Bahía Blanca | Jueves, 18 de abril

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Revelan que Gils Carbó puso a 2 empleados en el juzgado bahiense que no investigó a Báez

Los nombramientos de la procuradora general de la Nación se hicieron sin autorización de la Cámara Federal local.
Foto: Archivo-La Nueva.

   La procuradora general de la Nación designó a dos empleados en el Juzgado Federal de Bahía Blanca, donde se demoró la investigación sobre el uso intensivo de facturas truchas por Lázaro Báez, según un informe publicado hoy en lanacion.com.ar.

   Alejandra Gils Carbó designó a Victoria Fraga y Leandro Massari sin consultar con la Cámara Federal bahiense, “pasando por encima de la frontera entre Poder Judicial y Ministerio Público, lo que podría configurar el delito de abuso de autoridad, además de generar un potencial conflicto de intereses”, según el informe.

   La designación se concretó el 24 de julio del año pasado, pero se conoció ahora, al tiempo que el fiscal federal bahiense Antonio Castaño acusó a Báez y a empresarios locales de confeccionar facturas truchas para evadir impuestos.

   El desembarco de ambos se produjo a pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien arribó a Bahía como subrogante tras la salida de su antecesor, Santiago Ulpiano Martínez.

   Desde su arribo, “la investigación sobre Báez languideció mientras un exsecretario del tribunal dio a entender que la paralizó a propósito. Ramos Padilla le requirió a Gils Carbó la ‘adscripción’ de ambos empleados, a lo cual accedió la procuradora, mediante la resolución 2287/15, basada en el Régimen General de Adscripciones”, dice la nota de La Nación.

   En la Procuración defendieron la legalidad de las designaciones, sin embargo el Régimen General de Adscripciones establece que esos nombramientos deben ser resueltos por las autoridades de cada jurisdicción, en este caso debió autorizarlos la Cámara Federal de Bahía Blanca.

   Sin esa autorización, la Cámara le requirió información sobre sus empleados al juez Ramos Padilla, quien nunca respondió, y entonces en agosto del año pasado lo informó a la Suprema Corte.

   “10 meses después, tras las salida del kirchnerismo de la Casa Rosada, un testimonio aportó más luz —dice el informe de La Nación—: el exsecretario desplazado del juzgado, Mario Fernández Moreno, detalló que ‘lo primero’ que hizo Ramos Padilla al asumir la subrogancia fue reunirse con el abogado de 2 de los empresarios emisores de facturas truchas para Báez y revisar la causa que había motorizado su antecesor.”

   Ramos Padilla le informó al Consejo de la Magistratura que actuó con celeridad para resolver la situación de los detenidos, la droga incautada y cientos de expedientes para sentencia.

   La Procuración también se desligó de los reclamos de la Cámara Federal de Bahía Blanca.