Reclaman que la comuna rescinda el contrato por la cantera de Indiada

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

Luego de que las concejalas Elisa Quartucci (Integración Ciudadana) y Aloma Sartor (Unión Cívica Radical) solicitaran detalles sobre un convenio rubricado entre el municipio y una empresa llamada Central Building SA, en un predio de 33 hectáreas ubicado en Indiada al 2000 en el cual la comuna extrae tosca, un empresario pidió la rescisión de ese contrato y envió una carta documento al intendente Gustavo Bevilacqua en la cual asegura que iniciará acciones legales.

Se trata de Raúl Hinding, propietario de Cydind SA, firma local que además de ser proveedora de la Municipalidad está habilitada para la extracción de tosca por la Dirección de Minería de la Provincia de Buenos Aires.

En la presentación, Hindig asegura que el convenio no podría haberse celebrado por la existencia de al menos dos litigios que se tramitan en la Justicia.

“Eso deriva en la imposibilidad de realizar actos que afecten al inmueble hasta tanto la cuestión se resuelva judicialmente”, afirma.

El empresario también advierte que el convenio podría traer “consecuencias penales hacia su persona (en referencia a Bevilacqua)”, debido a que “podría haberse suscripto con alguien que no se encuentra legitimado para tal acto”.

Además manifiesta que en el texto del acuerdo que se firmó con "la excusa" de cancelar una deuda de Central Building SA con la Municipalidad “no figuran montos ni cuotas a vencer” e incluso “propicia la evasión impositiva”.

Como si eso fuera poco, agrega que el municipio “está comprando sin haber llamado a licitación a particulares que no cuentan con la habilitación para hacer tareas de minería, en un sector del ejido urbano donde no podrían habilitarse canteras”.

Por último la misiva sostiene que el sector “donde se extraería el material correspondería a una calle cedida por plano, lo que implicaría que se estaría adquiriendo a un tercero algo que no le pertenece porque es del Estado”.

En la última línea de la intimación, Hinding pide clausurar el lugar en un plazo de 72 horas.

Las dudas sobre esta explotación resurgieron la semana pasada, cuando el empresario se acercó al Concejo Deliberante a contar lo que estaba ocurriendo en ese predio.

Días después se presentaron al menos dos personas (cuyas identidades no trascendieron) que aseguraron ser propietarias de la extensa franja de tierra, quienes habrían radicado una denuncia penal.