Bahía Blanca | Sabado, 20 de abril

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No hubo avances en la cuenta regresiva hacia el default

Kicillof repitió que la Argentina es víctima de una extorsión judicial promovida por los fondos especulativos, quienes ayer no participaron del nuevo encuentro en Nueva York. La delegación volvió a nuestro país. Agencias NA, DyN y AFP
El ministro de Economía insistió en que la Argentina no permitirá extorsiones en las negociaciones que se desarrollan con los fondos buitre en Estados Unidos.

"¿Díganme si el intento de embargar la Embajada Argentina en Washington no es un intento de extorsionar al país? Negociar nada, embargar todo", enfatizó ayer el ministro de Economía Axel Kicillof ante el Consejo de Finanzas de la Unasur reunido en Buenos Aires, tras confirmarse que las negociaciones entre la Argentina y los fondos especulativos por el caso de los bonos impagos de su deuda soberana siguen bloqueadas en Nueva York, con la perspectiva cada vez más cercana de un default para la semana entrante.

"Dicen que el riesgo es el default, pero Argentina ha pagado. Hay un bloqueo del cobro que funciona como extorsión", se quejó el ministro que volvió a apuntar contra el juez de Nueva York, Thomas Griesa, y afirmó que el 30 de este mes no habrá problemas."Nadie quiere un default, nadie festeja un default", resaltó el funcionario, y acusó a los holdouts de pretender "tirar abajo el proceso de reestructuración".

La cuarta reunión de enviados de la Argentina con el mediador judicial por el litigio con los fondos buitre volvió a concluir ayer sin avances, a tres días hábiles de que el país caiga en default técnico por el bloqueo judicial de pagos a tenedores de bonos reestructurados.

Aunque el Ministerio de Economía sostuvo que la negociación continuará en los próximos días, no confirmó nuevas fechas.

Daniel Pollack, mediador designado por Thomas Griesa, indicó que la delegación se vuelve a Buenos Aires para buscar nuevas instrucciones.

El mediador confirmó que en la cita de la víspera no participaron representantes de los fondos buitre, con los que solamente mantuvo contactos telefónicos.

Los fondos especulativos NML Capital y Aurelius tienen una sentencia a su favor de Griesa para el cobro de 1.330 millones de dólares en concepto de bonos impagos de la deuda soberana argentina que entraron en default en 2001.

El juez bloqueó el 27 de junio un giro de 539 millones de dólares de la Argentina a un banco de Nueva York para pagar un tramo de su deuda canjeada en 2005 y 2010, exigiendo el cumplimiento de su sentencia que establece que al mismo tiempo el país debe abonar a los litigantes.

Si ese pago a los bonistas que entraron en las reestructuraciones no se efectúa antes de que venza el plazo de gracia el 30 de este mes, el país entraría en un default técnico, diferente al colapso total de fines de 2001 pero de consecuencias imprevisibles para su economía.

Argentina pide la suspensión del fallo hasta fin de año para poder negociar con los fondos, ya que debe evitar que se aplique una cláusula de los canjes que le impide mejorar antes de esa fecha la oferta recibida por los acreedores que cambiaron sus bonos, so pena de tener que igualar los pagos.

Los representantes

La representación argentina estuvo integrada por la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el subprocurador, Javier Pargament; el secretario de Finanzas, Pablo López; y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Federico Thea, quienes insistieron en el levantamiento del embargo y la necesidad de salvar la responsabilidad judicial del país de los alcances de la cláusula RUFO, que impide otorgar mejores beneficios a los buitres que a quienes participaron del canje de deuda.

Pollack admitió que los representantes de los fondos buitre le reiteraron su disponibilidad y voluntad de reunirse en cualquier momento con él y con la Argentina.

Kicillof consideró que se trata de un 1% de los bonistas que no quieren negociar, porque busca obtener ganancias del 1.600%. “Compraron los bonos defaulteados en 2008 por 50 millones de dólares y esta sentencia de Griesa les reconoce 800 millones de dólares".