Bahía Blanca | Miércoles, 24 de abril

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La Asociación de Magistrados, muy dura por el avance K contra un juez

El Consejo de la Magistratura de la Nación busca remover al juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de causas sobre lesa humanidad y de venta de facturas truchas en favor de Lázaro Báez.
Lázaro Báez, uno de los empresarios estrella del kirchnerismo. La salida de Martínez lo favorecería.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional advirtió sobre la "ilegal moción" aprobada ayer por la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, que propuso al plenario del cuerpo la remoción del juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, doctor Santiago Ulpiano Martínez, quien ejerce ese rol desde el año 2012.

La decisión de la Comisión de Selección, adoptada por una mayoría integrada por los consejeros Anabel Fernández Sagasti (diputada nacional), Héctor Recalde (diputado nacional), Julián Alvarez (representante del Poder Ejecutivo) y Jorge Candis (representante del ámbito científico y académico), "implica la remoción de un magistrado subrogante por fuera de los canales disciplinarios específicamente dispuestos por la ley a esos fines, y lesiona la estabilidad que asiste a los jueces subrogantes hasta tanto sea definitivamente cubierta la vacante que atienden. Tales principios, que consagran la estabilidad mínima que demanda la labor jurisdiccional, a más de resultar expresamente contemplados en el derecho interno, forman parte de los postulados básicos que los organismos internacionales exigen para el servicio de justicia (Corte Interamericana de Derechos Humanos en autos “Apitz Barbera y otros vs. Venezuela”, rta. 5/5/2008, entre otros)", se indicó en un comunicado.

En ese marco, agregaron, la situación del doctor Martínez se presenta como portadora de "especial gravedad", toda vez que los fundamentos empleados para disponer su apartamiento constituyen "sin excepción, críticas al contenido de decisiones de carácter jurisdiccional adoptadas en procesos penales" en donde quienes denunciaron su actuación ante el Consejo resultan parte.