Confirman que Juan Suris continuará procesado por las facturas truchas
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Juan Ignacio Suris sumó en las últimas horas más complicaciones a su ya comprometida situación procesal. La Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad confirmó el procesamiento con prisión preventiva del detenido, como supuesto jefe de una asociación ilícita destinada al fraude fiscal.
Se trata de la causa conocida como “facturas truchas”. Junto con el de Suris -aunque en libertad- también se ratificó el procesamiento de su padre Eduardo, del piloto de automovilismo Juan Pipkin, de Flavio Rodrigo Carrano, de Nicolás Ibarra Gutiérrez y del contador Domingo Tomás Goenaga, todos sindicados como miembros de la misma organización.
El fallo fue dictado por los jueces Néstor Luis Montezanti y Ricardo Emilio Planes y confirmó la resolución de primera instancia, dictada a fines de marzo por el doctor Santiago Ulpiano Martínez. De la misma manera, se fijó la responsabilidad civil del principal acusado en 15 millones de pesos, y de los otros cinco imputados, en 4 millones.
A Suris, con la colaboración del resto, se lo acusa de crear seis empresas (Scarsur Bahía, E&J Argentina, M-Magna, Attimo Bahía, CVP Industria y Bahia Acoplar) para realizar operaciones ficticias (compra y venta de bienes o servicios) entre las llamadas usinas, y otras firmas reales, denominadas usuarias, a fin de que estas últimas pudieran evadir impuestos, previo pago de una comisión.
Todos los defensores habían apelado, aunque la Cámara desestimó los planteos.
Uno de los aspectos cuestionados era la validez de los allanamientos, aunque los doctores Montezanti y Planes lo rechazaron porque consideraron que la AFIP, en la acción preliminar, actuó dentro del ámbito de sus facultades y fundamentó los pedidos a la Fiscalía con documentación respaldatoria.
Acerca de la cuestión de fondo, los jueces aclararon que en esta etapa no se requiere “certidumbre apodíctica (indiscutida)” sobre el delito ni la culpabilidad.
Juan Suris había reconocido su autoría al declarar, mientras que el resto argumentó solo haber prestado su nombre para conformar las empresas, aunque esto último "no es correcto", según la Cámara.
“Además de formar parte de las distintas empresas investigadas, tenían participación en el desempeño de las actividades relacionadas con la maniobra endilgada”, dijeron los jueces.
Por pruebas testimoniales y documentales, se vinculó a Eduardo Suris con CVP Industria; a Carrano, con Attimo Bahía y a Ibarra Gutiérrez, con CVP, Attimo, Magna y Bahía Acoplar.
Sobre Pipkin, surgieron relaciones con CVP y Attimo (en contraprestación recibiría publicidad para su coche de carrera) y al contador Goenaga se lo ligó con las "usinas" CVP, Attimo, Magna y Scarsur Bahía.
De esa manera, la Cámara ratificó los procesamientos.
Solo por este delito, Juan Suris podría recibir entre 5 y 10 años de prisión.
Postura rechazada
No se trató de una “expedición de pesca”
La defensa a cargo de Suris padre e hijo, Carrano e Ibarra Gutiérrez había pedido la nulidad de los allanamientos realizados en los domicilios particulares, así como del secuestro de la documentación.
Entendía que la AFIP debió intervenir recién después de constatar un delito o la presunción cierta del mismo y que se trató de una inmotivada “expedición de pesca”.
“No es correcto, como lo sostiene el defensor, que la AFIP no haya desplegado ninguna actividad administrativa previa al pedido del allanamiento, pues emitió órdenes de intervención destinadas a investigar a las empresas E&J Argentina, Scarsur Bahía (en formación) y al propio Juan Suris.
Según argumentaron los camaristas, la AFIP no pudo iniciar las tareas de fiscalización por no poder localizar a los titulares de las empresas.
Conocido como el zar del juego
Lazo con el empresario K Cristóbal López
El nombre de Suris, desde su irrupción mediática a partir de las múltiples causas judiciales, siempre estuvo vinculado a espacios de poder.
Y la causa de las facturas truchas no es la excepción.
De la resolución de la Cámara Federal surge un lazo -difundido tiempo atrás por "La Nueva."- entre Eduardo Suris, padre de Juan Ignacio y la empresa Alcalis de la Patagonia S.A., adquirida en 2006 por el grupo Indalo, perteneciente al empresario K Cristóbal López, conocido como el zar del juego, por ser propietario de diversos casinos.
Alcalis de la Patagonia se dedica a la producción de carbonato de sodio en la provincia de Río Negro y, según los magistrados, era “usuaria de las facturas apócrifas de las usinas investigadas y Eduardo Suris era su "contacto".
En el mismo orden, siempre según el fallo judicial, Suris padre "trataba" con otras empresas, como Meyer SACIR y Proinsal S.A.