La gente debe tener "gran bronca" por el patrimonio de la presidenta
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El titular de la UCR, Ernesto Sanz, consideró hoy que sectores con dificultades deben sentir una "gran bronca" frente a la evolución patrimonial de algunos funcionarios, como el caso de la presidenta Cristina Kirchner, y reclamó la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Ética Pública que, denunció, el kirchnerismo "nunca quiso" habilitar.
"Para todos los funcionarios, desde la presidenta para abajo, todos, incluidos legisladores y miembros del Poder Judicial, debería regir la Ley Nacional de Ética Pública que establece una comisión para investigar la veracidad y la legalidad de las declaraciones juradas; pero eso no existe porque el gobierno nunca lo quiso", disparó el senador nacional.
En declaraciones a radio La Red, consultado sobre cómo cree que se siente la gente que enfrenta dificultades a lo largo del país ante la información de que la primera mandataria incrementó su patrimonio en un 15 por ciento en el último año, alcanzando los 55.304.793 pesos, Sanz reflexionó que en esos sectores "debe haber una gran bronca".
El jefe del radicalismo recordó que la evolución patrimonial del matrimonio Kirchner, en su momento, "fue motivo de una pseudo investigación judicial que llevó a cabo (el juez Norberto) Oyarbide", quien, evocó, "archivó" la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
"Y el día que había que apelar el archivo, el fiscal de la causa sufrió el secuestro de una de sus hijas", rememoró.
El senador radical sostuvo que, más allá de esta circunstancia o de cualquier sentimiento que pueda generar en la gente la situación patrimonial de los funcionarios, debería estar funcionando la Comisión Nacional de Ética Pública.
"El problema de las declaraciones juradas de los funcionarios, sea quien sea, no es que lo discutamos por los medios de comunicación, sino que este gobierno debería haber puesto en marcha algo que está por ley, y que nunca lo quiso poner, que es la Comisión Nacional de Ética Pública, que está dentro de un capítulo de la Ley de Ética Pública", manifestó.
Ese cuerpo, explicó, "tiene que revisar e investigar todas las declaraciones juradas de todos los funcionarios del sector público".
"Porque una cosa es que lo discutamos nosotros por los medios y que esto dure uno o dos días y otra cosa es que esté funcionando la ley en la Argentina y que un funcionario presente una declaración jurada y haya alguien que investiga a ver si esos datos son ciertos, si realmente lo que tiene es lo que tiene, cómo lo hizo, cómo lo actualizó", insistió. (DyN)