Un porrazo. Nada más

Vicente Massot

Al gobierno el conflicto generado por el aumento de las tarifas del gas y de la electricidad no le había quitado el sueño, pero lo tenía preocupado y expectante en virtud de que todo hacía prever que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo definiría el jueves , como de hecho ocurrió. Si no le hubiera prestado atención y se hubiese desentendido de la cuestión habría demostrado un grado de irresponsabilidad manifiesto. Pero no fue ese el caso.

Mauricio Macri siempre estuvo convencido de las razones que le asistían para tomar el camino que él, y no Juan José Aranguren, definió tempranamente, al inicio de su gestión, y que está dispuesto a recorrer hasta el final, cueste lo que cueste. En ese orden de cosas fue el abanderado de los duros desde que estalló la crisis. Cuando alguno de sus colaboradores más cercanos, temeroso de las consecuencias que podía traer aparejada la suba, imaginó una estrategia de repliegue ordenado y se la propuso, lo paró en seco y le hizo saber que no había nada que discutir.

El plan con arreglo al cual se movió el gobierno hasta conocer el fallo de la Corte tuvo dos dimensiones: la pública y la que se desarrolló tras bambalinas. El discurso urbi et orbe fue claro en punto a poner de relieve los efectos que tendría, para la administración de Cambiemos, la alternativa de tener que barajar y dar de nuevo en función de un fallo judicial que retrotrajese las cosas a fojas cero. El costo orillaría los $ 80.000 millones y pondría en tela de juicio el núcleo duro del único ajuste que hasta ahora se ha llevado a cabo.

Marcos Peña y el titular de la cartera de Energía fueron terminantes y sus argumentos tenían un destinatario casi excluyente: los ministros del máximo tribunal de la República Argentina. No fue con la intención de acorralarlos y ponerlos entre la espada y la pared que se optó por privilegiar esta variante, dejando de lado otras que también resultaron consideradas al más alto nivel. El propósito que guiaba semejante estrategia era hacerle saber a los integrantes de ese tribunal una realidad que no siempre fue bien conocida.

Quienes integran la Corte debían calibrar lo que está en juego en términos sociales, económicos y políticos aún cuando su función sea fundamentalmente jurídica. Por eso, al margen de los anuncios públicos el gobierno tomó contacto con la Corte por otra vía más discreta. Esta es la segunda dimensión a la que hacíamos referencia.

Nadie suponía dentro del macrismo que la resolución que tomaría el cuerpo presidido por Ricardo Lorenzetti resultaría desfavorable en grado sumo para el gobierno, en lo cual no se equivocaban. Los ministros del mencionado tribunal no estaban dispuestos a jugar con fósforos en la puerta de un polvorín y no tenían motivos para ponerle un palo en la rueda a una administración que, si no se atuvo a la ley, fue en un solo aspecto: el de las audiencias públicas.

Parecía poco probable que la Corte se hallase dispuesta a dar un salto al vacío. No había razones jurídicas ningunas para avalar la práctica de que resultasen los jueces o los legisladores los encargados de decidir, por vía indirecta, los aumentos de las tarifas públicas.

Por eso en el gobierno esperaban la acordada del máximo tribunal con relativa calma. Descontaban que, finalmente, deberían convocar a audiencias públicas -algo que, después de todo, no representa una capitis diminutivo insoportable para el Poder Ejecutivo Nacional- pero no existía el temor de encontrarse, el viernes posterior a la resolución de la Corte, con una bomba.

A todo esto no deja de ser curioso o, si se prefiere, sencillamente increíble, cómo se complicó Macri en un tema que, aunque tuviera ribetes de suyo polémicos, nada hacía predecir que generaría una grita de tamaña magnitud. Y todo por la torpeza con que fue planeado y, sobre todo, comunicado. Recién a principios de la semana se conoció que, hasta esa fecha, un 87% de los usuarios ya había abonado en tiempo y forma sus facturas con menos del 500% de aumento y, como si fuera esto poco, que el 83% de ese mismo universo había pagado menos de $ 500. Con semejantes argumentos en su poder cualquiera que no fuera un soberbio o un incapaz podría haber montado una campaña de publicidad para explicar de manera sencilla, pero contundente, algo elemental. Por lo visto en la Casa Rosada estaban mirando otro canal.

El jueves se conoció el fallo y si bien no hubo razones para festejarlo en Balcarce 50, tampoco resultó un torpedo que haya impactado en la línea de flotación macrista. La cuestión de las audiencias públicas era sabido que no podría saltearse. Estaba cantado que la Corte no pasaría por alto una cuestión tan sensible, con un precio a pagar por el gobierno que está lejos de resultar intolerable. Llevará más tiempo formalizar dichas audiencias. Nada más. En cuanto al costo fiscal –al haber anulado la Corte el ajuste a los consumidores domiciliarios- equivale a u$s 1.200 millones. Cifra administrable después de todo.

El tema donde quedó en evidencia que el fallo, más que salomónico, resultó moderado, fue la distinción establecida entre consumidores domiciliarios -24% del total- respecto de los usuarios industriales –el restante 76%. Si bien estos podrán recurrir a los tribunales reclamando lo mismo que aquellos, no podrán hacerlo colectivamente sino a título individual, empresa por empresa. La acción de clase que valió para los primeros no les cabe a los segundos. Conclusión: la controversia no se ha cerrado pero, cumplido el trámite de las audiencias, nada hace pensar que el tema no pueda encarrilarse en los próximos tres meses.

Cuanto demuestra el caso de las tarifas de servicios públicos son varias cosas a la vez. Por de pronto la notoria incapacidad de quienes instrumentaron el aumento y de los comunicadores oficiales que no sólo parecieron estar dormidos sino que vienen repitiendo un libreto fallido desde diciembre pasado.

Lo segundo tiene que ver con la índole de nuestra sociedad, difícil si las hay. Es posible que no supiese la dimensión del problema que había heredado el nuevo gobierno, pero era conocido que los servicios públicos subsidiados constituían una práctica que no se podía mantener indefinidamente. No obstante, reaccionó, al menos en parte, encolerizada por un sinceramiento inevitable. Los argentinos se enojan por los cortes de energía y salen a la calle clamando por la vuelta de la luz a sus hogares y, al mismo tiempo, añoran las tarifas kirchneristas. Aspiran a vivir como los alemanes solo que manejándose como nigerianos.

El tercer dato, saludable en términos de la responsabilidad institucional es la actitud de varios gobernadores justicialistas que no trataron de sacar provecho del traspié gubernamental y asumieron como un deber cívico acompañarlo en el trance. Esto último constituye un avance notable en atención a los que había sido el comportamiento del peronismo cuando le ha tocado ser oposición.

Cambiemos sufrió una derrota de carácter político que debería enseñarle a ser más prolijo y menos soberbio en la instrumentación de las políticas públicas. Se pegó un porrazo. Nada más y nada menos.