Sobreprecios en obra pública: sobreseen a Lázaro Báez y hasta a Néstor Kirchner
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La Justicia de Santa Cruz sobreseyó al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, al empresario Lázaro Báez y al fallecido expresidente Néstor Kirchner, en el marco de una investigación por presunto pago de sobreprecios y cartelización de la obra pública en la provincia.
Lo resolvió la jueza de instrucción de Río Gallegos María Valeria López Leston luego que dictara por el sobreseimiento el fiscal Garbiel Giordano y al no darse por acreditadaza la acusación que pesaba también sobre los hijos de Báez, Martín y Leandro.
Al dictaminar sobre los acusados, el fiscal Giordano sostuvo que "de las 1.464 obras que se otorgaron - en la provincia de Santa Cruz - de 2003 a 2013 solo se adjudicó a las empresas en mira 108, es decir el 7.3 %".
Ello en referencia a la firma Austral Construcción S.A. de Lázaro Báez y otras dos compañías bajo su poder.
"Todas estas adjudicaciones fueron cumpliendo rigurosamente mediante procedimientos de licitación pública sin que las mismas hayan merecido objeciones de los órganos de control competentes", recordó el fiscal.
Asimismo, también fueron sobreseídos todos los acusados por los presuntos sobreprecios en la obra pública.
Al respecto, la fiscalía recordó que el decreto 1295/02, preveía el mecanismo para ello "sobre las tablas publicadas mensualmente por el INDEC tomando como base los índices de la construcción y los precios internos mayoristas".
"El análisis de los cargos formulados sobre la imputación genérica sobre la existencia de sobreprecios y la carterizacion conduce a descartar una presunta corrupción en el manejo de los fondos públicos y los procesos de licitación publica para la adjudicación de obras públicas por parte de los funcionarios sindicados por la denunciante, como ser el expresidente de la Nación Néstor Kirchner, y el gobernador Daniel Peralta, y los demás funcionarios a su cargo y los empresarios señalados", concluyó.
Báez es investigado mientras tanto por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de lavado de dinero, y a raíz de la "fuga" de unos 55 millones de dólares a paraísos fiscales. (NA)