Dibujando “números” nuevos

Ricardo Salas

rsalas@lanueva.com

Ya en la antesala de algunos encuentros que la columna ministerial integrada por Hernán Lacunza (Economía), Alejandro Finocchiaro (Dirección General de Cultura y Educación), Santiago López Medrano (Desarrollo Social); y Edgardo Cenzón (ministro de Infraestructura, Planificación, Obras y Servicios Públicos) deberá sostener ante las comisiones legislativas reflejando el Presupuesto bonaerense 2017 como tema central, la Provincia prevé profundizar las inversiones en obra pública.

Otra premisa para exponer ante diputados y senadores será el proceso de contención social tras el proceso inflacionario.

Para Bahía Blanca, la gobernadora María Eugenia Vidal proyectó una inversión inicial cercana de 1.776.949.976 pesos en obras de infraestructura dentro del proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2017. Casi todo el cálculo de gastos sale de la “caja” del ministerio de Infraestructura.

La mayor erogación financiera está vinculada con los trabajos, en etapas, del acueducto Río Colorado. En la práctica, es un “plan trienal”. Dentro de lo presupuestado aparecen la adecuación edilicia en el interior del hospital Penna; el diagnóstico técnico económico y ambiental para el desarrollo de un proyecto de agua productiva y trabajos de limpieza en el arroyo Napostá.

También en etapas, el área de Vialidad destinará el año que viene unos 75 millones de pesos en trabajos sobre un tramo de la avenida Circunvalación Norte (camino 007-10). El ministerio de Justicia prevé iniciar la construcción de una alcaidía. También la Provincia anotó la construcción de la sede de la Universidad del Sudoeste. Esa obra demandará una inversión de 3.500.000 y estará culminada durante 2017.

La Autoridad del Agua volcará 8 millones de pesos en la remodelación y mejoramiento del laboratorio y edificio región VI. El Instituto de la Vivienda calcula invertir casi 5 millones de pesos para la realización de 48 unidades habitacionales (cooperativa 15 de diciembre), mientras que el Bapro destinará más de $ 14 millones para mejoras en el barrio Universitario. En tanto, para obras escolares, Educación: se anotó con 3 millones de pesos.

Días atrás, el bloque de senadores de Cambiemos recibió instrucciones puntuales de Vidal, el ministro de Gobierno, Federico Salvai y el vicegobernador radical Daniel Salvador en la sede porteña del Banco Provincia. De esa reunión de trabajo participó la representación oficialista bahiense: Nidia Moirano, Julieta Centeno y Andrés De Leo. Es intención del Ejecutivo que los proyectos de Presupuesto y Ley Impositiva puedan ser sancionados en noviembre.

La idea oficial es apurar el trámite para encarar luego una decisiva negociación política en Diputados: la búsqueda de consenso para sancionar la iniciativa oficial y en especial un endeudamiento superior a los 95 mil millones de pesos (sin especificar cómo y para qué se utilizará) que requiere de los dos tercios.

Esa puede terminar de ser uno de los últimos capítulos por la definición de la novela de fin de año: la disputa por la estratégica presidencia de la Cámara Joven de calle 53 y el espadeo por la renovación de autoridades. Cambiemos se muestra flexible a negociar cargos políticos (por ejemplo, el Ombudsman bonaerense) con el Frente Renovador a cambio de la ley de leyes. El massismo saco sobre la manga un pedido de ampliación del presupuesto en seguridad y educación, vía el senador Sebastián Galmarini, portavoz de la familia Massa. “De ninguna manera vamos a negociar con la oposición aumentar el déficit de la Provincia”, responden desde la alianza Cambiemos donde, al igual que Vidal, evalúan que el año electoral que viene el massismo podría convertirse en uno de sus adversarios principales y, por eso, mantienen discretos acercamientos con el peronismo del FpV.

“Resulta difícil poder digerir que un compañero forme parte de un gobierno neoliberal”, tiró el jefe del bloque de senadores peronistas, Daniel Barrera, en obvia alusión al desembarco de exintendentes (como el ahora ministro de la Producción, Joaquín De la Torre, entre otros) en “primeras y segundas líneas” del gobierno macrista de Vidal.

Un caso puntual lo da el probable arribo del exalcalde platense Pablo Bruera como síndico de una de las empresas del grupo Bapro. Si bien es facultad de la oposición nominar para ese cargo, resulta curioso que el PJ se incline por “premiar” a un dirigente político tan cuestionado, pero que además es investigado por la Justicia por la denuncia de un faltante de más de 500 millones de pesos durante su administración municipal. Bruera tuvo una patética actuación durante las trágicas inundaciones del 2 de abril de 2013 dónde al menos murieron 89 personas en La Plata.