Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

Abren otra causa contra Cristina y Máximo por enriquecimiento ilícito

La nueva causa es por los negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces, a raíz de alquileres por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. La impulsa el fiscal Carlos Rívolo y la tiene el juez Bonadío. Agencias DyN y NA
Máximo Kirchner deberá justificar su patrimonio ante la Justicia.

La Justicia Federal dio inicio ayer a una investigación por presunto lavado de dinero contra la expresidenta Cristina Kirchner.

La nueva causa es por los negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces, a raíz de alquileres por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Fuentes judiciales informaron a NA que el fiscal Carlos Rívolo imputó a la exmandataria y a su hijo Máximo Kirchner por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

La denuncia

Tras el impulso fiscal, el juez Claudio Bonadio dispuso el secreto de sumario en la investigación, que se inició tras una denuncia de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer.

Según la denuncia de Stolbizer, tras 2008, la firma Los Sauces, integrada por Cristina Kirchner y su hijo Máximo, empezó a alquilar distintos inmuebles a Báez y López, "empresarios vinculados de la obra pública".

Pese a que "en 2007 y 2008 la empresa no distribuye utilidades, ya que declaran en sus balances no haber realizado operaciones", al año siguiente "las inversiones en inmuebles superan los 9 millones de pesos".

"Es imposible que una empresa que no tiene movimientos, de golpe aparezca comprando tantos inmuebles millonarios", según la denuncia.

"Que los alquileres en realidad podían ser sobornos o retornos a los Kirchner por los negocios que entregaron a Báez y López durante estos doce años", subrayó Stolbizer.

Declaraciones juradas

Además, acusó de inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por la expresidenta en los últimos años, y de allí la imputación por falsificación de documentos públicos.

El juez

Bonadio fue el juez que estuvo a cargo de esta última causa hasta mediados de 2015 cuando hizo los allanamientos en el Sur en propiedades de la entonces presidenta y fue apartado de la investigación.

También es el magistrado que debe resolver la situación procesal de la ex mandataria en la operatoria de venta de dólares-futuro hecha por el Banco Central y a quien la líder del Frente para la Victoria trató de apartar, hasta ahora en vano, de la investigación.

Rívolo, en tanto, es el fiscal que investigó por enriquecimiento ilícito al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime (hoy detenido) y quien instruyó la causa Ciccone contra el ex vicepresidente Amado Boudou, hasta que fue apartado del expediente por las denuncias del entonces funcionario..

La ruta del dinero K: Graciela Ocaña lleva documentos a Uruguay

La diputada Graciela Ocaña llegó ayer a Montevideo para aportar a la Justicia uruguaya información sobre un caso de lavado de dinero que implica al empresario Lázaro Báez.

La legisladora Ocaña entregará en el Juzgado de Crimen Organizado "documentos oficiales de Argentina" que muestran que "los movimientos de dinero se habrían hecho a través de instituciones bancarias de Uruguay".

La información que aportará Ocaña fue obtenida a través del Sistema Público de Consulta de Expedientes Electrónicos Judiciales de los Estados Unidos.

Se trata de un listado en el que aparecen registradas una serie de transferencias financieras de supuestos titulares argentinos que a través de la empresa Helvetic Services Group, supuestamente vinculada al empresario K, Lázaro Báez, habrían introducido dinero en el circuito bancario uruguayo y luego transferido divisas a otros países desde ahí.

Carrió pide apurar una cautelar para frenar a Echegaray

Los diputados de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernando Sánchez pidieron ayer a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vidal que se expida "de manera urgente" sobre la medida cautelar solicitada para que Ricardo Echegaray no asuma la titularidad de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Carrió y Sánchez "informaron a la magistrada sobre nuevos sucesos vinculados con el caso, entre otros las indagatorias que debe prestar Echegaray esta semana ante los jueces Sebastián Casanello y Claudio Bonadio en distintas causas", dijo un comunicado.

Para los diputados, "denota un escenario cada vez más comprometido" respecto del funcionario cuya designación impugnaron, ya que "a pesar de contar con varias causas pendientes en su contra, por delitos vinculados con su reciente gestión en la Administración Pública, continúa al frente del organismo de control que debe dictaminar incluso sobre circunstancias de ese mismo desempeño, que hoy está siendo puesto en duda por la justicia penal".

"Estando el señor Echegaray imputado en diversas causas por delitos que hubieran conllevado su incremento patrimonial y siendo susceptible de ser considerado un 'traidor a la patria' por éstos, no es posible admitir que ocupe el rol de control" en la AGN.

Además, hicieron saber a la magistrada que "no puede soslayarse el hecho de que a raíz de esta situación, la AGN se encuentra virtualmente paralizada.