Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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Bahía espera por un instituto de menores

El 31 de octubre se cumplirán tres años del incendio intencional en el instituto Valentín Vergara. El inmueble está casi en las mismas condiciones que cuando se quemó.

Juan Pablo Gorbal

jgorbal@lanueva.com

Cada año, en Bahía Blanca, unos 400 asaltos con armas, robos y hurtos son cometidos por menores de edad. La estadística oficial de la Procuración -desde 2012 a la fecha- demuestra que, en promedio, todos los días se debe instruir al menos una causa en ese fuero por los delitos que mayor sensibilidad generan en la inseguridad urbana.

Sin embargo, en nuestra ciudad -mientras la "guerra" juvenil en el Noroeste sigue sin tregua- no existe ningún instituto de régimen cerrado o semiabierto para contenerlos y muchos menores en conflicto con la ley de Responsabilidad Penal Juvenil (entre 16 y 18 años) deben ser trasladados a 350 kilómetros o más de nuestra ciudad. Lejos de su casa. Y de las recomendaciones legales.

La cuestión puede parecer solo geográfica o territorial. Pero no es así. Genera perjuicios. Para el menor, para el sistema que debe contenerlo y juzgarlo y para la sociedad en su conjunto.

Nadie lo confirma oficialmente, pero en el ámbito tribunalicio algunos operadores creen que, para no desintegrar al joven de su núcleo familiar (a fin de no vulnerar sus derechos), los jueces -ante la falta de alternativas en el medio y lo dificultoso, oneroso, ineficaz y desaconsejado que significa el traslado- muchas veces se ven obligados a otorgarles el arresto domiciliario, que es una medida de casi nulo control, con lo cual la posibilidad de alejar al menor de sus relaciones tóxicas se desvanece y al mismo tiempo crecen las chances de que vuelva a quedar en situación de vulnerabilidad y delinquir.

"Jamás me lo han dicho, pero tengo la sensación de que si existiera un paso intermedio, como había antes con el instituto Valentín Vergara, se darían más prisiones preventivas en esa condición y no tantos arrestos domiciliarios", reconoció un funcionario judicial.

Los jóvenes de extremo peligro sí son destinados a centros cerrados de Azul, Mar del Plata o La Plata. Hoy son entre 15 y 20 de este departamento judicial.

Pero esta decisión también provoca dificultades, y no solo para el chico, que además de sufrir la ruptura con su entorno empieza a convivir con jóvenes de realidades más "densas", hecho que deriva en una complicada resocialización en su vuelta a la ciudad.

Por otra parte, para el fuero de Menores, en este marco, es casi impracticable llevar adelante los procesos penales en tiempo y forma, desde el momento que se depende de los plazos del Ejecutivo para trasladar a los menores en conflicto legal cuando son requeridos o bien para darles la posibilidad de prestar declaración, realizar algún planteo o pericias. Por cada causa, un menor concurre no menos de 5 veces a los tribunales y su presencia en todos los actos, según la ley, es obligatoria. A su vez, hay que tener en cuenta el dispendio, porque en cada viaje se deben destinar personal de custodia y recursos económicos para recorrer, muchas veces, más de 1.000 kilómetros.

"El traslado de los chicos genera graves problemas. Muchas veces hay que suspender las audiencias. Además, al momento del juicio, el juez debe tener en cuenta el comportamiento durante la detención, si fue respetuoso a las normas y receptivo a los tratamientos psicológicos y a las capacitaciones. Debe conocer el legajo y, para eso, tienen que venir a declarar los que operaron con el menor, por ejemplo psicólogos y directores de los institutos, pero muchas veces esos traslados se dificultan", explicó otro funcionario bajo reserva de identidad.

Los jueces locales de Garantías del Joven, Claudia Olivera y Esteban Usabiaga, viajan periódicamente a visitar a los jóvenes trasladados a otras ciudades, aunque a la distancia es mucho más complejo el monitoreo para lograr el fin del proceso (marcado por la ley 13.634), que es promover su reintegración y que asuma una función constructiva en la sociedad.

También el cuadro legal apunta, de manera taxativa (artículo 6 de la ley 22.278), que cuando los menores penados alcanzan la mayoría de edad deben cumplir el resto de la condena en establecimientos para adultos, aunque en la práctica no siempre se da. Conviven menores y mayores. De hecho, cuando se incendió hace casi tres años el instituto Valentín Vergara, compartían las instalaciones un grupo de menores con un chico de 21.

La distribución no responde a un criterio lógico

La máxima autoridad provincial en la materia reconoció que nuestra ciudad está, de alguna manera, "olvidada" en este aspecto.

"Bahía Blanca es un departamento judicial que tiene un índice de conflictividad importante dentro de la provincia y, desde mi punto de vista, necesita un centro, no sé si cerrado, pero por lo menos de Contención. El índice de conflictividad en Bahía no es alto en el contexto provincial, creo que es el 6% (NdR: fue 4,6% en 2015), lo que no implica que no sean delitos que ameriten detención o la prisión preventiva de los chicos", sostuvo Felipe Granillo Fernández, subsecretario bonaerense de Responsabilidad Penal Juvenil.

- ¿Por qué en la ciudad no existe un instituto de estas características, más allá de lo que pasó con el Vergara?

No sé si ha sido pensada con algún criterio la distribución territorial de los centros en la provincia, no pude encontrar ningún criterio lógico para sostener esta distribución. Hay muchas zonas donde va quedando un territorio muy amplio sin centros. La situación de Bahía, por ejemplo, se replica en la zona norte de la provincia. Igual, hay que tener en cuenta que la conformación de un centro no solo implica la construcción edilicia, sino también la designación de personal y todas esas cuestiones.

