La Argentina y la OEA

Redacción de La Nueva.

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H ace unos días se reunió en Washington -en sesión extraordinaria- el Consejo Permanente de la OEA, presidido ahora (como consecuencia de la rotación normal del cargo) por la República Argentina. Con la presencia del Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

La reunión tuvo lugar a pedido del gobierno “bolivariano” de Venezuela, que trataba de impedir que el Secretario General de la organización decidiera favorablemente (de acuerdo con sus facultades expresas) el pedido de algunos de los legisladores de la oposición venezolana de que se aplique a su país la Carta Democrática Interamericana, atento a que está meridianamente claro que en Venezuela -como consecuencia de la conocida perversidad del accionar de Nicolás Maduro- se ha “alterado” -más allá de toda duda- el orden constitucional local. De esto no hay duda alguna. Al menos, cuando se actúa de buena fe. La Carta, recordemos, no habla para nada de “ruptura” del orden constitucional, sino de “alteración” del mismo, lo que es bien distinto.

El Ejecutivo venezolano, con la complicidad de sus más altos jueces, que no son independientes, sino que le están vergonzosamente sumisos, anula sistemáticamente las normas que emanan de la Asamblea Nacional, impidiéndole de esa manera cumplir con la facultad que le asigna específicamente la Constitución, que es nada menos que la de legislar. Transformándolo entonces en un ente sin poderes y vaciado efectivamente de todo contenido. Diabólico, quizás, como mecanismo. Descarado al máximo. Pero así es, en los hechos. Se ha enmudecido a la Legislatura y burlado la voluntad popular expresada contundentemente en las urnas, en diciembre pasado.

Impedir efectivamente a la Asamblea Nacional venezolana cumplir con su cometido constitucional es obviamente demoler arteramente la división de poderes y anular los equilibrios y contrapesos institucionales que caracterizan siempre a las democracias. Es entonces, claramente, “alterar” el orden constitucional.

La intemperante e insolente Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, con la mala educación que la caracteriza, denostó públicamente a Luis Almagro en la reunión de la OEA, quien -con buen criterio- no respondió a las amañadas provocaciones de la desagradable venezolana.

En ese contexto, la Canciller argentina, Susana Malcorra, sorprendió a todos. Por eso, Miguel Vivanco, el activo vocero regional de “Human Rights Watch”, expresó abiertamente su “desilusión”, que ciertamente comparto. Recordando, de paso, la preocupación ya expresada por el propio presidente Mauricio Macri sobre la lamentable situación de los derechos humanos en Venezuela y el funcionamiento de su democracia.

Malcorra -cuando nadie lo esperaba- propuso que la OEA (acompañada de la torcida UNASUR) promueva un diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanas para “resolver las situaciones más inmediatas, partiendo del desabastecimiento hasta los derechos Humanos”. Asumiendo así la buena fe de Nicolás Maduro, lo que, convengamos, es bien difícil de compartir.

Para el mencionado Vivanco, “la gran sorpresa del día fue el (inexplicable) cambio de posición en política exterior de Argentina”, “porque representa una gran desilusión”, atento la posición del presidente Mauricio Macri.

El presidente Macri, luego de la propuesta de su Canciller en Washington, siguió (como si nada hubiera pasado) hablando de la necesidad de una impulsar una “transición” (o sea de un cambio, porque para eso se habla de “transición”) en Venezuela. Lo que supone la decisión de abandonar la política colectivista -esto es, dirigista e intervencionista- que la llevó al dramático caos actual y adoptar otra, ciertamente diferente, contradiciendo a un Nicolás Maduro que se cree infalible y pretende no haberse equivocado nunca de rumbo.

Aplicar la Carta Democrática Interamericana sería, por cierto, poner en evidencia lo que sucede en Venezuela. Definirlo ante todos, urbi et orbi, tras el largo silencio cómplice de los organismos regionales sudamericanos encargados de defender la democracia y asegurar las libertades individuales y la vigencia de los derechos humanos en nuestro continente. No hacerlo es, por lo menos, cínico. Aunque pragmático, quizás. Pero es ceder los propios principios ante el miedo, la intimidación y el insulto venezolanos.

A través de la Carta Democrática Interamericana se podría suspender a Venezuela en su carácter de Miembro de la OEA. Para lo que, cabe recordar, se requiere contar con los dos tercios de los votos de sus Miembros, que (cuidado con esto) difícilmente estén disponibles.

Esta podría ser quizás una razón para “no apurar” el paso en ese andarivel. Y para, quizás, calificar -abruptamente- a la posibilidad de invocar la Carta democrática Interamericana de “apresurada”. Pero ciertamente no es una justificación para sugerir “agregar” una innecesaria “rueda de auxilio” al andar de la OEA; concretamente la presencia de UNASUR, organización sin mayor experiencia, cuyo color (y el de su Secretario General, que no puede ingresar a los Estados Unidos, porque cuando se hizo la campaña que lo llevara a la presidencia de Colombia hubo dinero del narcotráfico financiándola) es bien conocido y cuya independencia de criterio no se puede presumir. No es imposible que, en lugar de ayudar, UNASUR pueda estorbar en procura de hacer pasar el tiempo con el objeto subalterno de contribuir a impedir así que el referendo revocatorio venezolano que ya está en marcha ocurra este año.

Lo que sería imperdonable, no sólo para la oposición venezolana, sino para la defensa de la democracia. Cuidado, entonces. No hay ya demasiado margen para las demoras. Por esto lo de nuestra Canciller en Washington cayó mal en las filas de la castigada oposición venezolana. Me consta.