Financiera allanada por fraude impositivo
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Especialistas en informática de la Policía Federal procedentes de Buenos Aires, que realizaron ayer el allanamiento en una financiera céntrica de nuestra ciudad, analizarán en los próximos días el material secuestrado para determinar si surgen pruebas en el marco de una causa por asociación ilícita fiscal que tiene por cabeza al empresario Lázaro Báez y a usinas de facturas truchas de Bahía Blanca.
El operativo, a pedido del fiscal federal Antonio Castaño, fue ordenado por la jueza Mirta Filipuzzi, subrogante del Juzgado Federal Nº 1 y tuvo lugar en Crediba S.A., ubicado en Sarmiento 234.
Según la investigación -que lleva varios años aunque se reactivó en el último tiempo-, Austral Construcciones, referencia principal del grupo de empresas que controlaba el exsocio de Cristina Kirchner, utilizó facturas apócrifas, por miles de millones de pesos, emitidas por distintos grupos bahienses.
Uno de los grupos lo encabezan Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti, dueños de las sociedades Grupo Penta, Calvento y Terrafari.
Otro está a cargo de José, Denis, Jorge y Franco Ferreyra, propietarios de Constructora Patagónica Argentina S.A.
La imputación del fiscal también alcanza al contador Rogelio Chanquía, quien, por su profesión, habría prestado servicios para varias de esas usinas.
Roles y perjuicios
Castaño cree que Lázaro Báez es el jefe de la asociación ilícita fiscal, mientras que su hijo Martín -al igual que los Ficcadenti y los Ferreyra-, también la integraría. La facturación irregular podría superar los 100 millones de pesos.
El grupo Penta, de alguna manera, tendría un punto de vinculación con Juan Ignacio Suris, ya que habrían compartido los profesionales para el asesoramiento contable.
Suris, vale recordar, debe responder en juicio oral como posible jefe de otra asociación ilícita fiscal y en mayo de 2014 ya se había realizado un allanamiento en Crediba en relación con su causa.
“Cheques, recibos...”
El fiscal Castaño confirmó ayer a la tarde a La Nueva. que el pedido a los peritos apuntaba al secuestro de “soportes informáticos”, aunque también documentación de papel, si es de interés para el caso.
“Cheques, pagos, recibos, todo lo relacionado con el circuito del dinero de esta asociación ilícita fiscal”, confirmó el funcionario para ratificar que la operatoria consistía en que “las empresas generadoras facturaban por montos distintos a los correspondientes y por servicios que no prestaban”. De esa manera se produjo una multimillonaria evasión tributaria.
“De la investigación surge que esta financiera (por Crediba) era una de las que registraba este tipo de manejos”, amplió Castaño.
Luego declaró que por el momento no está prevista ninguna otra medida de prueba.
Ratificó, por último, que será el mismo personal que tomó parte del allanamiento el que realizará las pericias de rigor para confirmar o descartar el material secuestrado como elemento de prueba.