De todas maneras, Granillo Fernández insistió: "Estoy convencido de que la mejor salida no es el encierro, sino que debe ser la última y hay que trabajar en medidas alternativas, que es lo más importante para reforzar, aunque es cierto que Bahía necesita un centro".

Hoy, en el marco penal, solo existe en Bahía lo que se llama Centro de Recepción (ubicado en el predio del Vergara, con acceso por Holdich). Se trata de tres habitaciones, tipo calabozos, con capacidad total para 6 menores. Según el funcionario provincial, allí, "se puede cumplir el encierro del chico hasta los 6 meses, con prórroga de un año", aunque desde el ámbito judicial local se subrayó una diferencia de concepto legal: "en los Centros de Recepción los menores pueden estar solo 5 días, hasta que el juez resuelve qué hacer", es decir, si lo mantiene privado de la libertad (la prisión preventiva, y el consecuente traslado, se dictan generalmente en delitos con violencia contra las personas) o le otorga una medida alternativa.

Los arrestos domiciliarios y demás morigeraciones deben ser controlados por los denominados Centros de Referencia (funciona una pequeña oficina en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense), que articula como lo hace el Patronato de Liberados en el caso de los adultos.

Granillo Fernández agregó que las otras dos instituciones que completan el sistema son los Centros de Contención (regimen de semilibertad, como era el Vergara) y los Centros Cerrados. En estos casos hay más de 600 plazas en la provincia, aunque ninguna en nuestra ciudad.

"No hay prohibición de traslado de los menores a otras jurisdicciones, aunque la ley sí tiende a fomentar los lazos familiares y estas cuestiones (como las que suceden en Bahía) tienen que ser consideradas", reconoció.

“Una bomba de tiempo a punto de explotar”

Lapidario. Un relevamiento que publicó en abril pasado el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) denunció graves falencias en los institutos provinciales, al punto de poner al sistema al borde del colapso.

El gremio indicó que más del 40% de la población son mayores de edad, incluso jóvenes de hasta 23 años y condenados por graves delitos penales, como en Azul. También se advirtió por fuga de internos, suicidios, proliferación de roedores y hacinamiento en todas las dependencias, con riesgo de que proliferen enfermedades infecciosas.

Según SOEME, se detectó que muchos menores duermen en el piso y que existe "un sobrecupo de jóvenes y escasez de operadores". En algunos casos, 8 empleados deben contener a más de 60 internos.

Por otra parte, advirtieron que un menor que protagonizó un violento motín en el instituto Roca, de la Capital, fue derivado a un centro de Virrey del Pino, dependiente del Estado provincial, con lo cual se violó la normativa que impide en el ámbito bonaerense alojar a menores que cometieron delitos en jurisdicción federal.

"Nosotros somos personal de minoridad y no tenemos la formación ni tampoco podemos cumplir las funciones de un agente del Servicio Penitenciario. El sistema de minoridad de la provincia es una bomba de tiempo a punto de explotar”, declaró Sergio Otero, prosecretario de Minoridad de SOEME.

El Vergara es un edificio "irrecuperable"

La madrugada del 31 de octubre de 2013, un grupo de internos del instituto Valentín Vergara se enfrentó con el personal de la entidad y, en medio de un amotinamiento, quemó colchones y ropa. El fuego se propagó a todo el edificio de Almafuerte y Holdich y lo destrozó. A casi tres años, la histórica casona que ocupara Wiliam Harding Green y que pertenece al patrimonio bahiense, no se recuperó.

Esa falta de respuesta del Estado provincial, que nunca incluyó la refacción en el presupuesto o un cambio de sede, incide de manera directa en la problemática, porque se perdió un espacio local de alojamiento, más allá de que tenía un funcionamiento precario, con problemas sanitarios y de habitabilidad.

"Según los informes que me dieron desde el área de Arquitectura, el edificio es irrecuperable", anunció Granillo Fernández, al tiempo que insistió que "sería más interesante pensar en tener otro Centro de Contención en Bahía Blanca, que cumpla la función del Vergara".

"Lo del Centro Cerrado sería otro análisis que habría que hacer", cerró.

Desde el gremio de ATE manifestaron preocupación por la indefinición respecto del histórico inmueble.

"Está igual que cuando se quemó y no se está respetando lo que dice la ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que busca regionalizar y evitar el traslado de menores fuera del distrito", aseguró Viviana Marfil, representante local de empleados estatales.

Marfil también cuestionó el tiempo de detención de algunos menores en el Centro de Recepción, ya que "deberían estar 5 días pero hay algunos que los han dejado hasta tres meses, porque no hay otro lugar, sino los derivan a otras ciudades".

"Desde lo penal no hay institutos en Bahía y no hay ninguna explicación de por qué no hay. La misma ley aconseja no romper los vínculos y trabajar con la familia, no solo con el menor. Sí funcionan, desde la parte de Promoción y Protección, la Casa de Abrigo (Zelarrayán al 800, ex Instituto Alfonsina Storni) y el Juan Manuel de Rosas (Rincón al 4000), que fue reformado por los trabajadores y alberga a adolescentes con problemas de adicción", explicó la gremialista.

A modo de reflexión, Marfil remarcó: "cuando un chico de 16 años está en conflicto con la ley, es porque el sistema estatal no llegó a tiempo o falló".