Buscan que sea obligatoria la política de Gobierno Abierto
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Por Damián Vallejos / dvallejos@lanueva.com
De un “mamarracho jurídico” a un proyecto de ordenanza, de un sello de marketing político a una política de Estado. Entre esas vertientes se califica en el Concejo Deliberante el proyecto que prevé que la estructura de Gobierno Abierto (GA) sea obligatoria para las próximas gestiones municipales.
Se trata de un sistema de publicación de todos los datos en la web de la comuna, desde el manejo del presupuesto al movimiento del transporte público o de los camiones fumigadores, hasta las declaraciones juradas de los funcionarios.
El titular de la Agencia Municipal de Innovación y Gobierno Abierto, Esteban Mirofsky, se quejó de que no se debate el tema ni tampoco se aportan ideas y apuntó contra Integración Ciudadana (IC) y el Frente para la Victoria (FPV-PJ), los principales bloques de oposición.
“Mandamos la ordenanza hace un mes y estamos esperando una respuesta. Dicen que tienen sugerencias pero no las escuchamos ni las hicieron”, criticó y agregó: “Quiero pensar que están con mucho trabajo y que por eso no pudieron debatirla”.
El funcionario remarcó “la importancia” de que el proyecto se sancione para que las próximas administraciones mantengan la estructura mínima de Gobierno Aabierto y puedan agregarle ideas nuevas.
”Es un proyecto que está basado en que toda la información que genera un gobierno es pública y debe publicarse, a excepción de datos individuales cubiertos por el habeas data”, explicó.
En el Concejo se dice otra cosa. Mientras algunos afirman por los pasillos que hace un mes llegó un “mamarracho jurídico”, otros todavía no lo leyeron como para aportar datos u opinar.
El concejal del FPV-PJ Ramiro Villalba señaló que hace pocos días volvieron a mandar el proyecto ya que, la primera vez que llegó, “tenía gruesos errores administrativos”.
“No quedaba claro qué decía y qué no decía. Ahora llegó bien, con forma de ordenanza, queremos agregar cosas y no creo que nadie se oponga”, explicó el exoficialista.
Desde la oposición se indicó que uno de los problemas habituales del Concejo es que el Ejecutivo no responde la mayoría de los pedidos de informe y minutas de comunicación.
Como esa demora no está alcanzada por ninguna ley ni ordenanza, Raúl Woscoff (IC) sostuvo que este proyecto ofrece “la posibilidad” para reglamentar esa situación. En concreto, pidió que se dé un plazo de 15 días. “Ya que es un gobierno abierto, que respondan más rápido”, sostuvo.
La política de Gobierno Abierto que se inició en 2012 recibió numerosos premios y reconocimientos a lo largo y ancho de Latinoamérica.
“A Bahía Blanca, en nuestro país, la ven como un perro verde, no pueden entender cómo abrimos para cualquiera estos datos tan sensibles”, dijo Mirofsky.