10 bahienses del arco político-judicial opinan de reformar el Código Penal
-
- copiado al portapapeles
-
- copiado al portapapeles
Por Abel Escudero Zadrayec / abel@lanueva.com
Twitter: @abel_ez
Nuestro Código Penal tiene casi un siglo. Y ha juntado mucho polvo de la incoherencia: por ejemplo, si vos y yo nos robamos una vaquita y nos agarran, tendremos más pena que si intentamos asesinar a alguien.
La reforma (necesaria) ya está en la agenda de una sociedad sacudida por la inseguridad. Fiel a estos tiempos, se instaló como una batalla feroz y aparentemente sin lugar para los débiles grises: la propone y banca el kirchnerismo, la rechaza y ataca el massismo.
Así las cosas, “la gente” –esa entelequia- critica o alaba según su afinidad y sin la más mínima capacidad de reconocer su ignorancia sobre el tema. Porque en este país nadie dice “No sé”.
Acá en Bahía buscamos a los que supuestamente saben y les dimos la consigna: opinar sobre el anteproyecto oficial en un minuto o menos.
Tratamos de cubrir el arco político-judicial bahiense. Algunos se negaron a participar:
-Andrés Castillo, abogado y actual subsecretario de Gobierno y Protección Ciudadana, había aceptado pero después le “sugirieron fuertemente” que no lo hiciera. Y se bajó.
-El mediático penalista Leonardo Gómez Talamoni dijo que no había leído el borrador.
-La jueza de Garantías Nº 1 Gilda Stemphelet dijo que prefiere el perfil bajo; no le gusta aparecer en cámara ni ser grabada. Pero afirmó estar “bastante de acuerdo” con el anteproyecto.
-Gustavo Barbieri, juez de Sala I de la Cámara Penal, se excusó porque le pareció poco tiempo para redondear su posición.
Quedó una decena: hay 8 abogados, 2 jueces, un agrimensor, 2 diputados provinciales, una exfiscal, un defensor oficial, un fiscal, un senador nacional, un concejal, un policía. (La cuenta da más de 10 porque algunas profesiones o cargos se repiten.)
Producción: Pablo Pascual, Juan Pablo Gorbal, Adrián Luciani, Damián Vallejos, Mauro Decker Díaz y Abel Escudero Zadrayec.
Los principales cambios del borrador
Unificación
Actual: El Código Penal es de 1921 y tuvo unas 900 reformas que afectaron su coherencia y proporcionalidad de penas, con leyes dispersas.
Anteproyecto: se incluyen todas las leyes especiales y normas de contenido penal. En este punto no hay discusión: existe consenso sobre las ventajas de ordenar el régimen penal.
La libertad condicional
Actual: Quien cumplió dos tercios de la condena a más de tres años de prisión, cumpliendo determinados requisitos, puede obtener la libertad sujeto a ciertas reglas de conducta y controles.
Anteproyecto: Se elimina la figura y se reemplaza por penas alternativas, como detención domiciliaria, obligación de residencia y servicios comunitarios. En delitos de menos de 3 años de prisión, el acusado se someterá siempre a esas variables; de 3 a 10, accederá después de la mitad de cumplimiento y, más de 10, tendrá que cumplir dos tercios para obtener los beneficios.
Insignificancia
Actual: La Justicia persigue hoy hechos insignificantes (por ejemplo, el hurto de una gorra o la privación ilegal de la libertad por el chofer de colectivo que llevó a un pasajero 200 metros más allá de la parada).
Anteproyecto: Se debe eximir de pena a los autores de este tipo de casos.
Reincidencia
Actual: Reincidente es aquel que cumplió total o parcialmente una pena privativa de la libertad y comete un nuevo delito castigado con la misma clase de pena.
Anteproyecto: Elimina la reincidencia como agravante. Recoge una doctrina que considera que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho y que es propia de un derecho penal de autor, no de acto (castiga a una persona por lo que es, no por lo que hace). Disintió el doctor Federico Pinedo.
Prisión perpetua
Actual: Prevé la prisión perpetua como castigo para delitos muy graves (homicidio agravado, tortura y secuestro seguido de muerte), aunque en los hechos no se aplica desde hace varias décadas. En estos casos, con 20 años de prisión se puede recuperar la libertad.
Anteproyecto: Desaparece la prisión perpetua y se fija un máximo de prisión de 30 años (genocidio).
Una discusión estéril
Juan Pablo Gorbal/jgorbal@lanueva.com
Reincidencia, libertad condicional, prisión perpetua, abolicionismo o endurecimiento de penas. El debate por la reforma del Código Penal es, hoy por hoy, inoportuno.
Creer que una reestructuración semejante, por más innovadora y necesaria que sea (el texto original se promulgó durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen), va a solucionar el problema creciente de la inseguridad es confundirse.
Agregar o quitarle dos años a determinadas sanciones o modificar el régimen de penas no condicionará a quienes, en medio de un piquete, arrojaron a un motociclista al vacío desde el puente Avellaneda o a los delincuentes que, vestidos de hinchas de Quilmes, se disputaron públicamente y a las trompadas un espacio de poder.
Ni tampoco frenará la "colombianización" de Rosario, acosada por una fuerte impronta narco (piedra basal de muchos otros ilícitos), con un promedio de un homicidio por día y muestras de asombrosa impunidad, como el atentado al gobernador Antonio Bonfatti o las recientes amenazas a su ministro de Seguridad.
Un ejemplo elocuente es el de la llamada "reforma Blumberg" (2004) que otorgó mayor rigurosidad a las penas aunque no logró revertir el estado de inseguridad.
El Código Penal incide básicamente en "el después", con el delito producido, y la actualidad reclama con urgencia concentrar las energías en "el antes", en fuertes políticas públicas para frenar el avance de la droga y neutralizar la permeabilidad del espacio aéreo y las fronteras, tal como lo exigieron a fines del año pasado la Iglesia y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de los preocupantes informes aportados por jueces norteños.
La realidad también demanda un saneamiento de las fuerzas que deben brindar seguridad, más celeridad judicial y un sistema penitenciario que verdaderamente resocialice.
Atender lo contrario, en este marco, sería perder tiempo y, lo que es más grave, vidas. Y resignar a futuras generaciones a crecer en una zona de altísima vulnerabilidad.