Emergencia en violencia de género
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Con el caso Katherine Moscoso en la agenda política, el Concejo Deliberante aprobó ayer, por unanimidad, la emergencia en violencia de género en Bahía Blanca.
La medida tiene el objetivo de revertir el número de víctimas en la ciudad y, para ello, el municipio tendrá la facultad de modificar partidas presupuestarias y acordar acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El proyecto fue realizado por el concejal Manuel Mendoza (FAP), quien lo había presentado en agosto de 2014, aunque desde entonces esperaba un informe de viabilidad en la comuna, aunque tras el crimen de la joven montehermoseña y otros hechos de violencia ocurridos en nuestra ciudad se aceleró el tratamiento.
La nueva ordenanza establece que el Ejecutivo deberá conformar “casas-refugio” que servirán como lugares de tránsito para la atención y albergue temporario de las víctimas y, a la vez, que se deberá garantizar el dinero necesario a las entidades que brinden los servicios de atención psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica.
Al mismo tiempo tendrá que establecer una red de contención social entre los diferentes niveles del Estado e implementar programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de “autovalimiento” de la mujer.
La comuna también tendrá que otorgar una asignación económica mensual a las mujeres que se encuentren en situación de emergencia, la cual será equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. El beneficio se obtendrá por 6 meses, a los fines de permitirles reinsertarse laboralmente y encontrar un nuevo hogar.
Este recurso económico podrá renovarse con la supervisión de los cuerpos técnicos municipales, que deberán preservar y resguardar la identidad de la víctima.
Además se estableció que el municipio adoptará y dictará las medidas necesarias y urgentes para la implementación de la normativa junto a la Red Local de Violencia de Género y organismos que trabajen en la temática.
También tendrá que realizar campañas publicitarias y establecer una política integral de tratamiento junto a la Mesa de Violencia de Género que funciona desde 2012.
“Es fundamental revertir estereotipos y patrones de machismo y discriminación en toda la sociedad a través de mensajes claros y masivos, incluso en el propio sistema judicial, ya que este debe intervenir en favor de la víctima y muchas veces no brinda las respuestas necesarias”, justificó Mendoza.