Deberán decir si tienen familiares o amigos políticos
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Por Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com
El intendente Gustavo Bevilacqua firmará en las próximas horas un decreto en el que establece que todo proveedor municipal deberá presentar una declaración jurada en la cual indique si tiene relación de parentesco o amistad con funcionarios públicos municipales, provinciales o nacionales.
La iniciativa también exigirá que las sociedades comerciales que venden sus productos o servicios a la Municipalidad den a conocer la identidad de sus propietarios y sus vinculaciones con cualquier responsable de administrar fondos públicos.
Así lo anunció ayer el propio jefe comunal a "La Nueva.", a la vez que explicó que la medida es inédita a nivel nacional y que la impulsa porque pretende garantizar la transparencia en las contrataciones que realiza el municipio.
“La idea surgió a través de diferentes charlas con el titular de la Agencia de Innovación y Gobierno Abierto, Esteban Mirofsky. Queremos abrir los datos de la comuna y que las empresas que se benefician con dinero público también sean transparentes”, dijo Bevilacqua.
De esa forma se pretende “blanquear” las relaciones que pudieran existir entre los interesados en recibir contratación municipal y “personas políticamente expuestas”, de acuerdo a lo establecido en la resolución 52/2012 de la Unidad de Información Financiera.
En la misma están incluidos desde el presidente de la Nación, legisladores provinciales y nacionales, magistrados del Poder Judicial, responsables de las empresas del Estado y hasta los decanos de las universidades nacionales y personal militar o policial con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza.
La iniciativa se aplicará mediante la web www.gabierto.bahiablanca.gov.ar, en la cual se creará una pestaña que se denominará Bahía Compra. Allí cualquier vecino podrá acceder a las declaraciones juradas de las empresas y se podrá chequear las conformaciones societarias y vinculaciones de sus propietarios.
En su artículo primero, el decreto establece que todo permisionario, proveedor o concesionario estará obligado a incorporar la declaración jurada al legajo que poseen en la comuna, en un plazo máximo de 30 días. En caso de no cumplir con el requisito, la firma podría ser excluida del padrón.