Bahía Blanca | Miércoles, 24 de abril

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Julián Álvarez: "La reforma del Código Procesal Penal no afecta la política migratoria"

"Este código busca que haya condenas", agregó.

   El secretario de Justicia, Julián Álvarez, aseguró que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal "no afecta la política migratoria" argentina, porque los extranjeros no serán expulsados "por delitos insignificantes".

   "El Código Procesal Penal es parte de la democratización de la Justicia. El Código Civil y Comercial también es parte de la democratización de la Justicia. Las leyes de defensa del consumidor también son parte de ese proceso", agregó.

   "Nosotros estamos dando una transformación global del sistema jurídico argentino, y lamentablemente se lo analiza en términos coyunturales: si es el momento, si no es el momento", destacó.

   Consultado sobre si "plantear la expulsión de extranjeros que delinquen no contradice la política migratoria", respondió: "El articulado dice lo siguiente: cuando un extranjero, en condición irregular, no cualquier extranjero, comete un delito en flagrancia, es decir que lo agarran con las manos en la masa, en el momento en que lo está cometiendo, ¿qué salida le vas a dar? La expulsión del país".

   "Es algo que está presente en numerosas legislaciones del mundo. Esto no afecta nuestra política migratoria, los vínculos con la Patria Grande, la ampliación de derechos a los migrantes" porque "esta norma está dirigida a quienes ingresan al país para robar, punto. Tampoco se va a aplicar a delitos insignificantes, nadie va a ser expulsado del país por colgarse del cable", explicó.

   Asimismo, Álvarez rechazó que la reforma del Código persiga "que caigan algunas causas por corrupción" y amplió: "Es exactamente lo contrario: este código busca que haya condenas".

   "Revertir la ecuación que hace que de cada cien procesados sólo treinta reciban condena. Este código busca acelerar los tiempos de todas las causas, incluyendo las de corrupción", afirmó.

   Según el secretario de Justicia, "ya no van a durar diez años los expedientes, cajoneados, para que eventualmente un juez, según la conveniencia política, decida dejar proscribir o acelerar la causa. En un año, como todos los ciudadanos, procesado a juicio y condenado". (DyN)