Dudas sobre el impacto de la nacionalización de los trenes

Redacción de La Nueva.

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Por Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com

Promocionada por el kirchnerismo como un hito histórico, la flamante ley de nacionalización de los ferrocarriles tiene mucho más que ver con las palabras que con los hechos y abre no pocos interrogantes sobre los reales efectos que tendrá en el sistema regional.

Se habla de las ventajas que supone que el Estado posea ahora la potestad para fijar las reglas de juego, siendo el responsable de la planificación y gestión del sistema carguero y de pasajeros, al tiempo que habilita la revisión de las concesiones que siguen en pie como resultado del proceso privatizador.

También se destaca como positivo que la firma Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado tenga a su cargo la gestión estratégica y la recuperación de las vías para el transporte de carga, por cuanto la optimización de este sistema podría reducir en un 80% los costos de flete de las economías regionales.

Ahora, ¿por qué pensar, en caso de que el actual gobierno continúe luego de diciembre, que quienes fueron los encargados de velar por el patrimonio ferroviario y miraron para otro lado durante años, permitiendo el saqueo de estaciones, galpones y talleres, ahora vayan a cumplir con esta misión?

Si bien es cierto que la condena de los ferrocarriles se decidió en anteriores gobiernos, debieron pasar 10 años para que los anuncios de reactivación hechos durante la gestión de Néstor Kirchner se llevaran a la práctica, aunque acotados a la Capital y pocos puntos del interior con buen número de votantes. Ni una sola migaja de esta millonaria inversión estatal en material rodante chino benefició a las zonas más postergadas, incluso a la nuestra.

Por lo pronto, y más allá de las afirmaciones políticas y gestos de campaña, habrá que ver cuándo y cómo comienza a instrumentarse la ley. En principio, y ante la falta de recursos estatales, todo hace pensar que Ferroexpreso Pampeano (Techint) y Ferrosur Roca (Camargo Correa) continuarán prestando servicios de carga, ya que el Estado no tiene capacidad concreta para asumir esa prestación y no se sabe cuándo, si efectivamente así ocurre, el Estado procederá a reconvenir los contratos para que esas empresas se transformen en operadores.