La fiscalía bahiense investiga a una abogada por falsificar sentencias de un juez

Redacción de La Nueva.

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A raíz de una denuncia penal efectuada por el juez Civil y Comercial Nº 5, doctor Federico Bostal, agentes de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 18, de delitos económicos, investigan a una abogada particular de nuestra ciudad.

La letrada se encuentra sospechada de falsificar sentencias que el magistrado nunca redactó, maniobra con la que habría estafado, al menos, a dos clientes de escasos recursos.

Fuentes oficiales vinculadas con el caso identificaron a la letrada acusada como Karina Smiraglia, quien anteriormente había sido suspendida por las autoridades del Colegio de Abogados de nuestra ciudad.

“Hace unos días me avisaron del área de Receptoría de Expedientes sobre la existencia de dos particulares pidiendo un expediente, pero ahí les informaron que ese expediente no existía, que nunca se había iniciado ni tenía radicación en este juzgado”, afirmó ayer el juez Bostal.

“Entonces esta gente preguntó `¿cómo no va a existir ese expediente si acá tenemos la sentencia firmada por el doctor Bostal?´. Pero en realidad era una fotocopia. Por eso cité a estas personas para entrevistarlas y noté lo burdo que era todo, porque (la sospechosa) ni siquiera tuvo el esmero de tratar de falsificar mi firma”.

“Había unas iniciales y también me ofendía lo mal redactada que estaba la demanda. Pero me indigné y me afectó más cuando estas personas me contaron sobre la estafa que las dañó, por eso los mandé al tribunal de disciplina del Colegio de Abogados y les sugerí que relataran lo sucedido en los medios”, acotó.

“En realidad mi daño era colateral y las víctimas eran ellos. Me comprometí a llevar a cabo una denuncia penal un poco por ellos y un poco por el sistema (judicial)”, continuó diciendo el magistrado.

Como consecuencia del grave episodio, el doctor Bostal redactó una denuncia penal que elevó al Fiscal General Juan Pablo Fernández y también envió una copia al Colegio de Abogados de nuestro medio.

“La verdad es que la abogada inventó una sentencia para calmar a esta gente y sacarle plata. Uno de los dos temas era referido a una usucapión que estaba hecha así nomás; armó una sentencia con la parte condenatoria y una firma mía apócrifa”, afirmó Bostal.

“Los particulares me dijeron que (la acusada) les había sacado tanta plata para el plano y tanta para otras cosas. Son dos personas de escasos recursos y según personal del juzgado mío hay un tercer damnificado que también averiguó. Pero esta gente me dijo que en total podrían ser alrededor de diez los perjudicados”, manifestó.

“Después me enteré que esta misma abogada había hecho otras maniobras, como el levantamiento de un embargo con un oficio trucho. Hacía esas cosas y, de hecho, anteriormente había sido suspendida por el Colegio de Abogados”, completó el vocero.

Acerca de la letrada y al ser consultado por un cronista de este diario, el funcionario judicial manifestó que si bien “se la ve poco” en los tribunales bahienses, “debe tener como 20 años en la profesión”.

“De hecho la cruzo y también la saludo. Me han dicho que muda mucho el domicilio para evitar este tipo de cosas. No se le conocen expedientes porque en realidad no los presenta”, indicó la fuente.

“Eran variadas las fechas de las sentencias, siendo que una databa de dos meses atrás, mientras que otra era del año pasado. Por otra parte, repetía el número de expediente; es decir que las hacía iguales dentro de un modelo", manifestó.

"En este caso no se trata de una víctima colectiva en la que existen diez personas perjudicadas por un hecho, sino que cada damnificado tenía un caso diferente”, sostuvo.

“Hay otro particular damnificado por cuestiones vinculadas con derecho laboral”, concluyó el juez Federico Bostal.

Según sostuvo un informante de la UFIJ Nº 18, que se encuentra a cargo del fiscal Rubén Álvarez, funcionarios de ese organismo solicitaron informes de la letrada investigada al Colegio de Abogados bahiense.

“Es una estafa de ribetes complejos por cómo se ha llevado a cabo la maniobra, que amerita la intervención de la fiscalía especializada en delitos económicos”, explicó el vocero.

“Todavía no tenemos la confirmación del Colegio de Abogados de que se trate de una persona matriculada", señaló.

"La estafa se cometió en Bahía Blanca y resulta obviamente grave porque los damnificados son personas de clase media, que confiaron en esta abogada y fueron estafadas. Incluso, habían solicitado créditos”, manifestó.