La Cámara citó a Báez para el próximo lunes
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La Cámara Federal citó para el lunes próximo al empresario kirchnerista Lázaro Báez, detenido desde el 5 de abril pasado por lavado de dinero en el marco de la causa conocida como "ruta del dinero K", para que participe de la audiencia que solicitó personalmente, sin la firma de sus abogados.
Aun es un misterio para qué solicitó Báez la audiencia con la Cámara, el tribunal que controla la labor del juez Sebastián Casanello, y por ello el juez Martín Irurzun, integrante de la Sala II, le solicitó a la defensa del empresario kirchnerista que precise el motivo de la convocatoria.
La reunión fue fijada para el próximo lunes, 6 de junio, a las 11.15, en el segundo piso del edificio de Comodoro Py 2002 de esta capital.
La Cámara debe revisar el primer procesamiento dictado contra Báez y su hijo Martín, entre otros, en el marco de la causa por lavado de activos, y se espera que Casanello dicte una resolución similar en las próximas horas en torno a la maniobra de casi 209 millones de pesos que ingresaron a Austral Construcciones vía Helvetic Services Group.
Irurzun contestó al escrito presentado por Baéz desde su lugar de detención que aceptaba su solicitud de audiencia, aunque solicitó al empresario que “especifique la naturaleza de la audiencia pretendida -posibilidad de acceso de otras partes, letrados, publicidad, etcétera-, a los fines de poder instrumentar su adecuada realización".
El tribunal ordenó notificar al juez Casanello para que gestione el traslado de Báez desde la cárcel de Ezeiza hasta los tribunales, a través del Servicio Penitenciario Federal
A todos
En otra misiva dirigida en muy duros términos al juez Casanello, Báez exigió que se investigue a otros contratistas del Estado, como a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Recordó que según informaciones aportadas por el Gobierno nacional, "todas las empresas que integran el grupo Austral se encuentran en el puesto 36" de las compañías que recibieron obras, mientras que "Calcaterra, figura en el tercer lugar de esa lista".
Por ello, el empresario detenido consideró que la "impropia virulencia jurisdiccional desplegada" sobre su persona debería desplegarse también sobre" los otros contratistas del Estado.
"¿Cómo debe analizarse la actuación de funcionarios públicos, empresarios, diputados y senadores en el tiempo que Vuestra Señoría pone en sospecha bajo el inadmisible ethos al cual se viene haciendo referencia?", cuestionó.