El Cholo: intiman a la empresa que abandonó la obra
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La Dirección de Vialidad Nacional (DNV) intimó ayer, mediante carta documento, a la empresa Pasalto Materiales SRL para que, en un plazo de 48 horas, “rectifique o ratifique” la rescisión del contrato por la construcción de la rotonda en el cruce de las rutas nacionales 3 y 33 –sector conocido como El Cholo-, la cual fue pactada “de mutuo acuerdo” -según menciona el escrito- en una reunión mantenida en la sede vial el pasado 19 de febrero.
La novedad fue confirmada a "La Nueva." por fuentes ajenas a la repartición, avalando lo anticipado por este diario a fines del año pasado, cuando mencionó la posibilidad de que la firma abandonara los trabajos por considerar que la actualización de los precios de contrato no se condecía con los aumentos registrados en el mercado de la construcción.
De verificarse esta salida, la rotonda –considerada clave para mejorar la seguridad en uno de los cruces locales de mayor siniestralidad- sufrirá una importante postergación, la cual podría rondar los 15 meses, teniendo en cuenta los tiempos administrativos que supone una nueva convocatoria a licitación, la posterior apertura de ofertas, el análisis de las mismas y la adjudicación, firma de contrato y reinicio de los trabajos.
El titular de la delegación local de la DNV, ingeniero Gustavo Torres, mencionó la semana pasada a este diario que si bien “no había nada confirmado” sobre la cancelación del contrato, reconoció la existencia de “una importante diferencia” en los porcentajes de ajuste planteados por la firma y los que la entidad vial está en condiciones de reconocer.
“La empresa refiere que la manera de ajustar los precios –que toma al INDEC como herramienta de actualización- no concuerda con los incrementos registrados en los últimos años. Por su parte, Vialidad no puede reconocer una adecuación superior a la que permite esa normativa”, explicó Torres.
El funcionario anticipó además que Pasalto recurriría, para justificar esta salida, a otro argumento, aprovechando que la presencia de un inmueble en la zona de trabajo -ubicado en terrenos municipales, ocupado de manera ilegal y demolido recién en la primera semana de febrero-, que obligó a suspender la obra en septiembre del año pasado, los coloca en situación de cancelar el contrato”, amplió.
El funcionario mencionó además la imposibilidad legal de convocar a la firma que resultó segunda en la licitación de mayo de 2013, una UTE formada por las firmas locales Obras Abedul, Coince y Cerra y Moro.