Torres Crono: agrimensores se diferencian por la plusvalía
-
- copiado al portapapeles
-
- copiado al portapapeles
El Colegio de Agrimensores, Distrito III, con sede en nuestra ciudad, presentó un escrito en el Concejo Deliberante para manifestar su disidencia con la postura de los otros colegios profesionales –arquitectos, ingenieros y técnicos-, en cuanto a cómo determinar la plusvalía que pretende exigir el municipio por permitir construir más metros cuadrados de los admitidos por la normativa al complejo edilicio Crono, que se pretende erigir en el terreno de Dorrego y General Paz.
Mientras que el resto de los colegios mencionados sugirieron el cobro de un valor equivalente al 20% de los metros cuadrados en más que podrán construirse a partir de la excepción (unos 4 millones de pesos), los agrimensores indicaron que esa plusvalía es el incremento del valor que experimenta el suelo, y no la valorización de la edificación. Ese aumento del valor de la tierra debe además tener su origen en obras realizadas por el Estado, por caso obras de infraestructura.
En ese sentido, los agrimensores mencionaron que corresponde a los técnicos del catastro municipal, como responsabilidad indelegable, determinar ese incremento del valor del suelo.
Recomendaron, por último, la redacción de una ordenanza general a fin de atender las nuevas realidades urbanas y dejar establecido que el mayor valor de una parcela por acciones ajenas a su propietario se defina en función de la excepción otorgada por las oficinas técnicas municipales.
La espera
Esta semana podría ser clave para que el CD apruebe finalmente la excepción para la obra que se pretende realizar en el predio que ocupara el exmolino harinero Godio, que incluye dos torres de departamentos, de 24 pisos cada una, y un edificio de cinco niveles.
“Puede ser que esta semana se discuta en la sesión del jueves, porque ya tenemos los elementos necesarios para tomar una decisión”, señaló ayer a La Nueva. el presidente de ese cuerpo, Santiago Mandolesi Burgos.
El expediente en cuestión llegó al legislativo a fines de 2014, buscando autorización para construir 6.200 metros cuadrados más de lo permitido (21.400m2 en lugar de 15.200 m2). Se trata de una inversión estimada en 25 millones de dólares, con una plazo de ejecución estimado de cinco años.