Autos para usos comunitarios

Redacción de La Nueva.

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A tres años de sancionada la ley provincial que genera herramientas concretas y pagos legales adecuados, el municipio está cerca de liberar los primeros 79 vehículos que, secuestrados por distintas infracciones de tránsito, llevan varios años en el depósito municipal sin ser reclamados por sus tenedores o titulares y sin contestar a las intimaciones correspondientes realizadas desde el tribunal de faltas.

Si bien resta cumplir con varios trámites y acciones, se está más cerca que nunca de sacar lógico provecho de estos vehículos que, en condiciones mecánicas adecuadas, se sumarán al municipio para ser utilizados en distintas áreas, o que serán entregados con alguna figura particular a entidades de bien público.

El depósito municipal -ubicado en calle Undiano 1100- tiene actualmente unos dos mil vehículos “estables”, que han superado más de una década estacionados en el lugar, apilados, movidos de manera periódica para generar espacio, y que conviven con otros 5 mil que se suman a lo largo del año y que en general terminan siendo retirados por sus propietarios.

Desde siempre ha sido poco menos que imposible disponer de cualquiera de esos autos, como consecuencia de complejas trabas burocráticas y la exigencia de tener que traspasarlos a fiscalía de la provincia, que los rechazaba argumentando estar colapsada su capacidad. Además, no hay ley que permita disponer de ellos sin exponerse a posteriores consecuencias judiciales.

A partir de esta decisión comunal de poner punto final al tema, se procedió a revisar las primeras unidades en condiciones de rodar. Superada la revisión mecánica, se implementa un conjunto de intimaciones e informes, de modo de poder cancelar la propiedad original y lograr una nueva documentación a nombre del municipio.

Esta es una de las salidas al complejo problema de tener esta enorme cantidad de coches. El Juzgado de Faltas continuará con la tarea de limpieza y orden con dos acciones también contempladas en la ley: compactar los vehículos en estado de deterioro -que conforman un riesgo para el medio ambiente- y organizar subastas públicas para todos aquellos que aún pueden tener algún valor de mercado.

Todo conforma una acción que tiene visos de racionalidad y prolijidad, para un tema que parecía estar condenado a simbolizar una inoperancia estatal que perjudicaba a todos.