En el sur buscan apurar el rechazo a la eliminación de los reembolsos
-
- copiado al portapapeles
-
- copiado al portapapeles
Tras vencerse los plazos para obtener algún tipo de respuesta por parte del Gobierno Nacional, senadores solicitaron que se realice una sesión especial para tratar el tema del DNU de reembolsos por puertos patagónicos.
Según la agencia de noticias chubutense ADNSUR, si bien se tendría que haber tratado el 31 de mayo, un pedido del Gobierno Nacional que fue aceptado por los senadores lo impidió y se solicitó un plazo de 15 días para la presentación de una propuesta alternativa que nunca llegó.
Por tal motivo varios senadores decidieron solicitar la concreción de una sesión especial para tratar el tema del DNU de reembolsos por puertos patagónicos, para expresar su rechazo al mismo, ante las problemáticas que genera al sector.
En concreto, uno de los promotores del reclamo, es el senador comodorense por Chubut, Alfredo Luenzo, quien especificó que el pedido fue hecho por la Casa Rosada el 31 de Mayo durante una reunión con el gobernador Mario Das Neves.
“La solicitud responde al incumplimiento por parte del Ejecutivo Nacional de ofrecer una solución en un plazo de 15 días a partir del 31 de mayo pasado”, remarcó el legislador.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri que eliminó los reembolsos para puertos patagónicos tuvo el año pasado un dictamen mayoritario de rechazo en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero ese despacho nunca llegó a ser tratado en el recinto, como lo dicta la ley que regula los DNU.
Es así que la mayoría de los senadores de Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y La Pampa reclamaron el mes pasado que el dictamen de rechazo al DNU fuera sometido a votación en el recinto de la Cámara alta en la sesión del 31 de mayo.
No obstante, con el fin de evitar una fuerte derrota política, el Gobierno -cuyos legisladores son minoría en el Senado- abrió una negociación con los gobernadores para tratar de ganar tiempo.
Ese mismo 31 de mayo, un día después del encuentro que mantuvo Das Neves con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la Casa Rosada, los senadores aceptaron -a pedido de los gobernadores- esperar 15 días para que el Poder Ejecutivo ofreciera una solución al reclamo de los mandatarios de la región y sus legisladores, pero ya cayeron todos los plazos y, según entienden en el sur, urge una solución.
Impacto negativo
Un eventual regreso de los reembolsos a los puertos patagónicos implicaría un duro golpe a nivel local.
El régimen que había reinstaurado Cristina Fernández de Kirchner poco antes de dejar el gobierno, reconoce antecedentes nefastos para el puerto local.
Se instrumentó por primera vez en la década del '80 so pretexto de activar, mediante medidas de promoción, la producción patagónica en tiempos de tensión con Chile, país que promovía exenciones fiscales en Punta Arenas.
Sin embargo, no pocos sostienen que respondió simplemente al lobby de dirigentes y ex legisladores patagónicos que terminó con las exportaciones de fruta y con la pesca de altura para Ingeniero White, dos actividades que habían llenado de puestos de trabajo a los muelles locales y a la ciudad.
En mayo de 2016 la Justicia Federal no hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consorcio de Gestión del Puerto, en noviembre de 2015, pidiendo la suspensión del decreto que reinstauró los reembolsos hasta tanto la Justicia resuelva la cuestión de fondo planteada, es decir, la inconstitucionalidad de la medida nacional.
Para el diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello, el decreto de CFK violaba el artículo 12 de la Constitución Nacional que dice con toda claridad que “en ningún caso” pueden “concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio.”
Por otro lado dijo que resultaba también inconstitucional por ir directamente en contra de un Tratado Internacional al que adhirió nuestro país, mediante el cual se creó la Organización Mundial del Comercio y se estableció, en uno de sus anexos, la obligatoriedad de eliminar progresivamente las subvenciones a las exportaciones y no aumentar el nivel de las mismas.
El legislador también puntualizó que en realidad es una burda y artificial distorsión del mercado, configurando una arbitraria intervención estatal y sin beneficio real alguno.