijo.

   “Básicamente son tres grupos de personas, que comercializaban drogas por su cuenta y se relacionaban entre ellas", dijo por entonces el fiscal general Juan Pablo Fernández.

   “Como toda gente que se dedica a una misma actividad algún tipo de comunicación tienen, pero no significa que estemos ante una organización o banda con un cabecilla”, agregó.

   El 25 de septiembre la justicia de Garantías decretó la prisión preventiva de la totalidad de los sospechosos.

En la comisaría

   La Justicia clausuró en las últimas horas los calabozos de la comisaría Primera por las condiciones inhumanas y el riesgo de que nuestro país reciba una sanción internacional por ese motivo.

   En ese contexto, ordenaron el traslado de 21 aprehendidos que había en la dependencia de Berutti 650. 

   La decisión fue adoptada ayer por la jueza de Garantías Susana Calcinelli.