Sin avances en las negociaciones, el gobierno sube el tono contra todos

Redacción de La Nueva.

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Una nueva reunión por separado de representantes del Gobierno argentino y de los fondos buitres con el mediador judicial estadounidense se cerró ayer sin avances, en medio de acusaciones y el rechazo de Argentina a dialogar cara a cara con los demandantes.

El mediador en el litigio entre Argentina y los fondos especulativos que demandan el pago de la deuda en mora desde 2001, Daniel Pollack, aseguró en un comunicado, tras una reunión de tres horas de duración, que "los asuntos que separan a las partes del caso siguen sin resolverse" y convocó un nuevo encuentro para hoy.

Pollack se reunió con ambas partes por separado y propuso una conversación urgente cara a cara entre demandados y demandantes.

"Los representantes de los tenedores de bonos aceptaron las conversaciones directas, los representantes de la República (Argentina) rechazaron comprometerse a conversaciones directas", explicó.

La comitiva argentina que acudió a las oficinas del abogado en Nueva York estuvo formada por el secretario de Finanzas, Pablo López, el secretario del área Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Federico Thea, la procuradora del Tesoro, Angelina Abonna, y el subprocurador del Tesoro, Javier Pargament.

Por el momento, el Gobierno de Argentina no ha hecho declaraciones sobre la reunión.

Esta nueva tanda de reuniones continuadas se produce a petición del juez Thomas Griesa, que está a cargo de la demanda presentada por los fondos contra Argentina y quien el martes, en una audiencia, urgió a las partes a intensificar las negociaciones para llegar a un acuerdo antes del próximo miércoles.

Con la reestructuración de la deuda, aceptada por el 92 % de los acreedores a pesar de que implicaban grandes descuentos, Argentina resolvió en parte el millonario cese de pagos de 2001.

Sin embargo, los fondos que no se acogieron a la reestructuración de la deuda reclaman también recibir pagos de Argentina y sin quitas.

Griesa falló a su favor y exigió a Argentina el pago de 1.500 millones de dólares bajo la cláusula "pari passu", que obliga a un pago simultáneo a todos los bonistas, con o sin quitas, o, en su defecto, la prioridad de pago a los tenedores de bonos sin quitas.

Así, aunque el país giró en junio 1.031 millones de dólares para a los bonistas que aceptaron el canje, gran parte del dinero quedó congelado en los bancos por recomendación del juez, que el martes rechazó de nuevo reponer la medida cautelar que pide Argentina para poder realizar pagos escalonados y no entrar en conflicto con la cláusula RUFO.

Esta cláusula legitima a los bonistas reestructurados para reclamar también el cobro de la deuda íntegra.