La cocina de la mala praxis

Redacción de La Nueva.

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Mala praxis es generalmente una expresión utilizada de manera errónea; pretende referirse con ella a una actuación profesional inadecuada y aplica generalmente a los médicos.

En rigor de verdad, la declaración de mala praxis debe hacerse únicamente a posteriori de un proceso legal, es decir, cuando una acción profesional dudosa ha sido denunciada, investigada y valorada por un juez, y este ha emitido ya un fallo; más aún, el dictamen debe ser inapelable en instancia superior, o sea, ha de tener sentencia firme.

La forma correcta de expresarse, entonces, antes de la judicialización de la conducta médica, es hablar de responsabilidad, o sea, la obligación que tiene el médico de responder por su accionar en tanto se halla ejerciendo su trabajo específico.

Los galenos han de responder por sus actos profesionales respecto a su actuación a lo largo de todo el proceso asistencial; la atención médica es un evento indivisible, aun cuando el paciente sea visto por numerosos especialistas. Dada esta circunstancia, cada médico ha de registrar su accionar en la Historia Clínica o ficha individual del paciente para que quede debida constancia no sólo de lo hecho sino, además, del proceso mental que lo llevó a determinada conclusión diagnóstica y a la proposición de una u otra conducta terapéutica.

El concepto a retener es, entonces, la integralidad e inescindibilidad de un proceso que inicia con la entrevista, prosigue con el examen físico y la solicitud de estudios complementarios y culmina con la prescripción de una terapéutica, farmacológica o no; por ende, es inadmisible, y una verdadera falta a la responsabilidad profesional injustificable desde todo punto de vista, que un médico examine a una persona, determine un diagnóstico y sea otro quien valide la prescripción indicada en los formularios de la obra social de dicho paciente. Sin siquiera recurrir a la instancia judicial, estamos hablando de una verdadera mala praxis, sin atenuante alguno.

El INSSJP, Pami, es un ejemplo paradigmático de esta situación.

Pero, ¿qué hace que esta inconducta no sea denunciada, investigada y sancionada y, en última instancia modificada de una buena vez? Sólo cabe una explicación: la desidia, el desinterés manifiesto, total, absoluto y generalizado por la salud.

Por un lado, el Instituto ha sido, durante años, un foco de corruptela donde la verdadera asistencia de los afiliados no es más que un mito, una quimera, una utopía.

La figura del médico de cabecera, mera apariencia; se usa a un profesional dado -tanto por parte de los pacientes como de las autoridades del Pami- como mero y simple empleado administrativo más aprovechándose, adicionalmente, de la necesidad laboral.

Los afiliados al Instituto, iletrados en cuestiones de salud e ignorantes de las obligaciones profesionales por un lado, y perversos abusadores de un sistema sin control alguno son, a la vez, víctimas y victimarios de un régimen inviable.

Una verdadera carencia de política de salud pública; presión de la industria farmacéutica; autoridades médicas indiferentes a la problemática de profesionales y de pacientes; la mayoría de las farmacias sólo interesadas en tratar de vender para sobrevivir y, finalmente, una aparente y relativamente baja incidencia de efectos adversos en relación a la ingente cantidad de fármacos prescriptos inútilmente en la mayoría de los casos hacen que el sistema se mantenga a flote a pesar del desconocimiento de cuántos pacientes fallecen por responsabilidad -primaria- de los médicos y secundaria de todos los otros actores mencionados, incluidos los mismos afiliados.

En última instancia, como es natural pensar en la extinción de la vida de los adultos mayores -no es contra natura, como la muerte de un infante o un joven-, como no se realizan ya casi autopsias clínicas y, por añadidura, se presta tan poca atención a la confección de los certificados de defunción, carecemos de verdaderas estadísticas que nos indiquen, por ejemplo, la cantidad de fallecidos por sobre uso de fármacos; de conocerse estos datos, de investigarse a fondo -cosa que quizás a pocos convenga y nadie en realidad parece querer hacer- deberíamos empezar a pensar en incluir la categoría de error en las causas de óbito y a preocuparnos por las consecuencias jurídicas de nuestro accionar.

Mientras tanto, siga la fiesta; los costos los seguiremos pagando en déficit sanitario de la población de adultos mayores y en costos inútilmente crecientes.