Terminó “la bicicleta”: fue liberado el envío desde la Provincia

Redacción de La Nueva.

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Poco después del mediodía de ayer, el juez de faltas, Ricardo Germani, firmó el oficio por el cual representantes del gobierno provincial fueron autorizados a retirar las mil cajas con mercadería y las 51 bicicletas enviadas por el gobierno bonaerense, que fueran secuestradas el pasado jueves por personal municipal, en el marco de un operativo que por muchos fue considerado como resultado de la interna política.

De esta manera, se puso punto final al singular episodio que derivó en la incautación de todo ese lote remitido desde el Ministerio de Desarrollo Social, para ser entregado a distintas instituciones locales, luego de que supuestas llamadas anónimas alertaran sobre la descarga de los productos en el predio que ocupan los bomberos voluntarios del barrio Noroeste, no habilitado para ese fin.

El acta de infracción respectiva, de acuerdo a lo informado ayer por Germani a "La Nueva." daba cuenta de que el lugar de acopio no contaba con una habilitación para ese destino, sobre todo en el caso de cajas que contenían mercadería perecedera.

Por otra parte, según dijo, tampoco se disponía de documentación que acreditara su origen.

“La actuación de los inspectores fue correcta. El lugar no tenía habilitación sanitaria ni comercial para ser utilizado en el acopio de mercadería perecedera, así como tampoco la documentación relacionada con su procedencia”, ratificó el juez Germani.

Recibida el acta en el juzgado, Germani citó a los responsables del envío, haciéndose presentes en el juzgado el director provincial de Desarrollo y Promoción Industrial del ministerio, Fabricio de Arriba Arévalo; el coordinador regional de Políticas Socioeducativas, Pablo Estefaneli, y el coordinador del Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Floreal Gramajo, quienes presentaron la documentación exigida.

Germani confirmó a este diario que el acta firmada por Gustavo Altuna, director de Fiscalización de la Municipalidad, indica que se llegó al lugar a partir de “denuncias”, sin especificar de qué tipo o por qué medio fueron recibidas.

La política, en silencio

El municipio mantuvo silencio ayer en relación al hecho.

Consultado por este diario, ni el intendente municipal, Gustavo Bevilacqua, ni el secretario de Gobierno, Fabián Lliteras, quisieron hacer referencia al caso, a pesar de que desde los bloques del Concejo Deliberante alineados con el gobierno provincial insistieron en que todo el procedimiento fue “una clara maniobra política”.

Llamativamente, tanto Lliteras como el secretario privado del jefe comunal, Martín Laplace, mencionaron a "La Nueva." que quien iba a hablar sobre esta cuestión es Germani.

Claro que el juez lejos estuvo de hacer una lectura política de lo ocurrido.

“No me corresponde hacer juicios de valor político. Mi intervención es estrictamente técnica, analizando la legalidad del procedimiento llevado adelante y las formas procesales. De esas cuestiones hablarán otros”, dijo Germani.